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Otra reforma del Código Penal fallida


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Emilio Olabarria

Nacido en Bilbao en 1954. Diputado del PNV en el Congreso, donde ha estado dieciocho años, y exdiputado vasco durante otros cinco. Licenciado en Derecho por la universidad de Deusto, donde da clase actualmente.


Escrito el 6 de noviembre de 2013 a las 10:27 | Clasificado en PNV

“Estamos ante un derecho penal destinado a excluir definitivamente de la sociedad a todos aquellos ciudadanos condenados, sin margen alguno para la reintegración en la misma, aun en los supuestos en los que estos ciudadanos pierdan la connotación de peligrosidad para los demás, o se arrepientan fehacientemente de sus acciones o intenten restablecer una vida normalizada o convencional”.

Nos presenta el Gobierno del Partido Popular una nueva reforma del Código Penal de 1995. Esta reforma se incardina en la misma línea de las acometidas anteriormente, como la del año 2002 y otras, cuyo fundamento es incrementar las penas configurando Códigos Penales cada vez más retributivos y menos restaurativos.

Esta reforma, en todo caso, sobrepasa ya todos los límites imaginables. Instaura la condena perpetua bajo la perífrasis “prisión perpetua revisable”, que será revisable, pero que no impide que determinados reos se les mantenga de forma perpetua en prisión. La incorporación de este tipo de condena contradice la propia Constitución Española y la esencia de su artículo 25 que establece que “la finalidad de las penas consiste en la reeducación y resocialización de los delincuentes”. Difícilmente se puede considerar una pena dirigida a la resocialización aquella que mantiene permanentemente en prisión al comitente de determinados delitos; delitos que provocan una gran conmoción emocional en la sociedad, pero que no pueden privar a sus autores de la posibilidad de redimirse y resocializarse.

Por si fuera poco, la instauración de penas tan retributivas, tan desmesuradas, se establecen además las denominadas medidas de seguridad cuya duración puede ser también indefinida. Se pueden aplicar tras el cumplimiento de la pena si el órgano judicial entiende que existe posibilidad de reincidir, o no se ha producido la rehabilitación o curación del condenado. Y se pueden aplicar como sustitutivas de las penas mediante el internamiento en establecimientos psiquiátricos o en centros educativos especiales sin determinación alguna de su duración temporal.

Para cerrar esta rueda punitiva perversa se concede al Juez o Tribunal la posibilidad de establecer determinadas obligaciones o deberes innominados a los condenados cuyas características y duración, al determinarlas el Juez o Tribunal discrecionalmente, pueden durar también la vida entera de un condenado.

Nos encontramos ante lo que Jacobs denominada Derecho penal del enemigo versus Derecho penal del ciudadano. Un derecho penal destinado a excluir definitivamente de la sociedad a todos aquellos ciudadanos condenados, sin margen alguno para la reintegración en la misma, aun en los supuestos en los que estos ciudadanos pierdan la connotación de peligrosidad para los demás, o se arrepientan fehacientemente de sus acciones o intenten restablecer una vida normalizada o convencional.

Se niega en esta reforma la concepción esencial de todo derecho penal moderno que, bajo la inspiración de la obra del Marques de Beccaria “De los delitos y las penas”, incorpora al derecho punitivo los principios de ilustración que en relación a las penas no son otros que: humanidad, proporcionalidad, reinserción, y una duración ajustada a las necesidades de resocialización del delincuente. Se opta alternativamente por el populismo legislativo, por la implantación de penas desmesuradas a fenómenos criminales que producen particular repugnancia prescindiendo de la obligación más elemental del legislador: desvincularse en el momento de la configuración de la norma penal de los impulsos más emocionales e instintivos de la sociedad y buscar los procedimientos penalógicos más adecuados para afrontar los fenómenos delictivos.

Si el Ministro de Justicia pretende pasar a la historia con esta reforma, o que esta reforma se erija en la columna del Código Penal del siglo XXI, se equivoca gravemente. Se trata de una reforma populista criticada por la práctica unanimidad de la doctrina científica, por informes consultivos como el del CGPJ y, con toda probabilidad, por la práctica totalidad de los Grupos Parlamentarios perdiéndose la oportunidad de incorporar al derecho penal de forma depurada los nuevos fenómenos delictivos que caracterizan la sociedad actual: corrupción política, delitos informáticos, espionaje, violencia de género (que se banaliza en el Proyecto), acoso, trata de seres humanos, defensa de la propiedad intelectual, lucha contra las insolvencias punibles, delitos concursales, etc.

Qué propensión tiene la derecha cuando legisla en el ámbito penal a reforzar las inercias del pasado y qué renuentes son a la recepción de los fenómenos delictivos más actuales.

Los votantes dicen...
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