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Las diputaciones, ese moderno caciquismo


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Carlos M. Gorriarán

Doctor en Filosofía y licenciado en Historia, profesor de la UPV desde hace dos décadas. Diputado por UPyD, partido donde es responsable de Programa y Acción Política


Escrito el 12 de junio de 2013 a las 10:38 | Clasificado en UPyD

Las diputaciones, sin una clara definición de sus competencias, se han convertido en “nidos del clientelismo policial”.

No vamos a negar que la gestión de las diputaciones tiene su mérito. Son la única administración pública que, en plena lucha contra el déficit excesivo -obsesión casi única del Gobierno Rajoy por mandato de la Troika-, han conseguido aumentar el suyo nada menos que un 34% entre 2008 y 2012, y otro 13,1% en el primer trimestre de este año respecto al trimestre anterior. Las campeonas en este esfuerzo sin parangón son las de Álava, con un 470%, Valladolid 273%, y Lugo, 222%.

La de Álava, como las otras dos forales vascas, es la única que tiene su propia recaudación fiscal a través de su propia hacienda, pero todas las demás son financiadas a cargo, básicamente, de los Presupuestos Generales del Estado, que les dedicó, en los de 2013, 5.028 millones euros; el incremento respecto a 2012 fue del 19,58%.

Comparando la generosa aportación del Estado a los entes provinciales con otras partidas descubriremos dos cosas interesantes: primero, que es una de las poquísimas que sube su monto en pleno tsunami de austeridad (aparte de los capítulos de servicio de la deuda y de prestaciones por desempleo) y jibarización de los PGE. Segundo, que lo transferido a las diputaciones es mucho más que lo dedicado a capítulos estratégicos como Universidad (122 millones de euros y 18% menos), becas y ayudas a estudiantes (1.222 millones euros y 3,39% menos) o Investigación científica (693 millones de euros y 11% menos). En conjunto, las diversas partidas dedicadas a I+D+i sólo sumaron 4.551 millones de €, con una reducción del 21,17% -hasta ahora- bajo el Gobierno de Rajoy. Es un modelo económico y político, sin duda: subir el gasto en Diputaciones y estrangular la inversión en Ciencia.

¿Cómo se explica tanta generosidad con las diputaciones? ¿Por qué el Gobierno de Rajoy y el PP las consideran mucho más importantes para el futuro y buen gobierno presente del país que la educación o la investigación científica? Misterio, o quizás no tanto.

Cuando se crearon junto con las provincias en el primer tercio del siglo XIX, según el modelo derivado de la Constitución de Cádiz (y en parte inspirado en el régimen foral vasco-navarro), las diputaciones supusieron sin duda un progreso en la racionalización de la administración barroca y en la caótica gestión del territorio. Las diputaciones abrieron carreteras, hospitales, escuelas y otras infraestructuras básicas en extensos territorios que carecían de ellos.

Mi amigo y compañero de partido Francisco Sosa Wagner es un gran defensor de ese papel histórico y regenerador de las diputaciones. Pero la Constitución de 1978 cambió por completo su papel al instaurar las comunidades autónomas. Si se conservaron -e incluso potenciaron, en el caso vasco, con sus Haciendas forales- fue por la improvisación de un modelo territorial que acumuló al provincial-unitario el cuasi-federal o confederalizante del Estado de las Autonomías. Esta decisión inauguró nuestro actual Estado elefantiásico, una de las principales causas de nuestra crisis.

Las diputaciones (con la excepción parcial de las forales vascas) son la única administración pública sin competencias claramente definidas, y cuyos gestores no son elegidos por la ciudadanía, sino nombrados por los partidos políticos entre los representantes municipales electos. En realidad, asumen competencias propias tanto de las comunidades autónomas como de los ayuntamientos: mantenimiento de carreteras, inversiones en sanidad y cultura o prestación de servicios sociales, residuos y medio ambiente. La única justificación racional a su existencia es la paralela de más de 8.000 municipios: la gran mayoría no llega a 5.000 habitantes, y sus servicios son prestados por esas mismas DDiputaciones.

Esta indefinición de competencias, unida al minifundismo municipal y a la falta de control democrático y de dación de cuentas de sus responsables, designados y no electos, ha convertido a las diputaciones en una caverna particularmente oscura de nuestro opaco sistema de administraciones.

En algunas provincias, como Orense o Lugo, han sido en la práctica la mayor empresa de la provincia, o casi. Cabe preguntarse si no son también una rémora de su desarrollo. En otras, como Castellón, construyeron un aeropuerto sin vuelos. En unos y otros casos sus Presidentes -algunos de los cargos mejor pagados de España, por encima del presidente del Gobierno- han protagonizado sonados escándalos de corrupción y caciquismo de lo más castizo.

La Diputación de Ourense, un curioso feudo hereditario de la familia Baltar puesto por el Gobierno de Rajoy como ejemplo de administración territorial modélica, lanzó un ERE para librarse de empleados públicos al mismo tiempo que aumentaba las retribuciones de sus cargos y la contratación a dedo de “asesores”. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia tuvo que impedir esta tropelía con una sentencia de lo más instructiva.

La verdadera razón por la que Rajoy aumenta la partida de diputaciones y permite su endeudamiento indefinido mientras asfixia a la sociedad con impuestos y recortes es, obviamente, la utilidad de estas anacrónicas instituciones para colocar a los fieles y crear densas redes clientelares en las provincias, que no por casualidad son la entidad privilegiada por nuestra Ley electoral. Dominar las provincias significa poner muchos diputados y senadores en Madrid y por tanto aspirar a la mayoría, y eso se consigue dominando las diputaciones, por lo demás una útil agencia de colocación para propios y asociados, y de reparto de prebendas entre socios y fieles.

Lejos de plantearse su desmantelamiento, el PP quiere potenciar su papel atribuyéndoles nuevas competencias a costa de los mini-municipios, que conservarán su existencia simbólica -y su red política- convertidos en organismos tutelados y sin control democrático.

Esta es, en resumen, la trampa de las diputaciones, convertidas en nidos del clientelismo provincial (la versión actual del caciquismo decimonónico), la opacidad, el despilfarro y la cruda corrupción. Y por ella pediré hoy cuentas al ministro Montoro en nombre del Gobierno Rajoy.

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