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El gobierno te vigila


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Global Voices

Este artículo se publicó originalmente en Global Voices, un portal que busca agrupar, conservar y amplificar la conversación global en línea arrojando luz a los lugares y gente que otros medios de comunicación a menudo ignoran. Trabajamos para desarrollar herramientas, instituciones y relaciones que ayuden a todas las voces, en todas partes, a ser oídas.


Escrito el 2 de septiembre de 2013 a las 17:18 | Clasificado en Latinoamérica

Mientras multitud de ojos están en este momento posados en las actividades de vigilancia de los Estados Unidos, ciudadanos de toda América Latina corren el riesgo de abusos por parte de sus propios gobiernos.

Oficial de seguridad en Sao Paulo, Brasil. (Flickr: C. Alberto)
Oficial de seguridad en Sao Paulo, Brasil. (Flickr: C. Alberto)

Mientras las revelaciones relacionadas con los programas de vigilancia de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos continúan saliendo a la luz, otros gobiernos y ciudadanos por igual han alzado sus voces oponiéndose a esta violación de la privacidad de los datos personales de los usuarios de Internet.

Los países de América Latina han respondido de forma particularmente firme, algo que se intensificó tras la filtración de informes que indicaban que la Agencia Nacional de Seguridad se había concentrado en los “secretos comerciales” de los aliados latinoamericanos y había intervenido múltiples redes de telecomunicación en Brasil.

En una declaración hecha durante la cumbre de Mercosur de 2013, la organización de cooperación económica reprendió al gobierno de Estados Unidos por su comportamiento, declarando “[nosotros] rechazamos tajantemente la intercepción de telecomunicaciones y las actividades de espionaje en nuestros países, puesto que suponen una violación de los Derechos Humanos, del derecho a la privacidad y del derecho a la información de nuestros ciudadanos …”.

Los defensores de la sociedad civil en América Latina respondieron a este llamamiento en una carta abierta recordándole a los países de Mercosur y sus aliados sus propios compromisos con sus ciudadanos. Dicha carta instaba a un proceso de diseño de políticas de colaboración en la región.

Queremos unir nuestra voz a este esfuerzo para que la región de América Latina sea un ejemplo de un modelo de regulación que respete y permita un mejor ejercicio de los derechos humanos. La problemática de espionaje que enfrentamos es también una oportunidad para que juntos, la sociedad civil y los estados diseñemos una política regional que nos permita a la vez, desarrollar al máximo el potencial de las nuevas tecnologías y proteger a las personas.

De hecho, mientras multitud de ojos están en este momento posados en las actividades de vigilancia de los Estados Unidos, ciudadanos de toda América Latina corren el riesgo de abusos por parte de sus propios gobiernos. Programas usados en Colombia, México y Panamá son solo unos pocos ejemplos.

Colombia, supuestamente un objetivo crucial del espionaje del gobierno de EEUU tanto por su alianza económica como por los problemas de seguridad relacionados con las drogas, ha incrementado sus esfuerzos en vigilancia electrónica durante los últimos años. En 2012, el gobierno federal publicó un decreto ordenando a los proveedores de telecomunicaciones construir puertas traseras dentro de sus sistemas para facilitar a los cuerpos de seguridad el espionaje de los colombianos. El decreto también solicita que los proveedores de Internet reúnan la información en línea del paradero de todos sus suscriptores y la almacenen durante cinco años para ayudar en las investigaciones de los agentes policiales.

En 2009, se reveló que el gobierno colombiano había vigilado ilegalmente durante años a grupos de derechos humanos, conocidos periodistas, candidatos políticos, jueces del Tribunal Suprermo, miembros del clero y otros ciudadanos. El servicio de inteligencia colombiano (Departamento Administrativo de Seguridad o DAS), que depende directamente del presidente, no solo espió a estas personas si no a sus familias, “tomando fotos de sus hijos, investigando a qué escuela iban y pinchando los teléfonos de sus padres, hermanos e hijos”. Los abusos continuaron incluso tras salir a la luz el programa –pruebas posteriores demostraron que los fiscales que investigaban el DAS estaban aún bajo estrecha vigilancia–.

Más recientemente, el gobierno colombiano ha desarrollado un programa llamado Plataforma Única de Monitoreo y Análisis, o PUMA. Programado para ser lanzado en 2014, este nuevo programa estilo PRISM ayudaría a los cuerpos de seguridad en el control de una amplia variedad de comunicaciones, incluyendo las redes sociales y la comunicación en línea. A través del programa PUMA el gobierno colombiano pretende reunir 20.000 tipos diferentes de medios de telecomunicaciones usando 700 computadoras para revisar los datos recogidos.

En México, el gobierno federal aprobó casi unánimemente en 2012 una ley concediendo a la policía el acceso a los datos de ubicación en tiempo real del usuario sin necesidad de una orden judicial. Esta ley permitía a la policía rastrear el paradero y los movimientos de casi cualquier usuario de teléfono móvil del país. En junio de 2013 se descubrió que tal vez el gobierno mexicano había estado usando un software malicioso conocido como FinFisher que podía grabar la pantalla, teclado, cámara y micrófono de los ordenadores infectados.

La escalada de violencia relacionada con la droga en México en los últimos siete años ha sido el estímulo para muchos de estos programas. Pero muchos creen que los legisladores han fallado al mantener el equilibrio entre la legítima, acuciante necesidad de proteger de la droga a los ciudadanos y los derechos fundamentales a la privacidad y al debido proceso legal.

En 2010, la filtración de cables diplomáticos, reveló que Panamá estaba colaborando con Estados Unidos para poner en marcha un servicio de pinchazo telefónico conocido como “Matador”. Desde entonces, el centro de investigación Citizen Lab de la Universidad de Toronto ha informado que FinFisher ha sido hallado también en Panamá aunque el grado de su uso se desconoce aún.

Al menos cuatro países latinoamericanos han recibido ayuda significativa de Estados Unidos para instalar sus programas de vigilancia, inlcuyendo los tres mencionados anteriormente así como Paraguay.

Estas actividades y ejemplos de gobiernos latinoamericanos vigilando las actividades en línea de sus ciudadanos no hacen menos alarmante a la vasta red mundial de rastreo de la ANS, pero ilustra cómo los ciudadanos de América Latina deben ser conscientes de la vigilancia tanto por parte de gobiernos extranjeros como del suyo propio.

Fuente: De Norte a Sur, el gobierno te vigila

Autor: Greg Epstein

Traductora: Esther Ortiz

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