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La letra pequeña del BOE


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Alfredo Gazpio

Consultor de Asuntos Públicos en Llorente & Cuenca, especialista en el ámbito parlamentario. (Muy) ocupado en labores de comunicación, lobby y gestión de la influencia para gobiernos, empresas y otras organizaciones. Nuevo miembro del Comité de Asesores y Consultores de ACOP


Escrito el 20 de marzo de 2013 a las 13:30 | Clasificado en Nacional

Los “preceptos intrusos”, recurso habitual de los Gobiernos en la ejecución de sus políticas públicas, camuflan decisiones que nada tienen que ver con la norma que se anuncia. La comunicación de lo acontecido en el Consejo de Ministros es frecuentemente parcial: no esconde mentiras, pero sí medias verdades.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, en un acto (Fuente: Twitter del Ministerio de Empleo)
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, en un acto (Fuente: Twitter del Ministerio de Empleo)

Al cierre de cada legislatura o periodo de sesiones, incluso en la tramitación habitualmente in extremis de los Presupuestos Generales del Estado y sus controvertidas leyes de acompañamiento, viene siendo habitual que el Gobierno de turno actúe como el mal estudiante que, apremiado por el calendario, decide hacer trampas para salir del paso y, en ocasiones, consiguiendo imposibles: ¡aprobar las matemáticas en un examen de historia!

Como un colegial en vísperas del gran día, el Ejecutivo actúa con enorme celeridad y discreción, con la esperanza de que una eventual irregularidad pasará desapercibida a ojos de su electorado. Y, si esto no sucede, siempre está el comodín de la urgencia: el regulador rescata el artículo 86.2 de la Constitución y la siempre recurrente “excepcionalidad” de las circunstancias para alterar el normal desarrollo del proceso legislativo, incumpliendo con ello criterios de fondo -debate parlamentario- y forma -técnica legislativa-

Como resultado de esta mala praxis nos encontramos con los denominados “preceptos intrusos”, cuestiones que no necesariamente están vinculadas al objeto de la iniciativa en cuestión, pero a los que el Gobierno atribuye un carácter de imperiosa necesidad que justifica su incorporación al articulado de otro proyecto, aunque esto resulte más o menos postizo.

Estas maniobras ocasionalmente encubiertas rara vez pasan desapercibidas ante la opinión pública. El BOE ya no constituye esa fuente de información encriptada, tradicionalmente esquiva o solo apta para puntillosos juristas. En la era del Open Government y la “política vigilada“, el escrutinio público de la acción de gobierno es mucho más sofisticado y cualquier individuo puede hacer un seguimiento exhaustivo de las decisiones que se toman a diario en los núcleos de poder y que, desde su publicación, forman parte de nuestro ordenamiento.

Hecha la ley…

La incorporación de preceptos “intrusos” ha sido, es y será una práctica habitual en los Gobiernos democráticos, hasta que una norma con rango de ley tipifique, denuncie y penalice las malas prácticas y garantice los más elevados estándares en la elaboración de las leyes. A continuación se enumeran algunos ¿escándalos? legislativos que pasaron inicialmente desapercibidos y fueron destapados con posterioridad.

La “inocentada energética” de la ministra

El Consejo de Ministros del pasado 28 de diciembre discurrió con relativa normalidad y, a diferencia de otros viernes, no se anunciaron medidas de calado para el devenir económico y social de nuestro país. Eso, al menos, se desprendía de la rueda de prensa que sucedió a la reunión del gabinete, o, incluso, de la referencia que Moncloa publica con posterioridad, en la que se recogen los acuerdos alcanzados por el Gobierno.

Escoltada por la vicepresidenta, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, compareció ante los periodistas para explicar la actualización de la protección social de los empleados del hogar. En la nota de los acuerdos se podía leer lo que sigue:

REAL DECRETO LEY de mejora de gestión y protección social en el ámbito del Sistema Especial para Empleados de Hogar y otras medidas de Seguridad Social

Sin embargo, repasando el BOE del último día del año -vieja costumbre de algunos periodistas experimentados y conocedores del modus operandi del poder-, asistimos perplejos a la consumación de un precepto intruso de libro. La Disposición Final Cuarta del RD  29/2012 modificaba por completo la ley de medidas energéticas aprobada en 2009 y permitía al Gobierno suprimir de un plumazo las limitaciones en el denominado “déficit de tarifa” -diferencia entre los costes e ingresos de producción de electricidad- que, según estaba previsto en la normativa anterior, no podría superar los 1500 millones en el año todavía en curso y que tendría que ser eliminado por completo en 2013. Papel mojado.

Carta blanca a comerciantes (y suplantadores)

El final de año, como decíamos, resulta especialmente intenso en los centros de decisión. Un día antes del “Día de los Inocentes”, el BOE levantaba alguna que otra ampolla entre los miembros de la oposición. El azaroso ejercicio de gobierno obligó al Ejecutivo a subirse al último tren legislativo del año para modificar, por última vez, su controvertida “amnistía fiscal”.

En este caso, el “sujeto pasivo” de la operación era el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, y su iniciativa dirigida a la liberalización del comercio y de determinados servicios. La exposición de motivos del Real Decreto 19/2012 dejaba meridianamente claro el destino de aquel viaje: “El comercio interior viene sufriendo varios años consecutivos fuertes caídas en el consumo. En este contexto es más necesario que nunca, por un lado, reducir las cargas administrativas que dificulten el comercio y, por otro, dinamizar el sector permitiendo un régimen más flexible de aperturas”.

Alentado por la urgente necesidad de cumplir con las exigencias de la UE para sofocar el déficit público, el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, aprovecho el texto del MEC para resucitar “a título póstumo” –léase, superado el plazo ordinario- la denominada  “amnistía fiscal” y, disposición mediante, facilitar la regularización de nuevos capitales con el ánimo de incrementar la recaudación. ¡Voilà!

Disposición final tercera. Modificación del Real Decreto-Ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público.

Con efectos desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, se añaden dos nuevos apartados 6 y 7 en la disposición adicional primera del citado Real Decreto-Ley, que quedan redactados de la siguiente forma:

6. Cuando el titular jurídico del bien o derecho objeto de la declaración tributaria especial no resida en territorio español y no coincida con el titular real, se podrá considerar titular a este último siempre que llegue a ostentar la titularidad jurídica de los bienes o derechos con anterioridad a 31 de diciembre de 2013.

El cartero, cómplice de los peajes

Ocurrió en junio de 2011 con el entonces Ministro de Fomento, José Blanco. En vísperas del adelanto electoral, el que fuera secretario de organización del PSOE quiso hacer un guiño a las sociedades concesionarias de las autopistas de peaje antes traspasar su cartera: “Mediante la implantación de la cuenta de compensación se adelantan transitoriamente a las concesionarias los ingresos necesarios para mantener su estabilidad económica a corto plazo (…)”, rezaba la nota publicada por Fomento.

Encontrar una ubicación formal a una decisión política aislada no fue sencillo. Después de sesudas consideraciones, el Ministerio optó por hacer un hueco a las carreteras de pago en… el Servicio Postal Universal. Revisando el preámbulo de la normativa, puristas y heterodoxos podrían cuestionar el sentido de esta decisión: “Es el momento de dotarnos de un modelo completo y coherente para garantizar un servicio postal universal eficaz, eficiente y de calidad”.

En este sentido, es justo reconocer la vergüenza torera del Gobierno socialista al ejecutar una maniobra tan imaginativa como rocambolesca: aprobar una partida extraordinaria destinada a un reducido grupo de empresas y hacerlo a través de una disposición adicional octava de una ley postal que, en circunstancias normales, difícilmente podría alterar una coma en el programa de infraestructuras aprobada en los PGE.

Los votantes dicen...
  1. Excelente artículo y mejores ejemplos!

  2. […] las posibilidades de incluir cualquier medida ‘ad hoc’ no son pocas. Vía libre a los preceptos intrusos. Los decretos legislativos están llamados a ordenar los desmanes del […]

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