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La serie roja de los PGE


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Daniel Mehrad

Lobista. Consultor Senior en Political Intelligence agencia de Lobby y Public Affairs con más de 10 años de experiencia en España.


Escrito el 8 de octubre de 2013 a las 8:17 | Clasificado en Nacional

Toda la información que se incluye en la serie roja es indispensable para conocer las prioridades del Gobierno.

El presidente del Congreso, Jesús Posada, recibe los Presupuestos para 2014 de manos del ministro Cristóbal Montoro.
El presidente del Congreso, Jesús Posada, recibe los Presupuestos para 2014 de manos del ministro Cristóbal Montoro.

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) “constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector público estatal” (Art. 32 Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria). Están explicados en dos libros (el amarillo, que corresponde a la presentación, y el azul, donde se introduce la lectura) y “divididos” en cuatro series (la roja, la verde, la amarilla y la gris). Una de las series más interesantes es la serie roja: el libro donde se define lo siguiente:

  • Articulado de la Ley
  • Presupuesto de ingresos del subsector administrativo
  • Presupuesto de gastos y memoria de objetivos de los programas del subsector administrativo
  • Anexos de proyectos que componen los Fondos de Compensación Interterritorial
  • Cuenta de operaciones comerciales. OO.AA. y otros organismos públicos
  • Entidades del sector público administrativo y fondos sin personalidad jurídica
  • Presupuestos de explotación y capital y estados financieros complementarios de los subsectores empresarial y fundacional
  • Resúmenes de ingresos y gastos del subsector administrativo

El articulado del proyecto de ley se suele dividir en 8 títulos que versan sobre la aprobación de los presupuestos y sus modificaciones, la gestión presupuestaria, los gastos de personal, las pensiones públicas, las operaciones financieras, las normas tributarias, los entes territoriales y las cotizaciones sociales. Vale la pena recordar que la ley no puede crear tributos, ya que solamente podrá modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea (134.7 CE).

Por otro lado tenemos lo que el Gobierno calcula ingresar por impuestos como el I.V.A, los impuestos especiales al alcohol y bebidas derivadas, hidrocarburos, juego, etc. (en función de la previsión del consumo, la base imponible, los tipos impositivos…).

En esta serie también se incluyen los gastos y la memoria de objetivos de los programas del subsector administrativo. Aquí se observan diferentes secciones en la que se encuentran los ministerios, las Cortes Generales y el Consejo de Estado por nombrar sólo algunos. Cada una de las secciones se divide en tres partes:

  • Estructura de políticas y programas
  • Presupuesto por programa
  • Memoria de objetivos de los programas del sector.

Estructura de políticas y programas es un esquema global dividido con los códigos específicos sobre la política, el grupo y el programa del ministerio en cuestión. Es decir, una especie de índice cifrado. En el Presupuesto por programas (dentro de la carpeta de gastos) se encuentra el monto que se destinará de los PGE, entre otros, a las políticas y a los planes. Por ejemplo en los PGE 2013, se observan las cantidades que se destinarán al Programa de Fomento de la Demanda de Vehículos Eléctricos (422B), a la Agenda Digital para España (647G) o al Fondo de Protección a la Cinematografía (335C). Todo ello refleja las cifras relevantes para los actores beneficiados e implicados en su gestión, desarrollo e implementación.

Por último, está la Memoria de objetivos de los programas del sector de cada uno de los programas en los que se ven matices importantes sobre la política de Gobierno. Un ejemplo de ello se puede encontrar en la descripción general del Ministerio de Industria, Energía y Turismo en los PGE 2013 en la que se dice: “el Sector Automoción contará con una línea propia de ayudas que se completará con la continuidad de medidas de apoyo específico a favor de la implantación del vehículo eléctrico”. De este párrafo se desprende que el gobierno apostará por el sector de la automoción como uno de los pilares de la industria española (ejemplo de ello es la aprobación de 3 Planes PIVE).

Hay muchos otros ejemplos como los que se copian a continuación:

  • Tendrán continuidad el Programa de Reindustrialización; los Programas Tecnológicos-Industriales civiles y militares. Los apoyos continuarán siendo mayoritariamente a través de préstamos con una rentabilidad suficiente para que, por una parte, los proyectos empresariales resulten financieramente viables, y por otra, se salvaguarde la sostenibilidad del gasto público”.
  • También el Sector Aeroespacial seguirá contando con una convocatoria propia con el fin de consolidar la alta competitividad y la proyección exterior de un sector de tecnología puntera y valor estratégico”.

Toda la información que se incluye en la serie roja es indispensable para conocer las prioridades del Gobierno. El texto de la memoria de objetivos de los programas del sector es importante para conocer la posición del Gobierno sobre determinadas políticas, planes y programas. La habilitación de una partida presupuestaria no es más que la confirmación de esa intención.

Por otra parte, el proceso de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado es uno de los acontecimientos legislativos del año. Desmenuzar las prioridades de los gastos en los planes y demás políticas públicas son una clara declaración de intenciones del Gobierno porque (obviamente) cuanta más asignación presupuestaria tenga una partida, mayor importancia tendrá para el Gobierno.

En breve se iniciará su fase de debate parlamentario, pero las prioridades del Gobierno ya se han fijado, porque, como escribe Piedad García-Escudero, “el procedimiento legislativo se convierte así en elemento legitimador de decisiones adoptadas fuera de las cámaras que responden normalmente a los compromisos adquiridos en el programa político sometido a los ciudadanos en las anteriores elecciones” (CEPC, 2006).

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