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¿Ley de Transparencia y Buen Gobierno?


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Emilio Olabarria

Nacido en Bilbao en 1954. Diputado del PNV en el Congreso, donde ha estado dieciocho años, y exdiputado vasco durante otros cinco. Licenciado en Derecho por la universidad de Deusto, donde da clase actualmente.


Escrito el 22 de mayo de 2013 a las 10:28 | Clasificado en PNV

La Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que tendrían que ser dos leyes, va camino de ser una norma fallida si no se corrigen algunos puntos sustanciales.

El Gobierno ha presentado un proyecto de ley intentando regular dos aspectos troncales de todo sistema democrático: la transparencia de la actuación de sus instituciones públicas y cuasi-públicas y las financiadas con recursos públicos (esperemos que todo esto sea así, porque, por lo pronto, solo están las Administraciones Públicas y órganos constitucionales en su ámbito subjetivo), y el Buen Gobierno, concepto anfibológico donde los haya, y que nada tiene que ver con la transparencia.

La tramitación de este importante proyecto de ley se dirigía con un ritmo lento, proclive a la búsqueda de consensos y a la ilustración de los diputados a través del trámite de comparecientes expertos en la materia, ritmo que inopinadamente quebró la semana pasada, convirtiéndose la reflexión atemperada en una urgencia sospechosa y coincidente con el incremento de la contestación social a las políticas gubernamentales.

En relación a la transparencia, y ante las urgencias gubernamentales, se tiene que iniciar el trámite legislativo con un proyecto de ley en el que no están incluidos ni la Casa Real, ni los partidos políticos, ni las organizaciones sindicales y empresariales, ni organizaciones que se financian casi en exclusiva con presupuestos públicos. Esto provoca un quebranto casi deslegitimador del proyecto de ley cuya tramitación se inicia.

Por otra parte, en relación al acceso a la transparencia o a la divulgación de datos relevantes, nos encontramos con que la consagración de 14 excepciones a la posibilidad de acceder a dicha información, más las excepciones que derivan de la Ley Orgánica de Protección de Datos, y otras leyes de similar naturaleza, provocan el perverso defecto de que será escasa y muy menguada en su contenido la información a la que realmente van a poder acceder los ciudadanos. O se corrigen estos problemas o no podremos estar hablando de una verdadera Ley de Transparencia, considerando, además, que la gestión de la transparencia se realizará por un Órgano Administrativo dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con las posibilidades de control de la divulgación de datos que ello conlleva.

El silencio administrativo es de carácter negativo, es decir, les basta a los órganos concernidos por una petición de información con no contestar para obligar al ciudadano interesado a recurrir a un proceloso recurso contencioso administrativo. Este hecho va a disuadir a no pocos del ejercicio de un derecho que, por otra parte, tampoco se proclama como fundamental.

En relación al Buen Gobierno, este proyecto de ley entra en colisión sistemática con las competencias de autogobierno y auto-organización de las comunidades autónomas, con sus competencias de configuración de sus propios presupuestos, y de generación y uso de su patrimonio, sometiendo a las comunidades autónomas, entre otros, a los rígidos controles de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, llegándose a la aberración de que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas puede incoar procedimientos sancionadores al lehendakari de Euskadi, al president de la Generalitat, etc.

Y por último, y siguiendo con los perfiles de calidad legislativa practicada por este Gobierno, se incorporan, a esta ley que deberían ser dos diferentes, cuestiones tan ajenas a la materia que regulan como la posibilidad de que los Presupuestos Generales del Estado establezcan las retribuciones de los órganos de gobierno de las corporaciones locales.

En fin, un intento fallido si esta ley no es objeto de importantes correcciones en su ‘iter’ legislativo.

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