Una imputación ‘real’

El juez José Castro ha imputado a la Infanta Cristina por presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales, y ya es la segunda vez. Ante la des-imputación en el primer intento de citarla a declarar, Casto se ha ataviado con 227 folios de razones que avalan las premisas por las cuales el magistrado considera que la hija del Rey tiene que prestar declaración y aclarar cuál es su grado de participación y de implicación en la sociedad Aizoon, en la que aparece como co-propietaria al 50% con su marido, Iñaki Urdangarín.

Pero este caso, al margen de las complejidades judiciales que se pueden derivar, está trayendo serios problemas a mucha gente. Al primero, al propio juez, al que le están saliendo algunos enemigos. El Fiscal anticorrupción de Palma, Pablo Horrach, viejo conocido del juez, ha manifestado que la imputación de la Infanta se debe a “una teoría conspiratoria”, basada en “la absurda y denigrante teoría de una supuesta manipulación tendenciosa”, por los informes de la Agencia Tributaria, pero ha apuntado que renuncia a recurrir tal imputación, porque la duquesa de Palma ha anunciado que acudirá voluntariamente.

A nadie se le escapa que con los papeles en la mano, la Infanta recibió pagos de la empresa Aizoon, y tampoco se nos escapa que Doña Cristina organizó eventos familiares y fiestas de cumpleaños y comuniones de sus hijos, que contrató en negro al personal de servicio que tiene en casa, que ‘maquilló’ facturas, y que en definitiva la empresa que posee con su marido fue creada para repartir los beneficios que obtenían de otras empresas, como el Instituto Noos. Si a todo esto le añadimos el agravante de que suponemos que la Infanta tiene conocimientos del mundo de la economía y la banca, dada su formación universitaria y su profesión en la Caixa desde hace más de 10 años, no se puede entender que la fiscalía se extrañe al respecto de tal anuncio.

Ante estos supuestos, las declaraciones del Fiscal en apoyo expreso a la Infanta, tras la negativa de la abogacía del estado y de la acusación particular a presentar un recurso para anular la imputación, rozan tanto lo sorprendente como lo absurdo, pero Horrach no se ha quedado ahí. El Fiscal, en su papel de garante defensor de los derechos del Estado, ha pedido al juez que cite a declarar a la jefa del grupo de delincuencia económica de la Policía Judicial, a los técnicos e Inspectores de Hacienda que elaboraron los informes sobre las empresas de las duques y las siete representantes de empresas, de las que Urdangarín formó parte en los Consejos de Administración, algo a lo que Castro ha accedido y que hará el sábado 25 de enero, puesto que ha de hacerse antes de que lo haga la propia Infanta.

A este panorama de novela judicial hay que sumarle un capítulo de novela rosa, ya que apareció en escena uno de los abogados de la infanta, Jesús María Silva, que no tuvo otra ocurrencia que declarar que la hija pequeña del Rey actúa así “por su fe en el matrimonio y amor a su marido” en el que confía “contra viento y marea”, y añadió que no se puede pretender ir a un notario cada vez que un miembro de la pareja da un documento a firmar, extraordinario ejemplo de lo que tiene que ser un matrimonio.

En cualquier caso, habrá que esperar para saber qué es lo que cuenta la Infanta, veremos también si acude a pie, bajando por esa pasarela judicial tan conocida, o lo hace por la puerta de atrás, y si la declaración será grabada, como es habitual, o tendrá que ser trascrita (como se hizo la primera vez con su marido) ante el temor de ser filtrada a los medios, aunque esos son problemas menores. Al fin y al cabo, “la justicia es igual para todos”.

 

Cristina Puebla

Periodista, en la actualidad en la web de elEconomista, antes en la Cadena Ser (Hora 25) y en política en Europa Press

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