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Una victoria por la mínima


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Cristina Puebla

Periodista, en la actualidad en la web de elEconomista, antes en la Cadena Ser (Hora 25) y en política en Europa Press


Escrito el 15 de noviembre de 2013 a las 10:16 | Clasificado en Nacional

Esta semana se ha dictado la primera sentencia que obliga a la Administración Central a devolver la paga extra de Navidad del pasado 2012 de forma íntegra a un funcionario andaluz. Esta tipo de sentencias sólo serán aplicables a los funcionarios de la Justicia, ya que aunque el Gobierno hizo público el recorte de las pagas extra de los funcionarios en el mes de julio, la norma para este sector del funcionariado no llegó hasta diciembre, y no es de carácter retroactivo. Esta sentencia es firme y por tanto no cabe recurso.

El ala sur de Nuevos Ministerios. (Wikipedia)
El ala sur de Nuevos Ministerios. (Wikipedia)

Este es el principio de la conclusión de un largo recorrido, sobre el que todavía queda mucho que decir, que comenzó en julio de 2012, y sobre el que se ha intentado buscar, sin éxito hasta ahora, vacíos legales, subterfugios, fisuras, o la manera de poder atajar una de las medidas más impopulares y más criticadas por el conjunto de la ciudadanía. El Gobierno ha hecho oídos sordos a las quejas de los ciudadanos y aunque este año sí abonará la paga extraordinaria de Navidad, ha vuelto a congelar el salario a los empleados públicos, y ya van cinco años. Tampoco debemos olvidar que en Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010, les bajó un 5% el sueldo.

El recorrido político de esta medida comenzó el 12 de julio de 2012,  y desde entonces muchos han sido los que han intentado atajarla sin obtener resultados, sin embargo ahora, un año y cuatro meses después,  el 11 de noviembre de 2013, un juzgado contraviene el decreto del Gobierno, pero sólo para unos pocos. Este es el epicentro de la polémica.

El 12 de julio de 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy dio un giro de 180 grados a su programa político. El presidente del Gobierno compareció ante la Cámara para dar cuenta de una serie de medidas que tenía que tomar para cumplir con las exigencias que venían de Europa. Entre ellas, la subida del IVA, la reducción del 30 % de los concejales y la supresión de la paga extra de navidad a los funcionarios en el ejercicio de 2012.

De esta manera, Rajoy dilapidó en minuto y medio la mayoría de su programa político, dando al traste, en siete meses, con casi todas las promesas que había hecho a la ciudadanía en campaña electoral. Ya sólo mantendría en pie su compromiso de revalorizar las pensiones, y ahora vemos que tampoco lo ha cumplido.

En ese momento, el presidente del Gobierno justificó la decisión con el argumento de que no tenía más remedio que hacerlo, ya que según el Ejecutivo, las medidas tomadas dependían de la herencia recibida del Partido Socialista, que dejó el Gobierno con un déficit público del 6,3 % aunque luego se demostró que el agujero ascendía al 8,51%, casi el doble de lo exigido por Bruselas.

Las primeras reacciones vinieron de la mano de las Comunidades Autónomas. Extremadura, gobernada por el ‘popular’ José Antonio Monago, anunció que pagaría las extras a sus empleados públicos con 240 millones de euros procedentes del impuesto sobre los depósitos bancarios, aprobado por el Gobierno socialista de Rodríguez Ibarra en 2001, y que el Tribunal Constitucional había avalado. Pero poco duró la buena noticia ya que un día después, Monago tuvo que declarar que en ningún momento Extremadura se iba a “rebelar” contra Madrid, tras las declaraciones de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, en las que afirmaba que si Extremadura incumplía el decreto del Gobierno, el ejecutivo formalizaría un recurso de inconstitucionalidad. Entonces Monago recondujo la situación y manifestó que lo que iba a hacer era adelantar la paga de junio de 2013 al mes de enero.

El País Vasco, entonces gobernado por el PSE, también anunció que pagaría las extras a sus aproximadamente 70.000 funcionarios. Y aunque el Lehendakari, Patxi López, asumía que probablemente tendría que terminar por sucumbir a las órdenes de La Moncloa, su Gobierno recurrió ante el Tribunal Constitucional esta medida. El recorrido político término con la Lehandakaritza renunciando a pagar las extras, después de que el Alto Tribunal les obligara a cumplir lo acordado por el Gobierno, pero el ejecutivo de López ya había mandado abonar las pagas, y de hecho unos 2.500 empleados públicos llegaron a tener el dinero en sus cuentas bancarias, aunque posteriormente se les fue retirado.

En medio de esta rebelión, el 25 de diciembre, en plena comida de Navidad, el Gobierno mandó un comunicado en el que anunciaba que Hacienda restituiría las cotizaciones de la paga extra no cobrada. Esto quiere decir que Hacienda había descontado la cotización correspondiente a esa paga que no había sido abonada.  De las 14 pagas que supuestamente reciben los empleados públicos, Hacienda descuenta la cotización correspondiente a todas ellas, en los doce meses del año. El problema es que en 2012 fueron 13 y no 14 pagas y por lo tanto el ministerio retuvo a sus trabajadores una parte proporcional a una nómina que los empleados no habían recibido. En el comunicado, el ministerio dirigido por Cristóbal Montoro lamentaba el “impacto negativo” que había tenido la falta de adecuación de las cuotas, y anunciaba que en el primer trimestre de 2013 “subsanaría ese efecto” abonado el importe equivalente.

Lo cierto es que sólo dos sentencias han obligado a devolver la parte devengada de la paga extra, es decir, la cantidad proporcional a la paga extra desde que comienza el periodo de cotización, es decir  el 1 de julio, y el día en que se hizo efectivo el recorte del Gobierno, el 13 de julio. Así, un juzgado de Palencia y otro de Madrid, obligaron a abonar esta parte de la nómina a dos funcionarios, alegando que los recortes no se pueden aplicar con carácter retroactivo.

Hasta la fecha sólo tres sentencias han logrado que tres empleados públicos obtengan una parte o la paga íntegra. El resto de los 2,5 millones de empleados públicos tendrán que conformarse con el compromiso del Gobierno de devolver el correspondiente dinero en un fondo de pensiones en 2015, si todo va bien, y la estabilidad presupuestaria lo permite, y aquí se podría abrir otro debate, ya que no todos los funcionarios tienen dicho fondo de pensiones. Todo esto está por ver, a la vista de que el ministro Montoro sigue sin reconocer este recorte, ya que como afirmó recientemente en los pasillos del Congreso, el Gobierno no suprimió la paga, sino que hizo un “desplazamiento en el tiempo de pago”. Puede que para el titular de Hacienda el crecimiento negativo sólo sea una manera de ver el vaso medio vacío.

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