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Transparencia y Monarquía


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Emilio Olabarria

Nacido en Bilbao en 1954. Diputado del PNV en el Congreso, donde ha estado dieciocho años, y exdiputado vasco durante otros cinco. Licenciado en Derecho por la universidad de Deusto, donde da clase actualmente.


Escrito el 10 de abril de 2013 a las 10:22 | Clasificado en PNV

La Casa Real, la institución más opaca del Estado, debería incluirse en la Ley de Transparencia según lo pactado por los grupos parlamentarios, no tras una negociación entre la Casa Real y el Gobierno.

Son tiempos convulsos los que vivimos. Se queja el Presidente del Gobierno de que las noticias sobre corrupción impiden a los ciudadanos conocer sus desvelos para mejorar la situación económica; y debería decir que afortunadamente, porque si focalizamos en la situación económica del Estado nos encontramos con: seis millones de desempleados, tres millones de personas en situación de pobreza extrema, seis puntos de incremento de las situaciones de exclusión social, reducción de las pensiones, y un largo etcétera que de facto harían aconsejable que la atención ciudadana se focalice en la corrupción.

No obstante, la corrupción no deja de constituir una verdadera atrofia democrática cuando adquiere las dimensiones y el relieve que posee en el Estado español: la Monarquía concernida, la financiación de algunos partidos políticos con todos los visos de estar fundada en prácticas de corrupción sistémicas, 730 responsables políticos imputados por casos de corrupción, etcétera. Mal panorama para un Estado periférico de la UE en donde los inputs que se proyectan gravitan sobre altos índices de desempleo, altos índices de pobreza y altos índices de corrupción.

En la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, y a tenor de lo afirmado por distintos comparecientes expertos en Transparencia y Buen Gobierno, se ha llegado a concluir que la corrupción y la pobreza son dos caras de la misma moneda y que solo o fundamentalmente en países con alto grado de corrupción existen abundantes bolsas de pobreza o viceversa.

En la Ley de Transparencia y Buen Gobierno actualmente en trámite, una de las últimas oportunidades de la democracia formal de reconciliarse con la ciudadanía, se echa de menos la ubicación de la Casa Real dentro del ámbito de aplicación de los requerimientos de la ley, que, por otra parte, tampoco son tantos. Se echa de menos igualmente la ubicación de los partidos políticos, de las organizaciones empresariales y sindicales que, siendo entidades parapúblicas o que ejercen funciones públicas o cuasi-públicas, se financian en un alto porcentaje con presupuestos públicos.

La Casa Real, y la necesidad de ubicarla en el ámbito de la Transparencia y Buen Gobierno, ha adquirido una relevancia sobrevenida con los avatares que afectan a buena parte de sus miembros. En lo que respecta a la transparencia, ninguna institución tendría que ser más transparente que la Jefatura del Estado, dada su dimensión simbólica. En el Estado español la Jefatura del Estado corresponde al Rey y, sin embargo, la Casa Real y la Jefatura del Estado son las instituciones más opacas de las existentes.

¿Cómo debería ubicarse la Casa Real en una ley reguladora de la Transparencia y el Buen Gobierno? En el ámbito de la Transparencia, sin ninguna limitación, salvo que se enmarque en la Ley Orgánica de Protección de Datos o de la Ley de Secretos Oficiales. Lo que no tiene sentido es mantener ajenas al control parlamentario las consignaciones presupuestarias destinadas a financiar las actividades de la Familia Real.

Y en el ámbito del Buen Gobierno, la Casa Real no tiene funciones gubernamentales y por ello es difícil ubicarla en el seno de los mecanismos de control del Buen Gobierno que contempla el proyecto de ley. La Casa Real solo realiza actos de esta naturaleza en el ámbito de la ejecución de los presupuestos que específicamente se le asignan y los que dimanan de distintos Ministerios. Y nada legitima que el Monarca, la Reina, el Príncipe, las Infantas y sus consortes queden fuera de la correcta ejecución presupuestaria que es exigible a las demás instituciones del Estado.

Parece ser que el Gobierno y la Casa Real llevan tiempo negociando cuál es el ámbito que le debe afectar en el ámbito de la Transparencia y Buen Gobierno. Esta no es una materia que tenga que ser objeto de negociación entre el Gobierno de un partido político y la Casa Real; fundamentalmente, porque la Casa Real es la destinataria de los requerimientos normativos que fructifiquen de una negociación de esa naturaleza. Y, por ello, no será particularmente exigente en que estos requerimientos sean eficientes para garantizar la probidad de la conducta de sus miembros (si es que algo hay que ocultar, y parece que sí).

Es mejor que todos los Grupos Parlamentarios, sin la Casa Real, negocien la dimensión de los mecanismos de control de una Institución que en los tiempos que corren debe legitimarse.

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