Arrow

La agenda de la regeneración


0
Miguel Ángel Gonzalo

Archivero-Bibliotecario de las Cortes Generales de España. Webmaster de www.congreso.es


Escrito el 17 de septiembre de 2013 a las 8:44 | Clasificado en Nacional

El próximo viernes se aprueba en el Consejo de Ministros un informe del Centro de Estudios Constitucionales de medidas para la regeneración democrática. Es relevante, ya que permite abrir un debate público sobre cómo avanzar en una mejor democracia.

Reunión del Grupo de Trabajo sobre Regeneración Democratica. (mpr.gob.es)
Reunión del Grupo de Trabajo sobre Regeneración Democratica. (mpr.gob.es)

El próximo viernes 20 se presenta en el Consejo de Ministros un primer “paquete” (como se suelen denominar estas agendas) de medidas dentro del llamado “Plan de Regeneración Democrática”. El contenido de la agenda de la regeneración es una de las claves, aunque no la única, para superar la gran desafección ciudadana hacia la política. Para Pep Lobera, más importante que la pregunta de cuál es el problema principal para la ciudadanía es la pregunta sociológica sobre su grado de convencimiento de la bondad de la democracia.

La cuestión a la que se refiere es una realizada por el CIS en la que se pide un posicionamiento acerca de cuál de unas frases dadas refleja mejor su opinión sobre la democracia. Los resultados en 2009 señalaban que para un 78,8% la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno; para un 7.6 % “en algunas circunstancias, un gobierno autoritario es preferible a un sistema democrático”, mientras que para un 10.6% “para personas como yo, da igual un gobierno que otro”.

En el gráfico adjunto se puede ver cómo progresivamente va descendiendo la confianza en la democracia y, aparte de las soluciones autoritarias, que en España, afortunadamente, son marginales o irrelevantes, va creciendo el número de personas para las que da igual un sistema político que otro, porque no ven relación entre el sistema y la solución de sus problemas. La idea y la ampliación de datos están tomados de un trabajo de Pep Lobera sobre la desconfianza política en la dinámica electoral en España.

Otra pregunta del CIS, no tan conocida como las habituales, pero también muy interesante, es la que interpela: “¿Está usted muy satisfecho/a, bastante, poco o nada satisfecho/a con la forma en que funciona la democracia en España?”. En el gráfico adjunto se puede ver cómo se desploma la cifra de personas que están bastante o muy satisfechas con el funcionamiento de la democracia.

Estos datos sociológicos, quizás menos conocidos que los relativos a la consideración como problema de los políticos, son indicativos de que el sistema institucional, que ha funcionado razonablemente desde la transición, necesita una profunda reforma para recobrar la confianza ciudadana. El problema está en que, precisamente, cuando se pregunta a los ciudadanos sobre esa necesaria regeneración, el escepticismo es amplio, ya que se suele considerar que no deberían ser por los propios políticos los que, en solitario, lideren esa reforma.

Por todo ello es relevante el trabajo del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales que, contando con las aportaciones de un grupo de expertos, lleva meses elaborando un plan de medidas articuladas.

Estamos en un momento en el que hay que pasar de los diagnósticos y las reflexiones teóricas a la formulación de propuestas articuladas de reforma. Se podrá argumentar que la ley no es suficiente para cambiar la realidad y es cierto. Como se suele decir, las leyes lo que hacen en consolidad (codificar) los cambios que ya se han producido en la sociedad. Sin embargo, el instrumento legislativo, en un sistema democrático, es una herramienta poderosa para transformar el debate público en un programa de acción y en medidas que tengan impacto en la vida cotidiana.

En este caso, la agenda de la regeneración debe responder a unos cambios que ya se han producido en amplios sectores sobre la manera de participar. Las herramientas tecnológicas no son, en sí mismas, nada; sin embargo, la utilización que se ha hecho de ellas ha servido para generar plataformas de participación exitosas. Igualmente, las formas de organizaciones y co-decidir de los movimientos sociales con un llamamiento a cambiar las formas de decisión dentro de los partidos. Los duros esfuerzos exigidos a la ciudadanía han motivado que se sea mucho más exigente pidiendo una mejor y más eficaz “rendición de cuentas” y fiscalización del trabajo de los políticos que tienen la responsabilidad de gestionar esas medidas.  Se podrían citar más ejemplos pero irían en la misma línea para, en última instancia, constatar que amplios sectores sociales reclaman una “agenda de la regeneración” abierta, amplia y participativa.

La agenda de la regeneración tuvo un momento importante con la aprobación, en el contexto del debate del estado de la nación, el 26 de febrero de 2013, de una una propuesta de resolución, fruto de varias enmiendas transaccionales, sobre regeneración democrática y transparencia que incluía los siguientes puntos:

1. La elaboración de un pacto ético entre los partidos respecto al tratamiento de los casos de corrupción y de los encausados.

2. La creación de una comisión independiente formada por personas de amplio reconocimiento y prestigio social que elabore un informe para su remisión al Parlamento sobre la regeneración de la  democracia. Sobre este punto no hay noticias

3. La aprobación por parte del Gobierno de los siguientes proyectos de ley para su remisión al Parlamento:

  • Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica y Financiera de los Partidos Políticos
  • Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas
  • Reforma de la Ley de Contratos del Sector Público
  • Ley Reguladora del Ejercicio de las Funciones Políticas
  • Reforma del Código Penal .
  • Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

Estos proyectos de ley son los que se aprobarán en el Consejo de Ministros del viernes 2o, como se comenta más adelante.

En el ámbito parlamentario la resolución aprobada en el Debate incluía los puntos siguientes:

a) Incorporación a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno de  partidos políticos, las organizaciones sindicales y empresariales y aquellas entidades e instituciones que se financian esencialmente a través de dinero público. Este punto ya está recogido en el dictamen de la Comisión Constitucional.

b) Estudio, en las correspondientes comisiones parlamentarias, de los siguientes aspectos:

  • Medidas oportunas a adoptar para regular las organizaciones de intereses o «lobbies», con  medidas que clarifiquen cuáles pueden ser sus actividades y cuáles deben ser sus límites. Este punto, por declaraciones de portavoces del grupo parlamentario popular, se remite a la reforma del Reglamento del Congreso.
  • Forma de aplicación a Diputados y Senadores de las normas de transparencia incluidas en la futura Ley Reguladora del Ejercicio de las Funciones Políticas, estableciendo un procedimiento concreto de publicidad de las declaraciones tributarias, de actividades y bienes
  • Reformas necesarias para modernizar las campañas electorales (sondeos, tratamiento por los medios, debates e incluso duración).
  • Nuevas medidas a adoptar contra el transfuguismo político.
  • Posibles reformas de la Ley Orgánica reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular para facilitar  su impulso y tramitación.
  • Posibles reformas de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para mejorar el procedimiento  de votación de los ciudadanos españoles residentes en el exterior.
  • La puesta en marcha inmediata de la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales. Este punto ya se ha cumplido con la designación del director de la oficina.

Por las noticias que se tienen, los primeros proyectos de ley, dentro del plan de regeneración, que el Gobierno va a enviar al parlamento son:

  • Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica y Financiera de los Partidos Políticos, que toca la ley de partidos y el funcionamiento del Tribunal de Cuentas
  • Ley Reguladora del Ejercicio de las Funciones Políticas que va orientado a la fiscalización y rendición de cuentas de las personas que desempeñan un cargo público de naturaleza política.
  • Reformas penales y procesales, que incluye las reformes del Código Penal y de las leyes de enjuiciamiento para los casos de corrupción.
  • Reforma de la Ley de Contratos encaminada a prohibir la contratación con el sector público a todas las personas físicas y jurídicas condenadas por delitos relacionados con la corrupción
  • Modificación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales, igualmente enfocada a temas de corrupción.

Esta es la agenda oficial pero, como es natural, los partidos políticos y las organizaciones sociales también tienen su propia agenda de regeneración democrática. Se pueden citar algunos ejemplos sin pretensión de agotar todas las propuestas de índole legislativo (sin incluir las iniciativas parlamentarias de control y orientación política) que se han puesto sobre la mesa.

El grupo parlamentario socialista ha presentado en el Congreso de los Diputados diversas proposiciones de ley enfocadas a la regeneración:

  • Modificación de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas y de otras leyes, en materia de reducción de plazos y obligaciones de colaboración con dicho Tribunal.
  • Modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para atribuir a la Audiencia Nacional el enjuiciamiento de delitos relacionados con la corrupción.
  • Modificación de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos.
  • Reforma del Código Penal.

El grupo parlamentario de Izquierda Unida también ha presentado diversas iniciativas legislativas:

Por su parte, el grupo parlamentario de Unión Progreso y Democracia defiende hoy una de sus iniciativas sobre la regeneración democrática, aunque también ha presentado otras:

Se podrían citar numerosas interpelaciones, mociones y preguntas sobre el tema pero bastan estos ejemplos para demostrar que el debate público está instalado en la agenda y que la aprobación el viernes de las primeras medidas es relevante para situar el debate sobre la articulación de las propuestas, que, hasta ahora se daba en los grupos de trabajo y en las comisiones de expertos, ya en la agenda pública del Parlamento.

Como escribe José María Maravall  no existen “remedios institucionales mágicos a las carencias de nuestra vida política” y tocar las leyes citadas: partidos, tribunal de cuentas, leyes penales, etc, son sólo una parte de la solución que también debería englobar la implicación de la ciudadanía a través de más y mejores vías de participación, tanto en el parlamento como fuera de él. Unas medidas que se intenten aplicar verticalmente podrán ser acertadas en lo jurídico y oportunas en lo político pero, probablemente, no resuelvan el problema de confianza y credibilidad.

Comparte tu punto de vista

XHTML: Puedes usar estas etiquetas: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>