La empresa española Cosmo comunicó oficialmente al gobierno uruguayo que desistirá de hacer efectiva la compra de los aviones que obtuvo el pasado 1 de octubre en una subasta en la que fue la única interesada. Además, anunció que podría demandar al Estado uruguayo por incumplimiento del tratado de promoción y protección de inversiones, firmado en 1992, por el que cada parte se compromete a proteger y no obstaculizar las inversiones de la otra. Es el último paso de un serial político en el que está en juego la conexión aérea de Uruguay.

Con el cierre de Pluna, compañía aérea cuyas naves se subastaban, el pasado 5 de julio, Uruguay perdió el 60% de la operativa y su conectividad aérea quedó destrozada, encareciendo los costos para cualquiera que quiera llegar o irse del país. El ministro de Transporte, Enrique Pintado, anunció el jueves 25  una «política de cielo abierto» a partir de la ampliación de los convenios de tráfico aéreo con los países de la región, intentando «salvar» la temporada turística –que comienza en diciembre-y  podría estar severamente perjudicada por esta situación.

Para Uruguay es fundamental tener una aerolínea de bandera, tanto estatal como en una asociación pública privada, que le permita controlar la competencia y asegurarse cierta cantidad de vuelos y destinos, dado que al tratarse de un país pequeño llegar a Montevideo no siempre es rentable para las grandes empresas. BQB, Conviasa, Sol, y una argentina de Taxi Aéreo, de Franco Macri, eran algunas de las empresas que supuestamente estaban interesadas en hacerse de los siete aviones Bombardier CRJ900  con los que el Estado uruguayo intentaba salvaguardar sus finanzas después de que su socio privado, la empresa Leadgate, se declara en quiebra.

Sin embargo el día de la subasta sólo apareció el empresario español Hernán Antonio Calvo Sánchez, que se presentó como Antonio Sánchez, y puso la garantía de 137 millones de dólares, avalados por el Banco estatal República, cuyas autoridades admitieron que habían acelerado el proceso normal de verificación para no perjudicar la compra.

En cuestión de horas se conoció la relación entre Sánchez y el empresario López Mena, dueño de la empresa BQB. Sánchez, además de haber sido director de Buquebus España, es padrino de uno de los nietos de López Mena. Por si quedaban dudas, un fotógrafo del diario El Observador captó a López Mena, Sánchez y el ministro de Economía Fernando Lorenzo durante un almuerzo de negocios al día siguiente de la subasta.  Apenas se fue el fotógrafo, el ministro habría reprochado al empresario el aviso a la prensa.

Cruce de reproches

En los días siguientes varios legisladores del Frente Amplio se expresaron en contra de que López Mena, utilizando a Sánchez como testaferro se quede con los aviones de Pluna, debido a que el empresario controla buena parte de la salida fluvial de Uruguay, y molestos por la forma en la que decidió «participar» de la subasta. En tanto, otro de los accionistas de la empresa Cosmo, Miguel Martín, se quejó públicamente de que Sánchez no comunicara la intención de invertir en Uruguay. Si bien reconoció que por los estatutos no está obligado a hacerlo, señaló que la empresa no está en condiciones de hacer frente a una inversión así.

A este panorama, se agrega que la empresa Pluna tiene una deuda con la estatal de combustibles ANCAP, de 28 millones, caso por el que está abierta una causa antela Justicia y se investiga administrativamente por qué la empresa de combustible aceptó cheques por plazos mayores a los previstos en el contrato.

Esta semana los ministros de Economía, Fernando Lorenzo y el de Transporte, Enrique Pintado concurrieron al Parlamento para ser «interpelados» – el equivalente uruguayo a una sesión de control- para dar explicaciones sobre la quiebra de la aerolínea Pluna. La sesión duró casi 17 horas. Utilizando su mayoría parlamentaria, los ministros fueron respaldados por los legisladores y surgió de la sesión la propuesta de que sea el propio Estado quien se quede con los aviones de la antigua aerolínea.

Días después, el Poder Ejecutivo realizó una ronda de consultas con jerarcas de gobierno y empresarios, manejando dos opciones no excluyentes para que los aviones vuelvan al aire: alquilar parte de los aviones a una empresa privada -posiblemente la del argentino Carlos Molinari- y crear una cooperativa de trabajo con otra parte de los aviones utilizados por Pluna.

Durante la sesión parlamentaria, la oposición criticó severamente al oficialismo, señalándole que con la propuesta de que el Estado se quede con los aviones, lo que se busca es «salvar» al empresario español de tener que pagar las multas por no culminar el proceso de compra iniciado en la subasta, más teniendo en cuenta que el ministro de Economía Fernando Lorenzo admitió haber llamado al Banco República y a otras instituciones estatales para que otorgaran respaldo a las empresas, aprobando las garantías en tiempo récord.

Ahora la atención está centrada en el despacho del presidente del Banco República, desde donde se anunció que se ejecutará la garantía contra la empresa Cosmo y se enfrentarán los litigios que la empresa española quiera impulsar.

Publicado por Pablo Manuel Méndez

Periodista uruguayo. Escribo en Montevideo Portal y Revista Martes . Escribí en Alto Voltaje, Semanario Rumbosur, Crítica de la Argentina y publiqué las investigaciones periodísticas 'Temprana impostura' (2007) y 'En cuanto venga Julio' (2012), ambas de editorial Fin de Siglo.

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