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Regulando los lobbies


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Rafa Rubio

Profesor y consultor de comunicación pública. La participación, las campañas y la diplomacia pública son sus ocupaciones y helprevolution.org su sueño.


Escrito el 22 de febrero de 2013 a las 10:10 | Clasificado en Nacional

Rajoy ha prometido regular los lobbies. Pero surge la duda de cómo hacerlo y quién ejerce de lobby y quién no.

Acuerdo (Fuente: Flickr CC)
Acuerdo (Fuente: Flickr CC)

Desde tiempo inmemorial los hombres han participado en la vida política. Los ciudadanos han buscado siempre la manera de defender sus intereses ante el poder y esto hace que la profesión de lobista compita con otras como una de las profesiones más antigua del mundo.

Según el Oxford English Dictionary habría que esperar hasta 1640 para que esta antigua profesión recibiera su nombre y se empezara a hablar de los ‘lobbies’ para referirse a los pasillos de la Casa de los Comunes, donde los ciudadanos podían ir para hablar con sus representantes. A comienzos del siglo XIX se empezó a oír hablar, en Estados Unidos, de ‘lobistas’ en el sentido actual de la palabra: fue tras la guerra civil norteamericana cuando se produjo su profesionalización y su crecimiento progresivo, pasando desde entonces a formar parte de la vida política norteamericana.

Al principio su actuación iba ligada a los intereses de las grandes multinacionales y poderosas organizaciones empresariales, como las Cámaras de Comercio, compañías de ferrocarriles a finales del siglo XIX, agricultores, tabaqueras… las únicas con medios suficientes para sostener actividades de este tipo.

Su forma de influencia, en defensa de intereses propios o ajenos, pasaba, según testimonios de la época por “cenas, fiestas y veladas”, invitaciones a casinos, propiedad de los propios lobistas, regalos a las esposas de los congresistas o incluso favores sexuales.

Los lobbies en el presente

La opinión pública y los distintos intentos de regulación han ido refinando este tipo de comportamientos. Con el paso del tiempo la labor de los lobbies se ha ido profesionalizando, convirtiéndose en una actividad basada en la gestión de información a través de acciones como el contacto personal y el asesoramiento técnico, la comunicación con la opinión pública y, en su caso, la movilización social. Los actores se han ido ampliando y diversificando más allá del mundo empresarial con la adopción, por parte de grupos de ciudadanos, de estas técnicas en defensa de sus intereses relacionados con los derechos civiles, la protección del consumidor o el medio ambiente.

Hoy el número de personas que ejercen la profesión de lobista de manera oficial supera los 10.000 registrados en Washington DC y los 5.000 registrados en Bruselas (probablemente las dos capitales en las que su presencia se encuentra más institucionalizada) y sus actividades mueven más de 3.500 millones de dólares anuales sólo en Estados Unidos.

Aunque se tiende a ver el lobby como un fenómeno anglosajón, y el término en su versión inglesa se ha incorporado al Diccionario de la Real Academia, esta práctica no es ajena a las realidades políticas de España y Latinoamérica, e incluso en castellano existe un término para definir este tipo de actividades: “cabildeo”.

En España se ha producido una profesionalización creciente. Si por el año 2000 la búsqueda en internet de las palabras ‘lobby’ y ‘España’ ofrecían sólo dos resultados (José Luis Sanchís y Hazteoir, que se definía como un lobby ciudadano), hoy en día son muchas las empresas que cuentan con un departamento de lobby, muchas las que ofrecen este tipo de servicios, tanto de manera exclusiva (Political Intelligence, Vinces…), como dentro de una oferta de servicios más amplia, especialmente despachos de abogados y empresas de comunicación.

Esta profesionalización se ha reflejado en la creación de una asociación profesional (APRI, presidida por María Rosa Rotondo) centrada en impulsar la profesionalización del sector y la defensa de sus intereses, así como una oferta formativa amplia para los que quieren dedicarse a esta profesión (IE, ICADE, así como formación específica sobre la materia en muchos otros Masters: Universidad de Navarra, Fundación Ortega y Gasset, o Unidad Editorial).

La promesa de Rajoy

El anuncio de regular el ejercicio del lobby, realizado por el presidente Rajoy durante el debate sobre el estado de la nación de 2013, respondería a esta realidad. Aunque la noticia ha pillado a muchos por sorpresa, recoge un asunto abierto en la regulación española desde los debates constituyentes, en los que Manuel Fraga propuso nada menos que su constitucionalización en los artículos 77,3 y 77.4, que serían finalmente rechazados. Desde entonces la necesidad de legislación ha sobrevolado cíclicamente el Congreso, convirtiendo a los lobbies en sospechosos habituales de cualquier escándalo de corrupción que afectara a la política española.

Durante un tiempo, y no sin cierta ironía, se ha señalado cómo, para comprobar la eficacia de los grupos de presión, basta con analizar las dificultades con las que suele encontrarse cualquier intento de legislar la actuación de estos grupos. Pero esta vez en su anuncio Rajoy reconocía expresamente la presión del lobby de los lobbies (APRI), que desde su fundación ha convertido la regulación del sector en su objetivo principal.

La decisión sigue el rumbo de otros países que, tras la regulación norteamericana de 1996, han comenzado a regular la cuestión (Francia, Austria, Hungría, el Reino Unido, Polonia, México, Perú o Chile), y donde destaca especialmente la creación del registro de lobbies unificado de la Unión Europea.

La regulación pendiente

Habrá que esperar para ver cómo evoluciona el anuncio. No es la primera vez que en el Congreso se plantea esta cuestión: en 1990 y 1993 se aprobaron sendas proposiciones no de ley instando al Gobierno a regular la materia y, finalmente, estas iniciativas quedaron en nada. Si sigue adelante, la regulación deberá responder una serie de preguntas, que ya se han planteado previamente en otras regulaciones de la profesión.

La primera es cómo llevarla a cabo. Desde 1996 la tendencia de regulación de los lobbies se concentran en establecer un registro, obligatorio o voluntario, en el que deben inscribirse los grupos. A este registro se le añadiría la presentación periódica, por parte de cada grupo, de un informe exhaustivo de sus actividades, su financiación, sus gastos, las decisiones en las que han participado y los legisladores con los que han tenido relación.

Esta fórmula, que garantiza la transparencia, requiere la capacidad del registro para gestionar un gran volumen de información, para lo que habría que dotar a las Cámaras de recursos suficientes y facilitar su labor con medidas como la obligatoriedad de entregar los informes en formatos abiertos.

Además, la información, fruto del registro y los informes, debería hacerse pública en un formato que permitiera su reutilización por parte de los ciudadanos. A este registro, que debería ser común para el Congreso y el Senado, y los consiguientes informes, habría que añadir otras medidas como la modificación del “Estatuto del Parlamentario” en temas como los relacionadas con la “puerta giratoria” (el paso de la vida pública a la empresa privada, en sectores relacionados con el cargo desempeñado) que, aunque en nuestro país ya existen, deberían ser objeto de revisión.

La opción del registro nos lleva automáticamente a la segunda pregunta: ¿quién debería registrarse? Esta pregunta, que suscitó una gran polémica durante la aprobación de los registros comunitarios, resulta clave para la eficacia de la regulación.

Más allá de los despachos profesionales (los únicos que reciben con propiedad el nombre de lobbies), las organizaciones que, legítimamente, tratan de influir en los procesos legislativos es amplísimo: organizaciones profesionales, confesiones religiosas, ONGs, despachos de abogados, agencias de comunicación, sindicatos…

¿Deberían todas ellas apuntarse al registro? ¿Y deberían hacerlo de manera voluntaria u obligatoria? ¿Y qué deberían hacer los grupos de ciudadanos que, sin formar parte de ninguna organización, pretenden participar activamente en la elaboración de políticas públicas?

Por último se plantea la cuestión de dónde regularlo. El anuncio del presidente del Gobierno apuntaba a los respectivos reglamentos de las cámaras como el lugar dónde se regularía el lobby. Esta ubicación normativa, defendida por APRI y que es práctica habitual, podría dejar fuera de la normativa la práctica de estos grupos de presión sobre el poder ejecutivo que, dada la importancia que el Consejo de Ministros tiene en nuestro país tiene en las iniciativas legislativas, dejaría fuera una buena parte del trabajo de los lobbies.

El primer paso está dado, pero aún queda mucho camino por delante. Del acierto en la manera de regular dependerá su eficacia y, en buena medida, la credibilidad de las reformas de regeneración democrática.

Los votantes dicen...
  1. […] informa Fernando Garea, el Gobierno ha empezado a trabajar sobre la anunciada regulación del lobby. El mero anuncio no deja de resultar paradójico, porque la adopción de medidas que afectan al […]

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