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¿Qué derecho de huelga necesita la sociedad actual?


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Emilio Olabarria

Nacido en Bilbao en 1954. Diputado del PNV en el Congreso, donde ha estado dieciocho años, y exdiputado vasco durante otros cinco. Licenciado en Derecho por la universidad de Deusto, donde da clase actualmente.


Escrito el 4 de diciembre de 2013 a las 10:35 | Clasificado en PNV

Episodios recientes, y particularmente en la Comunidad de Madrid con la huelga del personal de limpieza de jardinería, ha vuelto a poner sobre la mesa la dimensión, naturaleza y características del derecho fundamental de huelga.

La regulación del contenido esencial de los derechos fundamentales no puede afrontarse en caliente; es el mismo principio que se aplica para la reforma de las normas penales, evitando manipular tensiones emocionales o reflexiones instintivas con la perversa intención de limitar el contenido de los derechos.

Algo así intentó la alcaldesa de Madrid invocando la necesidad de replantearse la regulación del derecho de huelga recurriendo, además, a falsos presupuestos, como el consistente en afirmar que la normativa del derecho de huelga es preconstitucional. El derecho de huelga, efectivamente, está regulado por Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, pero que siendo cronológicamente preconstitucional ha sido constitucionalizado por la Sentencia 11/1981 de 8 de abril, modificándose su contenido de forma que en estos momentos estamos ante una de las normas “más constitucionales” de nuestro ordenamiento jurídico.

La huelga siempre resulta traumática. Resulta traumática para los trabajadores que ejercen el derecho, que en el Estado español es fundamental, puesto que está proclamado por el artículo 28 de la Constitución, porque cuando ejercen este derecho es muy probable que sus legítimos intereses hayan sido objeto de vulneración. Y es traumática porque los días de huelga se descuentan de su retribución.

La huelga también es traumática para los ciudadanos, que ven limitados algunos de los servicios que perciben o actividades que pueden desarrollar, o se ven perturbados de cualquier otra manera, puesto que la huelga consiste precisamente en la cesación de actividades que perjudican a otros ciudadanos o usuarios. La huelga también provoca quebrantos, si es amplia y se prolonga mucho en el tiempo, a la economía de un país.

Pero si la huelga no existiera en determinado país este no sería democrático, todos los trabajadores se verían privados de un mecanismo fundamental de reivindicación de derechos legítimos y si la huelga no hubiera existido en la historia, no conviviríamos con retribuciones dignas, con jornadas laborales adecuadas, con el derecho de descanso entre jornada y jornada y vacaciones, con la prohibición del trabajo a los menores.

No existiría el contrato de trabajo, no existiría la prevención de los riesgos laborales y la seguridad en el trabajo y no existirían tantos logros que bajo los principios inspiradores del Estado del Bienestar y por la acción directa y la lucha de los trabajadores nos benefician a todos, aunque las últimas reformas laborales de este Gobierno están difuminando peligrosamente.

Los problemas de la huelga se centran fundamentalmente en la legitimación tras su convocatoria, la delimitación de los servicios mínimos, las responsabilidades del comité de huelga y la actuación de los piquetes informativos.

Todos los problemas anteriormente citados están correctamente regulados en el Real Decreto Ley 17/1977 novado por la Sentencia 11/1981 del Tribunal Constitucional. No obstante, es preciso advertir lo que todo el mundo conoce, que todos estos mecanismos no funcionan con la precisión de un reloj suizo.

Existen huelgas ilegales, convocadas por quienes no tiene legitimación para hacerlo; existe una propensión a la determinación de los servicios mínimos tan desmesurada que de facto se priva de contenido al ejercicio del derecho de huelga; existe una cierta propensión al incumplimiento de los servicios mínimos; los piquetes llamados informativos en no pocas ocasiones utilizan como elemento de ilustración la máxima de que “la letra con sangre entra” y se manifiestan violentamente; existen veladas y expresas presiones de los empresarios a los trabajadores huelguistas que pueden poseer naturaleza delictiva, tal como establece el artículo 315 del Código Penal.

¿Qué se puede colegir de todo lo anterior? Que el ejercicio del derecho de huelga requiere algunas actualizaciones que en absoluto limiten su contenido esencial tal y como ha sido definido este por la jurisprudencia constitucional. La huelga es un derecho fundamental; la huelga se tiene que ejercer libremente por quienes están legitimados para convocarla y los trabajadores a los que estos representan.

La dimensión de los servicios esenciales debe ser la estrictamente necesaria para no impedir la reanudación de la actividad productiva, pero también los convocantes de la huelga y el Comité deben responsabilizarse de que la extensión del número de huelguistas no se produzca a través de coacciones, agresiones, amenazas o daños provocados a los trabajadores o a la estructura de la empresa.

Encontrar este punto virtuoso de equilibrio entre los derechos de los trabajadores a la huelga, los derechos de los ciudadanos a no verse ilegítimamente perturbados por su ejercicio y los derechos de los empresarios a evitar lesiones irreparables a su negocio, componen los ajustes normativos que se deben incorporar al ejercicio de este derecho fundamental. Nuestro grupo presentará una Proposición No de Ley que intentará determinar estos equilibrios razonables.

Sin la huelga, los que hoy somos trabajadores seguiríamos siendo trabajadores brutalmente explotados, como ocurrió en la primera revolución industrial.

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