La sombra del caso Bankia es alargada. El juez que instruyera la causa, Elpidio José Silva, apartado ahora de la carrera judicial, se encuentra sentado en el banquillo de los acusados a la espera de ser juzgado, porque el ‘caso Blesa’, es ahora el ‘caso Silva’.

Al magistrado se le acusa de prevaricar en el juicio contra el expresidente de dicha entidad, Miguel Blesa, por supuestamente carecer de competencias para enviarle a prisión, algo que ordenó en dos ocasiones por la compra del City National Bank de Florida por 1.100 millones de euros.

Ahora, meses después, el escenario es el mismo pero los papeles han cambiado: Silva es el acusado y Blesa quien le acusa, a pesar de ser uno de los responsables de dejar la entidad al borde de la quiebra financiera, y después de filtrarse sus correos electrónicos a través de los cuales se puso de manifiesto las maniobras financieras que realizaba con los fondos de la entidad.

Pero el juicio, que finalmente ha sido suspendido, está siendo más complicado de lo que parecía. Silva ha renunciado a su abogado, Candido Conde-Pumpido, y ha pedido la recusación de los magistrados, María Tardón y Arturo Beltrán (presidente del Tribunal que le juzga). De Tardón duda de su imparcialidad porque fue teniente de alcalde en el ayuntamiento de Madrid con el Partido Popular, en los años 1999 y 2003, y porque además fue miembro de la Asamblea general del Caja Madrid desde 2003 hasta 2005. Al presidente de la sala le acusa de impedir que renuncie a su abogado, con el que ha perdido toda confianza, ha dicho.

Pero el conflicto no se ha quedado ahí, sino que Conde-Pumpido ha solicitado la presencia de ‘observadores internacionales del Parlamento Europeo’, al exigirle el juez Beltrán que continúe con la defensa de su cliente, y que de no hacerlo podría recibir una sanción disciplinaria, ya que el tribunal considera que esta ruptura es una estrategia de defensa.

Además Silva, que se ha negado a declarar en el juicio, ha presentado un demanda contra sendos jueces por “vulnerar derechos fundamentes”. Y por si fuera poco, ha insinuado que el tribunal que le juzga está más cercano a ser un tribunal militar, que a un civil, que está contaminado, y que lo que le está ocurriendo no sucede en ningún país del mundo, salvo a lo mejor en Corea del Norte, ha dicho, donde no se garantizan los derechos fundamentales. “Se trata de un hecho insólito en la historia judicial”.

Publicado por Cristina Puebla

Periodista, en la actualidad en la web de elEconomista, antes en la Cadena Ser (Hora 25) y en política en Europa Press

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