Arrow

La liquidación de la estructura constitucional de las relaciones laborales


0
Emilio Olabarria

Nacido en Bilbao en 1954. Diputado del PNV en el Congreso, donde ha estado dieciocho años, y exdiputado vasco durante otros cinco. Licenciado en Derecho por la universidad de Deusto, donde da clase actualmente.


Escrito el 22 de julio de 2014 a las 22:32 | Clasificado en PNV

En ningún país se atribuye a los empresarios la potestad de vulnerar unilateralmente los ámbitos y condiciones de un convenio colectivo. Hasta ahora

A través de una sentencia reciente, el Tribunal Constitucional ha avalado algunos de los aspectos más polémicos de la reforma laboral. En concreto, la configuración jurídica del contrato de emprendedores, la desnaturalización del derecho a la negociación colectiva laboral y la reconversión de la propia naturaleza de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (CCNCC).

El ponente de la sentencia del TC, durante muchos años un conocido diputado del PP, Andrés Ollero, ha visto contradichas sus argumentaciones fundamentalmente por el único laboralista de reconocida cualificación que conforma ese órgano, Fernando Valdés, que en un intento tan meritorio como vano, ha intentado mantener los principios filosóficos básicos en los que se basan las relaciones laborales del Estado español que no son otros que los principios ontológicos que constituyen parte de los paradigmas del Estado del Bienestar (definidos en la Constitución de Weimar en el periodo de entreguerras).

Reconocer la constitucionalidad del contrato de emprendedores, y no por razones jurídicas sino por razones coyunturales vinculadas a la situación del desempleo, es algo absolutamente impropio del órgano encargado de velar por la constitucionalidad de las normas. El contrato de emprendedores, que entre otras cosas al elevar el periodo de prueba a un año vulnera la prolija jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional, se ha convertido en lo que era presumible que se iba a convertir: un contrato al que queremos pensar que no de forma satírica se le denomina estable cuando, como era presumible, transcurrido el año de duración del mismo los empresarios están procediendo a la resolución de la práctica totalidad de dichos contratos sin indemnización. La expoliación de la indemnización una vez resuelta la relación contractual también contradice la prolija jurisprudencia del TC.

Resulta tanto o más grave el aval que la sentencia concede a la devaluación o debilitamiento de la negociación colectiva laboral, consagrada por el artículo 37 de la Constitución. La operación que se legitima es fácil de comprender: se priva a los sindicatos y empresarios la posibilidad de negociar el ámbito territorial del convenio colectivo (estatal, autonómico, provincial o de empresa) posibilitando el descuelgue de las cláusulas de un convenio colectivo de ámbito superior a la empresa a un convenio de ámbito circunscrito a la empresa. Esta operación es letal para la negociación colectiva laboral y para el carácter de fuente de derecho de los convenios colectivos así como de su eficacia normativa o ‘erga omnes’, ya que este descuelgue de las cláusulas y, singularmente, las retributivas al ámbito empresarial, serán un descuelgue ‘in peius’ para los trabajadores porque la opción por el convenio de empresa estará normalmente provocada porque esa empresa estará atravesando problemas de competitividad o económicos y requerirá la modificación de las relaciones laborales del convenio colectivo en perjuicio de los trabajadores: menos retribución, más jornada, transformación de la jornada partida…

En todo caso, si el Tribunal Constitucional opta por prescindir de la negociación colectiva laboral como fuente de la relación laboral está realizando una operación no solo inconstitucional y antijurídica, sino también profundamente antidemocrática. Ningún país que constitucionalmente se define como social y democrático de derecho priva a los interlocutores sociales de la capacidad de autorregulación de sus normas vinculantes; ningún país impide que a través de la negociación colectiva laboral se establezcan las obligaciones recíprocas de empresarios y trabajadores; y en ningún país se atribuye a los empresarios la potestad de vulnerar unilateralmente los ámbitos y condiciones de un convenio colectivo.

El Tribunal Constitucional ha fulminado de un plumazo los acuerdos explícitos de la Transición política española en materia de relaciones laborales, los acuerdos explícitos de los Pactos de la Moncloa, la incardinación en la Constitución de la negociación colectiva laboral como fuente troncal de la configuración del mercado de trabajo. Esta sentencia es más que una sentencia que contingentemente avala una Ley. Esta sentencia amortiza el sistema que en el Estado español sirvió para, primero, legalizándolos y después legitimándoles para la negociación colectiva, la creación de sindicatos democráticos (en algunos casos la recreación de los mismos).

Si las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales se van a dedicar a ejercitar una suerte de sucedánea de la verdadera negociación colectiva laboral su función carece de legitimidad. Y su mera existencia. Si se hace esto con las organizaciones sindicales y empresariales, ¿quién nos puede asegurar que algún día no se realice una operación de diseño similar con los partidos políticos o con otras instituciones de mediación entre la sociedad y los poderes públicos?

Comparte tu punto de vista

XHTML: Puedes usar estas etiquetas: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>