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Un año gestando esta ley


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Cristina Puebla

Periodista, en la actualidad en la web de elEconomista, antes en la Cadena Ser (Hora 25) y en política en Europa Press


Escrito el 7 de diciembre de 2013 a las 2:22 | Clasificado en Ciudadanía, Justicia, Nacional

El Congreso, este año sí, ha abierto sus puertas a los ciudadanos. Y lo ha hecho justo cuando se ha aprobado la Ley de Seguridad Ciudadana, una respuesta a las protestas vividas el año pasado-

Uno de los dos leones de bronce del Congreso de los Diputados. (Wikipedia)
Uno de los dos leones de bronce del Congreso de los Diputados. (Wikipedia)

Como cada año en estas fechas se ha celebrado la jornada de puertas abiertas en el Congreso. Todo aquel que quisiera podía pasear durante dos días por los pasillos del Parlamento, o sentarse en un escaño en el Hemiciclo, símbolo y sede de la soberanía popular. Sin embargo, este año se ha observado una disminución considerable en las visitas.

En total, 12.700 personas fueron las que decidieron acudir este año, frente a las más de 15.600 que lo hicieron en 2011, lo que hace planteable si es casualidad o es que está descendiendo el interés de los españoles en todo lo que se refiere a la política, la desafección de la que tanto se habla. El día transcurrió con normalidad, con excepción de un ciudadano que profirió gritos despectivos hacia la Constitución y lanzó pasquines en la sala de Plenos.

Es la primera vez desde que Mariano Rajoy llegó al Gobierno que se hace un acto de este tipo, ya que el año pasado el PP canceló esta jornada, ante las críticas del resto de grupos de la Cámara, por las obras del Congreso.

Lo cierto es que en 2012 los movimientos sociales de protesta eran muy frecuentes, tanto es así que llegaron a incomodar mucho al Ejecutivo, que intentó por todos los medios que no se produjeran. Los organizadores del movimiento ‘Ocupa el Congreso’ declararon que la policía llevó a cabo detenciones “preventivas” a quienes portaban pancartas días antes, mientras anunciaban las concentraciones en la Carrera de San Jerónimo. Incluso la delegada de Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, llegó a declarar que lo que pretendían hacer los manifestantes era un “golpe de estado encubierto”, ya que la iniciativa, a su juicio, provenía de “grupos muy radicales, tanto de derechas como de izquierdas”.

Con las protestas en la puerta

El Partido Popular llegó al gobierno en un clima de crispación e inestabilidad económica, política y social, y heredó del Partido Socialista, además de una delicada situación económica, un movimiento social en la calle muy arraigado y muy activo, que había tenido su origen en las protestas que acabaron en la ‘Acampada Sol’, y que posteriormente se tradujo en muchas movilizaciones sociales, encarnadas por diversos colectivos, entre ellos jóvenes y mayores sin empleo, la plataforma de afectados por la hipoteca, afectados por preferentes, y ciudadanos de a pie que pedían a gritos un cambio político y social. Todos ellos luchaban por una causa común y manifestaban su rechazo de manera explícita a las políticas del gobierno.

De aquellos días de gritos, peleas, detenciones y mala praxis es ahora la Ley de Seguridad Ciudadana, recientemente aprobada por el Gobierno. Una ley que ha nacido bajo la controversia y el rechazo de la ciudadanía, que ve en ella un recorte en sus derechos más primarios.

El Ejecutivo anunció en un primer borrador una serie de sanciones que oscilaban entre los 30.000 y los 600.000 euros para aquellos que participaran en protestas no comunicadas frente al Congreso o el Senado, aunque no se estuvieran celebrando plenos, algo que finalmente quedó rebajado a multas de entre 1.001 y 30.000 euros. Todo esto hace pensar que la estrategia del Gobierno pasaba por lanzar un mensaje duro, incluso alarmante, un ‘globo sonda’, para luego lanzar otro más suave, que pareciera menos malo en el resultado final. Como cuando cuentas la noticia mala primero y luego una buena para hacer olvidar lo que no interesa decir.

No sólo los grupos sociales han mostrado su rechazo al anteproyecto de ley: el secretario de Organización del PSOE, Óscar López, declaró que lo que está haciendo el PP es recortar libertades, tras haber recortado ya los derechos, y Joaquín Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, ha dicho que para el PP, el ciudadano que protesta es el enemigo y que lo que está haciendo es recurrir al derecho penal del enemigo, “aquél que en pos de la seguridad castiga al autor por el hecho de ser peligroso, es el enemigo”. Hasta Europa ha dicho que ve la ley “desproporcionada”.

Una vez más, como ya está siendo habitual, el Gobierno ha conseguido poner de acuerdo a la mayoría de los sectores sociales, políticos, e incluso esta vez a la judicatura, en posturas contrarias a las medidas que está adoptando. Y una vez más también, aplica el rodillo de su mayoría absoluta en sus decisiones unilaterales.

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