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Protección y transparencia


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Qué hacen los diputados

Este artículo se publicó originalmente en Qué hacen los diputados, un parlamento de personas que sigue de cerca el trabajo de los gobernantes, especialmente en el Congreso


Escrito el 9 de abril de 2013 a las 18:31 | Clasificado en Nacional

El director de la Agencia Española de Protección de Datos, José Luis Rodríguez Álvarez, cree que es necesaria la ley de transparencia, aunque a su juicio, el derecho de transparencia y de acceso a la información limita con el derecho a la protección de datos de carácter personal.

El director de la Agencia Española de Protección de Datos, José Luis Rodríguez Álvarez. (congreso.es)
El director de la Agencia Española de Protección de Datos, José Luis Rodríguez Álvarez. (congreso.es)

El pasado 23 de enero comenzaron las comparecencias de expertos en la Comisión Constitucional del Congreso para examinar el proyecto de la Ley de Transparencia que está tramitando la Cámara. El primero que compareció en esa sesión fue el director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), José Luis Rodríguez Álvarez, a petición de 126 diputados del Partido Popular y de 76 del PSOE. A continuación incluimos un resumen de esa comparecencia (también se puede ver en vídeo) que nos ha facilitado Íñigo Espert, el autor del blog Demo Contra Cracia.

Propuesta: disociar los datos personales de la información

Para el director de la AEPD no hay limitación a la información si se disocian los datos de carácter personal, de modo que no sea posible identificar a las personas afectadas. Considera que esa fórmula, la disociación, debería ser la regla siempre que los datos personales no sean relevantes, y que este punto debería recogerse en el texto de la ley.

Para Rodríguez Álvarez, la relación entre la Ley de protección de datos y la de transparencia no ha de ser conflictiva ni resolverse siempre a favor de la protección de datos, sino que debe haber un ponderación razonada de cada caso que lleven a cabo órganos administrativos competentes.

Cree que la aprobación de este proyecto de Ley tendrá efectos positivos para la protección de datos, al impedir una práctica frecuente: la denegación de datos amparándose sin fundamento en la LOPD.

Problemas de la ley según el director de la AEPD

En primer lugar, enunció José Luis Rodríguez Álvarez, es un problema la redacción del primer párrafo del artículo 12.1. Según está redactado, explicó, da a entender que el acceso a la información pública que contenga datos de carácter personal se haría excepcionando, aparentemente, la LOPD. A su juicio, eso condiciona o altera el régimen de aplicación de la Ley Orgánica de Protección de Datos (situación que no puede darse ante una ley de rango inferior).

En segundo lugar, el segundo párrafo del mismo artículo remite, a los interesados en documentos que contengan sus propios datos, a la LOPD (una normativa con contenido distinto y más limitado que la ley de transparencia). Es decir, que se crearían dos sistemas normativos, uno para quienes soliciten información que afecten a terceros y otro para quienes quieran acceder a información en que se vean afectados, siendo más restrictiva, paradójicamente, la normativa de este último caso.

Rodríguez Álvarez remata su exposición destacando que es muy adecuada la mención en la ley de la coordinación de criterios entre la AEPD y la Agencia Estatal de Transparencia.

AMAIUR: excepciones demasiado amplias

Por el Grupo Mixto, Rafael Larreina considera que las excepciones contenidas en el artículo 11 para el cumplimiento de la ley son lo suficientemente amplias como para que ésta sea inútil y pregunta si sería posible concretarlas más.

Sobre el ámbito de aplicación, pregunta si sería posible introducir en la ley entidades privadas y semipúblicas en tanto que receptores de fondos públicos.

PNV: la ley de Transparencia no tiene competencias en las CCAA

Por el Grupo Vasco, Emilio Olabarría manifiesta que la ley, que a su entender, solo concreta “donde no debería hacerlo”: en materias de ámbito territorial, aduciendo falta de competencias. También considera que las excepciones del artículo 11 son muy amplias. Asimismo recalca que la LOPD no debería ser un problema para el buen funcionamiento de esta ley si nace como debería.

UPyD: el derecho a la información, derecho fundamental

Por UPyD, Irene Lozano critica que la sesión se convocara por acuerdo de los dos grandes partidos y sin contar con el resto de grupos. A su juicio hay motivos opacos para hacer una convocatoria extraordinaria y afirma que es una mala manera de comenzar un debate sobre transparencia.

Sobre la forma jurídica de la ley, Lozano pregunta a Rodríguez Álvarez su opinión sobre queel derecho de acceso a la información no se vincule a un derecho fundamental, como recomienda el convenio europeo, sino a un derecho constitucional; y si esto lo sitúa en inferioridad de condiciones cuando haya fricciones con el derecho a la protección de datos, reconocido como derecho fundamental.

Sobre su relación con la LOPD, según UPyD la ley es demasiado restrictiva en lo relativo al conflicto con la protección de datos. Consideran necesario revisar la LOPD en casos como los datos estrictamente personales referidos a cargos públicos o las visitas que recibe diariamente el presidente.

CiU: a favor de incluir a la Casa Real en la Ley de Transparencia

El diputado de CiU, Jordi Jané, tampoco está conforme con el modo de convocar la comparecencia. Pregunta si se ha contemplado la  posibilidad de reformar la Ley de Protección de Datos para que sea complementaria con la ley de transparencia.

Señala si existe algún obstáculo para incluir en la ley instituciones como la Casa Real. Pregunta al director de la AEPD si cree necesario mantener un plazo para reclamar cuando no se recibe una información solicitada, como especifica el artículo 21.2, si el derecho a solicitar datos no tiene plazos ni prescripción.

Sobre la disociación de datos, requiere si se pueden introducir en el texto del proyecto mecanismos que permitan la disociación de los datos.

PSOE: Incluir en la ley a partidos, sindicatos y organizaciones empresariales

El diputado socialista Enrique Serrano Martínez, explica que el proyecto de ley prevé que la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas responda a las peticiones de información que planteen cierto tipo de problemas. Serrano pregunta si es posible que la Agencia de Protección de Datos haga esa tarea, ya que tiene competencias en todo el territorio.

Además de preguntar sobre los supuestos de inadmisión recogidos en el artículo 11, Serrano se interesa por los plazos de acceso a determinados documentos y sugiere que se refleje en la ley cuándo se hace absolutamente libre el acceso aciertos documentos sepultados por la Ley de Patrimonio Histórico.

Por último, sugiere que se incluyan en la ley los partidos políticos, sindicatos y las organizaciones empresariales.

PP: ¿Cómo resuelven otros países el choque entre el derecho a la información y la LOPD?

Por el Grupo Parlamentario Popular, Esteban González Pons destaca que es importante empezar a tramitar la ley y que supone un cambio de paradigma, del silencio como principio general a la transparencia.

González Pons pregunta a Rodríguez Álvarez cómo se resuelve, en países de nuestro entorno, la colisión entre el derecho a la información y el derecho a la protección de datos.

Respuestas del director de la AEPD

Al responder, el director de la AEPD, sostiene que su aportación puede tener valor en lo relativo a la articulación entre transparencia y protección de datos, pero no se siente legitimado para tratar otros aspectos.

Sobre la relación entre la Ley de Transparencia y la Ley de Protección de Datos afirma que es imposible predeterminar en un proyecto todos los elementos a considerar en caso de conflicto; y que revisando las regulaciones ya acreditadas se reduce finalmente a un criterio de ponderación, tomando en cuenta las circunstancias.

Comenta que la LOPD prevé que otra ley pueda determinar los supuestos en que se podrá ceder información, que no es necesario tensar la articulación entre las dos normas y no ve necesario modificar la LOPD.

Sobre el estatuto jurídico de la ley, entiende que el derecho de acceso a la información debería ser un derecho fundamental contemplado a la hora de elaborar la constitución. Pero también existen a su juicio “serias dudas”, respecto a cómo se elaboró la Constitución Española en su momento, de que el acceso a la información pueda considerarse un derecho fundamental.

Sugiere que podría vincularse a alguno de los derechos fundamentales reconocidos en aquella, pero independientemente de ello no considera que la protección de datos sea ni vaya a ser un obstáculo a la transparencia. Lo que sí remarca es que la ley de transparencia tiene que articular los mecanismos de acceso a la información y que, si se deniega este acceso en aras de la protección de datos, deberá hacerse justificadamente.

Respecto a la gestión en otros países de los problemas en ciertas peticiones de datos, señala que existen dos modelos. Uno en el que es la Agencia de protección de Datos se hace cargo, y países en los que es una agencia independiente. Afirma que corresponde al legislador elegir, pero que lo esencial es que se articule de manera coherente y consecuente.

Fuente: Los problemas de la protección de datos en la Ley de Transparencia

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