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Dimitir no está de moda


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Asier Martiarena

Soy periodista y escribo en La Vanguardia y Yahoo! después de haberme encargado de la sección de política del diario Metro y de echar a andar en La Voz de Galicia.


Escrito el 21 de noviembre de 2012 a las 12:39 | Clasificado en Nacional

La única garantía que tiene un ciudadano/votante de que el político responderá ante un acto delictivo/deshonroso es la buena voluntad del político en cuestión. Así no hay quien devuelva la credibilidad en las altas instituciones del Estado.

Protesta contra Francisco Camps, expresident de la Generalitat (Fuente: Wikipedia)
Protesta contra Francisco Camps, expresident de la Generalitat (Fuente: Wikipedia)

En Japón, el Gobierno aceptó la renuncia de su ministro de Exteriores por haber aceptado donativos para su partido del extranjero (de un ciudadano surcoreano); el presidente del Banco Central suizo tuvo que renunciar porque su esposa se había beneficiado de información privilegiada en la compra de divisas; el ministro británico de Energía dejó el cargo por haber endosado a su mujer una multa de tráfico… en 2003.

¿Y en España? Salvo honrosas y contadísimas excepciones como las de Manuel Pimentel, quien en el año 2000 anunció su renuncia como ministro de Trabajo para asumir su “responsabilidad política” por las irregularidades cometidas por su hombre de confianza Juan Aycart, o la de Antoni Asunción, seis años antes renunciando al Ministerio del Interior por sentirse responsable de la fuga del exdirector de la Guardia Civil, Luis Roldán, la dimisión se practica más bien poco.

Así, el PP ha respaldado a su eurodiputado Pablo Zalba –que negoció para incluir en un proyecto de ley dos enmiendas a petición de un grupo de presión ficticio-, y el PSOE mira para otro lado cuando se le pregunta por el escándalo de las prejubilaciones en Andalucía pese a que los ecos de las irregularidades habían llegado hasta la Presidencia de la Junta.

Lo que ocurre en nuestro país, a grandes rasgos, es que se cumple la máxima de Esperanza Aguirre (“aquí, en España, no dimite nadie”) al hilo de la Ley Sinde. Se dimite poco y cuando se hace es por desavenencias con el partido más que por cuestiones morales. O dicho de otra manera, porque el partido le deja caer a uno, no porque uno entienda que su actuación ha sido indecorosa. Que se lo pregunten a Bárcenas y a Matas. Pero lo que más sorprende es la ausencia de dimisiones ligadas a imputaciones o procesos judiciales. Los partidos en España mantienen la inocencia hasta el último momento. Incluso un poco más, porque lo fían todo a que sus pupilos sean absueltos por las urnas antes que por la Justicia. Son incontables los casos de corrupción urbanística y escasos los descalabros políticos por tales prácticas.

En el libro de conducta del PSOE, además, no se observa falta siempre que el dirigente en cuestión no se haya enriquecido.

Percepción ciudadana

Aceptando que en las últimas semanas se ha producido alguna dimisión, caso del edil de Fuenlabrada vinculado con la mafia china de blanqueo de dinero, estas no suelen ser completas. Nos referimos a casos como el de Pedro Calvo, edil de Madrid. Tras el caso Arena ha dimitido de varios de los cargos que ostentaba, pero mantiene el acta de concejal. O el ex dirigente de las juventudes del PP, Nacho Uriarte: fue condenado por conducir ebrio y acto seguido abandonó su puesto en la comisión parlamentaria de seguridad vial, pero no su acta de diputado. O la ex alcaldesa socialista de Torrejón de Ardoz condenada por prevaricación, Trinidad Rollán, no repitió en las listas electorales pero se mantuvo como secretaria de Organización del PSM.

Todo eso repercute en que la percepción ciudadana. El último Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de octubre de 2012 sitúa la preocupación por la clase política y los partidos políticos como el tercer problema más importante en España. Pero a la casta política no parece importarle.

El movimiento 15M se ha hartado de pedir que en las elecciones ningún imputado pueda participar en ninguna lista. Sin embargo, en las elecciones municipales de 2011 no sólo había imputados en listas electorales, sino que los hay desempeñando cargos públicos y militando en los principales partidos políticos. Las causas susceptibles de acarrear la dimisión de un político no están reguladas por ley, es decir, pertenecen a la conciencia política de cada caso y sujeto.

Eso se traduce en que la única garantía que tiene un ciudadano/votante de que el político responderá ante un acto delictivo/deshonroso es la buena voluntad del político en cuestión. Y de buena voluntad parece que andan escasos. Repasen sino el banquillo de acusados por el ‘caso Prestige’. Así no hay quien devuelva la credibilidad en las altas instituciones del Estado.

Los votantes dicen...
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