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El pueblo que no quiere recordar


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Pablo Manuel Méndez

Periodista uruguayo. Escribo en Montevideo Portal y Revista Martes . Escribí en Alto Voltaje, Semanario Rumbosur, Crítica de la Argentina y publiqué las investigaciones periodísticas 'Temprana impostura' (2007) y 'En cuanto venga Julio' (2012), ambas de editorial Fin de Siglo.


Escrito el 15 de junio de 2013 a las 18:49 | Clasificado en Latinoamérica, Uruguay

Los uruguayos han votado dos veces para mantener el veto sobre las investigaciones de los crímenes de su dictadura ¿Deben ser los derechos humanos materia de plebiscito?

Julio María Sanguinetti, expresidente uruguayo y autor de la Ley de Caducidad (Fuente: Wikipedia)
Julio María Sanguinetti, expresidente uruguayo y autor de la Ley de Caducidad (Fuente: Wikipedia)

Cuando Uruguay salió de la dictadura  que vivió entre 1973 y 1985 se votaron dos leyes relacionadas con dar una salida jurídica al período dictatorial: la primera, la ley 15.737, que establece una amnistía para todos los delitos políticos ocurridos desde 1962 a la fecha y la suspensión de todas las órdenes de captura, y la segunda, la ley 15848, conocida como Ley de Caducidad, que daba amnistía a todos los militares que habían cometido crímenes en la dictadura desde el Estado.

El texto reza:

“Ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el primero de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto”

Además de dar amnistía a militares que habían operado desde el Estado cometiendo torturas, asesinatos y diferentes violaciones a los derechos humanos y que, a diferencia de los militantes políticos y guerrilleros, no habían estado presos, el texto de la Ley de Caducidad designa al Poder Ejecutivo como el responsable de determinar si un caso puede ser investigado o no, no respetando la separación de poderes entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo.

La ley de Caducidad, impulsada por el expresidente Julio María Sanguinetti como forma de facilitar la transición democrática,  fue aprobada por el Parlamento con la oposición del izquierdista Frente Amplio, que realizó una recolección de firmas y forzó un referéndum para derogar la ley.

El 16 de abril de 1989 la derogación de la ley de Caducidad fue puesta en consulta a la ciudadanía que la refrendó con al victoria del voto Amarillo, que respaldaba la ley. Un 57,5% de la población rechazó la derogación de la ley de Caducidad, mientras que  un 42,4% la aprobó.

Los efectos prácticos de la Ley

La vigencia de la ley impidió la investigación judicial de cientos de crímenes cometidos durante la dictadura, dado que los sucesivos presidentes en democracia (Julio María Sanguinetti entre 1985 y 1990 y luego entre 1995 y 2000, Luis Alberto Lacalle entre 1990 y 1995, y Jorge Batlle entre 2000 y 2005, no habilitaron la indagatoria.

Cuando una familia denunciaba el caso ante un juzgado, el juez pedía habilitación al presidente de la República, en la mayoría de casos al presidente Sanguinetti durante su primer mandato, y éste no habilitaba la indagatoria.  Durante esos años, las familias de las víctimas presentaron recursos de inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad ante la Suprema Corte de Justicia, que fueron desestimados por considerarla constitucional.

En las elecciones presidenciales de 2004, cuando el ganó el Frente Amplio, el presidente Tabaré Vázquez cumplió con su promesa electoral de respetar el resultado del plebiscito de 1989 y no derogar la Ley de Caducidad. Sin embargo, hizo hincapié en que debía cumplirse con toda la ley, incluyendo el artículo 4 que obliga al Poder Ejecutivo a disponer “las investigaciones destinadas al esclarecimiento de estos hechos”.

Si bien los militares mantuvieron su pacto de silencio y no brindaron información exacta al Poder Ejecutivo -incluso en el caso de María Claudia García de Gelman enviaron información errónea sobre el lugar de enterramiento de la militante argentina asesinada en nuestro país-, se obtuvo un informe sobre cada caso, ampliando la información con la que contaba el Estado a partir de la Comisión para la Paz creada por Batlle en 2000 y el trabajo realizado por diferentes comisiones legislativas que investigaron el tema. Sustancialmente, se sabe poco y nada de las circunstancias de la muerte de la amplia mayoría de los detenidos desaparecidos y víctimas de la dictadura uruguaya, incluyendo el paradero de los restos.

Una de las versiones dada por los militares y parcialmente comprobada es que los restos fueron enterrados en unidades militares, desenterrados entre 1983 y 1984  y tirados al mar. Sin embargo los restos de cuatro detenidos, aparecidos en los cuarteles a partir de las investigaciones ordenadas por el presidente Vázquez, entre 2005 y 2011 dan cuenta que si esa operación existió, fue incompleta.  Además en 2006 fueron procesados y encarcelados  los altos mandos militares, entre ellos el dictador militar Gregorio Álvarez y el civil, Juan María Bordaberry.

Como la Ley de Caducidad seguía operando en contra de las investigaciones, varios movimientos sociales y organizaciones de DDHH decidieron en 2009 volver a llamar a un plebiscito argumentando que en 1989 no se habían dado las garantías adecuadas e interpretando que la población había votado a favor de la Ley de Caducidad por temor al regreso de los militares.

Para derogar la Ley de Caducidad se necesitaba el acuerdo de una mayoría simple. La segunda consulta popular sobre la pertinencia de la Ley de Caducidad se realizó en octubre de 2009, pero sólo el  47,3% de la población acompañó la iniciativa de anular la ley de Caducidad.

Acción política sin refrendo popular

Pese a haber perdido el plebiscito que organizaron y convocaron, las diferentes organizaciones de DDHH siguieron manifestando a favor de derogar la ley por vías diferentes a la consulta popular, como ser la vía parlamentaria, incluso utilizando el argumento de que “los derechos no se plebiscitan”.

Con la ley de Caducidad vigente, y de alguna manera con mayor vigor por la consulta popular, los legisladores frenteamplistas intentaron anular la ley por vía parlamentaria. Si bien al principio el Movimiento de Participación Popular, el mayor sector del frente Amplio, no estaba de acuerdo finalmente accedió. A la hora de votarse en el Senado en febrero de 2011 el actual ministro de Defensa y exguerrillero tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro renunció a su banca, mientras que en diputados la anulación encontró la oposición del también exguerrillero Víctor Semproni.

Durante la discusión, el presidente José Mujica emitió un decreto en el que permitía en forma generalizada investigar todos los casos vinculados a la dictadura, utilizando lo propuesto por la Ley de Caducidad, en referencia a la injerencia del Poder Ejecutivo y dejando sin efecto las trabas para la indagatoria.

Cuando ya se había alcanzado una salida práctica, en la que se respetaba la ley confirmada por la ciudadanía y se permitía la investigación de los casos, el tiempo hizo lo suyo y marcó en noviembre la fecha de prescripción de los crímenes ocurridos en la dictadura.

Pero también existen diferentes argumentos para considerar la legitimidad de la prescripción. En algunos fallos, como uno realizado por el  doctor Fernández Lecchini, se entendió que la misma Ley de Caducidad impidió que se contabilizara el tiempo de prescripción porque de hecho no se pudo investigar por lo tanto los crímenes pueden seguirse investigando. Otros argumentos son más simples y no por ello menos contundentes: al no haber aparición de los cuerpos el caso no puede ser tipificado como asesinato, sino que se debe tratar de un secuestro por lo que el delito se sigue cometiendo hasta que no aparezcan los cuerpos. También se intentó en 2006 la tipificación de desaparición forzada, delito que no prescribe, pero la ley no puede ser retroactiva.

Finalmente el Parlamento aprobó la ley 18331,  conocida como Ley de imprescriptibilidad, que de paso en su artículo 1 anula uno de los artículos de la ley de Caducidad que no había podido ser anulada por las consultas populares de 1989 y 2009, ni por el Parlamento en un primer intento.

Además y sustancialmente declara la imprescriptibilidad de los crímenes cometidos en la dictadura, lo que fue declarado como inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, considerando que la ley no puede ser retroactiva. Ante esa decisión de la SCJ varios fiscales decidieron recusar a los ministros que construyeron la mayoría para desechar la ley de imprescriptibilidad de los delitos cometidos en la dictadura, por lo que ahora se está en proceso de conformación de una nueva integración de la SCJ que tratará este tipo de casos.

La visita de Garzón

Con todo este debate sobre la mesa el exjuez  Baltasar Garzón visitó Uruguay para disertar sobre la situación de los derechos humanos en el país y la región en una conferencia que se llamó “el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el terrorismo de Estado”, en la que apuntó particularmente a las causas abiertas por crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura uruguaya

Garzón, que fue declarado visitante ilustre por la comuna de Montevideo, señaló que las víctimas del terrorismo de Estado están “desamparadas” en el país por la vigencia de parte de la Ley de Caducidad, que ha impedido por muchísimos años la investigación de los crímenes de la dictadura, al otorgarle al Poder Ejecutivo la  potestad para definir si un caso puede o no ser investigado por el Poder Judicial.

El magistrado reconoció los avances realizados en el país pero advirtió que “no todas las instituciones o poderes estén a la altura histórica que exige la justicia y que exige la reivindicación del derecho humano a la verdad, a la justicia”.

“El esfuerzo que están haciendo los fiscales, algunos jueces comprometidos, el esfuerzo político que se está haciendo contra la impunidad, el desarrollo que en forma internacional se viene desenvolviendo con sentencias y resoluciones importantísimas a nivel regional e internacional, por ejemplo sobre la desaparición forzada, nos ayuda a pensar que estamos en el lado correcto, del lado de la defensa de los derechos de las víctimas”, agregó.

Garzón dijo que España tampoco “ha sabido estar a esa altura 75 años después de que, aproximadamente, unas 200.000 personas desaparecieran, perdieran la vida, fueran ejecutadas extrajudicialmente, y 30.000 niños fueran robados a sus familias republicanas sólo por el hecho de considerarlas ideológicamente inadecuadas para la educación de sus hijos”.

El magistrado instó a Uruguay a “no repetir” la misma historia y advirtió que “hasta que las heridas que dejó la dictadura sean limpiadas y sanadas, seguirá la lucha, y se encontrará la reconciliación si se encuentra esa respuesta. Mientras que eso no sea así, todos debemos transmitir desde las organizaciones de Derechos humanos que la fuerza de la historia está de nuestro lado”.

Uruguay,  que fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas por la falta de una legislación acorde a los cánones internacionales sobre derechos humanos y que firmó tratados internacionales a mediados de siglo en los que se acepta el concepto de crímenes de lesa humanidad aunque los haya incorporado a su legislación en 2006, debe elegir entre las normas internacionales y lo expresado por su ciudadanía.  Uruguay, un país en el que se plebiscitó la salida democrática en 1980, debe decidir qué es plebiscitable y qué no y, sobre todo, qué organismos internacionales tiene la potestad de determinarlo y por qué.

Los votantes dicen...
  1. […] depresso dalla sconfitta nelle presidenziali dell’84 e da quella, ancor fresca, nel referendum sulla “Ley de Caducidad” – a condurre la coalizione di sinistra alla vittoria nella corsa per la Intendencia di Montevideo […]

  2. […] depresso dalla sconfitta nelle presidenziali dell’84 e da quella, ancor fresca, nel referendum sulla “Ley de Caducidad” – a condurre la coalizione di sinistra alla vittoria nella corsa per la Intendencia di Montevideo […]

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