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Inseguridad ciudadana


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Martín Hidalgo

Periodista. La Encuesta del Poder en el Perú (2012) me pone como uno de los hombres de prensa con mayor influencia en la Red en Perú. Desde hace cuatro años en La República, primero en la web y ahora en la sección Política. Especializado en temas congresales.


Escrito el 27 de febrero de 2013 a las 12:12 | Clasificado en Perú

La ola de crímenes en Perú ha puesto en jaque al gobierno peruano. Anunciado con bombos y platillos, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana creado por el presidente no ha rendido frutos. La población prepara marchas en la capital.

En Lima y Callao, el registro de delitos creció en 80%, el número de homicidios subió en 233% y el de secuestros en 196% (fuente: 'El Comercio').
En Lima y Callao, el registro de delitos creció en 80%, el número de homicidios subió en 233% y el de secuestros en 196% (fuente: 'El Comercio').

El primer ministro peruano, Juan Jiménez Mayor, ha considerado, el pasado lunes, que no es necesario declarar en emergencia la seguridad ciudadana porque el trabajo que hace el Gobierno de Ollanta Humala por mejorar la policía es de mediano y largo plazo.

Pero la población no entiende de plazos, y la sensación de inseguridad en las calles del país es cada vez mayor. Los últimos casos de un crimen en una notaria de la capital y el asesinato de un reportero gráfico, han llevado a la pregunta: ¿Qué ha hecho el Gobierno en materia de seguridad ciudadana?

“¿Para qué (declarar en emergencia la seguridad ciudadana)? ¿Para gastar a dedo? ¿Para contratar a dedo? ¿Eso es lo que quieren? Estamos haciendo los procesos logísticos para implementar mejor a la policía, comprar productos como patrulleros blindados no es como ir al shopping”, aseveró Jiménez. Aunque eso no pensaba el año pasado.

Un consejo a la deriva

El problema de la inseguridad ciudadana no es nuevo en Perú. En setiembre del 2011, apenas dos meses de asumir la presidencia, Ollanta Hunala instalaba y se ponía a la cabeza del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec).

Bajo el argumento de “medidas extremas requieren medidas extremas”, el mandatario incluso apoyaría la propuesta de aumentar el Impuesto General de Ventas (IGV) con el fin de recaudar más recursos para combatir la delincuencia y el crimen organizado.

Varias fueron las críticas a dicha medida, pues los analistas como Gino Costa le recordaron que antes de pensar en recaudar más, deberían gastar mejor el presupuesto con el que contaba el Ministerio del Interior. Ante ello, Humala retrocedió en la medida.

Pero no fue en lo único que el presidente retrocedió. Un año después, en octubre del 2012, en el Congreso se aprobaría un dictamen impulsado por el Ejecutivo que modificaba la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, en el que se disponía que sea el premier Juan Jiménez y ya no el presidente Humala quien presida el Conasec.

Además, cosa curiosa, determinaban la suspensión de los alcaldes o presidentes regionales que no convoquen a sus debidos comités de seguridad ciudadana. Una sanción que no se dio en todas las ausencias del jefe de Estado en el Consejo.

Solo para la foto

José León, congresista del aliado oficialista Perú Posible, ha asegurado que la creación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana solo fue para la foto. Según datos revelados por el mismo León, en el 2012 solo se gastó 25% de unos 300 millones de soles.

Pero la foto no solo fue buscada en el Ejecutivo. Resulta que en el Congreso también surgieron personajes que quisieron llevarse el crédito de la lucha contra la delincuencia. Primero fue el legislador Renzo Reggiardo, tras un atentado contra su hija, impulsó la creación de una Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana.

Con muchas citaciones y presencia mediática, la comisión solo duró unos meses en actividad. Tras el cambio de legislatura, en agosto la presidencia de la comisión fue tomada por José León. Reggiardo sacaría un programa televisivo sobre delincuencia.

Aunque ahí no acabarían los problemas. Resulta que en la Comisión de Defensa del Congreso existía un subgrupo de trabajo especializado en seguridad ciudadana. Presidida por el oficialista José Urquizo –ex ministro de Defensa- intentaría a través de mociones y conversaciones con sus aliados desactivar la Comisión Especial que ahora estaba en manos de José León. Dos soles no pueden vibrar bajo el mismo techo.

Ninguna medida tuvo efecto, y las dos comisiones se mantienen con una labor basada más que nada en monitorear el accionar de los ministerios encargados de la seguridad y defensa nacional. Una fiscalización que tampoco ha surgido efectos.

Sin consensos

El oficialismo también ha carecido de la capacidad para a través de su bancada mayoritaria en el Congreso generar consensos. Desde julio del 2012, el Ejecutivo estuvo en busca de que el Congreso le otorgue facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana a través de seis puntos específicos, entre los cuales destacaba el fortalecimiento del Conasec.

Pero su bancada (Gana Perú) no pudo conseguir los consensos, y cuando el tema fue llevado al pleno del Congreso, la oposición solo otorgó las facultades legislativas en temas de Defensa Nacional. La votación fue apretada.

Y van a ser ochos meses desde esa derrota política, y hoy la sorpresa es grande al ver en la página principal de la Conasec un mensaje que dice: “Debido a la reestructuración del Ministerio del Interior y ante la nueva Política Nacional de Modernización y de la Gestión Pública, aprobada por DS Nº 004-2013-PCM del 09ENE13, se encuentra en proceso de modificación para su aprobación el Plan Estratégico Nacional Multianual de Seguridad Ciudadana 2013-2016”. Es decir, aún no tenemos un plan contra la delincuencia.

“Una muestra más de nuestra clase política limitada: no problematizan la inseguridad ciudadana y lo ponen en el debate público, ni la derecha”, ha dicho el politólogo Carlos Meléndez en alusión al gobierno de turno.

Mientras tanto, un colectivo ciudadano se viene moviendo en las redes sociales para convocar una marcha hasta Palacio de Gobierno exigiendo más seguridad en el país. La marcha ya tiene fecha: el 21 de marzo. No se sabe cuándo el gobierno tendrá fecha para una reacción política, pues la ola de la delincuencia puede inundar Palacio Pizarro.

Los votantes dicen...
  1. […] Incluso el actual primer ministro, Juan Jiménez, consideró que la conmutación de pena a más de 5.000 sentenciados por narcotráfico y robo agravado es un “escándalo nacional”, porque esto “potenció la delincuencia y la criminalidad”. […]

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