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¿Por qué se liquida la jurisdicción universal?


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Emilio Olabarria

Nacido en Bilbao en 1954. Diputado del PNV en el Congreso, donde ha estado dieciocho años, y exdiputado vasco durante otros cinco. Licenciado en Derecho por la universidad de Deusto, donde da clase actualmente.


Escrito el 13 de febrero de 2014 a las 9:11 | Clasificado en PNV

El Gobierno, en su subordinación a EEUU, Rusia y China, pretende limitar la jurisdicción universal hasta convertirlo en prácticamente nada.

La jurisdicción universal constituye uno de los avances jurídico-sociales más importantes de los siglos XX y XXI. Consiste en la posibilidad de que los juzgados de cualquier país puedan enjuiciar a cualquier persona, cualquiera que sea su nacionalidad, que haya cometido delitos contra la humanidad como: genocidio, trata de seres humanos, torturas, desapariciones forzadas y otros previstos en distintos tratados internacionales. En concreto, los seis que tipifican delitos de lesa humanidad. La jurisdicción universal se inicia con el Convenio de Viena y se hubiera podido culminar con el Estatuto de la Corte Penal Internacional si Estados Unidos, Rusia y China se hubieran sometido a su jurisdicción.

El Estado español, siguiendo una política muy contemplativa por no decir subordinada a los intereses de las tres grandes potencias que no admiten la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, de mala gana aprobó el Estatuto de Roma del año 2002, pero no ha perdido ninguna oportunidad para ir limitando el ámbito subjetivo de la jurisdicción universal hasta convertirlo en prácticamente nada en la Proposición de Ley que se aprobó a trámite en la sesión plenaria del martes 11 de febrero.

Las limitaciones que se incorporaron tanto en la Ley del 2009, reguladora de la Oficina Judicial (una buena manifestación de la técnica legislativa que se utiliza en esta Legislatura regulando materias inconexas en un mismo Proyecto de Ley) como en la Proposición de Ley de la que hablamos (tampoco es mala jugada utilizar una Proposición de Ley para evitar los dictámenes preceptivos de los órganos constitucionales que deben informar un Anteproyecto de Ley) van reduciendo de forma grosera las potestades de enjuiciamiento de criminales contra la humanidad a través de los siguientes procedimientos: conferir carácter subsidiario y no complementario a los tribunales españoles para conocer estos delitos; limitar la actuación de los tribunales españoles a ciudadanos de esta nacionalidad o a extranjeros cuya extradición no haya sido concedida por las autoridades españolas; establecer la necesidad de interposición de querellas por el Ministerio Fiscal o el agraviado; en definitiva, una perversión continua del propio concepto de jurisdicción universal que consista, como hemos afirmado, que cualquier juzgado, en cualquier país, cualquiera que sea la nacionalidad del criminal contra la humanidad, pueda enjuiciar.

Lo acontecido hasta este momento en el Estado español obliga a los demócratas a seguir luchando por una correcta configuración de la jurisdicción penal internacional y por intentar que ningún Estado eluda la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, aunque se trate de los Estados que manejan la batuta del concierto del mundo.

No conseguir que la jurisdicción penal internacional se corresponda con lo que preconiza el Convenio de Viena, los tratados contra la tortura, los tratados contra las desapariciones forzadas, los tratados contra el apoderamiento ilícito de naves y todos los que configuran el derecho internacional público en esta materia, no solo constituye un fracaso jurídico y democrático, sino que va a permitir la impunidad de quienes practicaron delitos de genocidio en el Tibet; de quienes asesinaron al cámara José Couso; de quienes asesinaron a los Jesuitas en el Salvador; de los crímenes de Guantánamo; de quienes exterminaron al pueblo Maya en Guatemala, etc.

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