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A la caza de la vivienda vacía


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Isabel Jarillo

Periodista. He centrado mi carrera en la prensa escrita, con una década de experiencia y casi ocho años dedicados a Diario Qué! (Vocento) en Málaga como redactora y jefa de Información. También he pasado por Sur.es, Diario Málaga, El Correo de Málaga y Diario de Cádiz.


Escrito el 5 de abril de 2014 a las 8:41 | Clasificado en Andalucía

La Junta paraliza casi por completo la construcción de viviendas protegidas en su apuesta por ocupar las 700.000 casas vacías que existen, muchas de ellas de instituciones y bancos. Precisamente, ha abierto expediente a ocho entidades financieras y al Sareb por no declarar las VPO desocupadas que poseen.

La consejera de Vivienda, Elena Cortés. (juntadeandalucia.es)
La consejera de Vivienda, Elena Cortés. (juntadeandalucia.es)

Ante la caída del ladrillo y la falta de liquidez en las arcas públicas para subvencionar nuevas construcciones que garanticen el derecho a una vivienda digna a través de la venta de VPO, la Junta de Andalucía alumbra la situación bajo otro foco. Para ello, endurece la vigilancia de los inmuebles vacíos que existen en la comunidad a través de una ley que recoge sanciones para las personas jurídicas que tengan en su poder casas desocupadas, multas que ascienden hasta los 9.000 euros si se acredita que éstas permanecen sin habitar durante más de seis meses al año. Este punto, que está recurrido ante el Tribunal Constitucional y, por lo tanto, pendiente de saber si podrá ser aplicado, ha generado no poca polémica entre los propietarios.

El Gobierno andaluz basa este tipo de actuaciones en un dato más que relevante: 700.000 pisos vacíos se contabilizan en la región, a tenor de los datos del Instituto Nacional de Estadística relativos a 2011 y extrapolados al pasado año. Y aprovecharlos, tal y como denota la Ley de Función Social de la Vivienda, es su objetivo prioritario ahora, dadas las circunstancias, pues los promotores y constructores mantienen el freno echado por la falta de crédito y, por tanto, de acceso que presentan las familias.

Con esta premisa, el Gobierno andaluz mantiene su creación a ralentí, pues las VPO iniciadas han caído por encima del 90% en la última década, si comparamos 1.158 inmuebles iniciados en 2005 con los 62 de 2012. Una tendencia que se mantuvo el pasado año. Pese a ello, las viviendas protegidas que permanecen sin ocupar constituyen el 14% del parque inmobiliario andaluz.

Otra de las opciones por las que aboga la administración andaluza es fomentar la rehabilitación, en lugar de subvencionar las de obra nueva. De hecho, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha anunciado un plan de construcción sostenible, al que ha dotado de 200 millones de euros.

 

Bancos expedientados y multas que pueden llegar hasta 120.000 euros

Y para demostrar que no va de farol, la administración andaluza ya ha abierto expediente a ocho entidades financieras por no haber puesto a disposición de los registros municipales de demandantes las viviendas protegidas que tenían en sus balances, según anunció la Consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés. Este hecho, informó, supone una falta muy grave que puede acarrear sanciones que oscilan entre los 30.000 y los 120.000 euros.

Se trata pues de una traba más para que los bancos saquen a relucir los pisos que poseen y que, según recordó Cortés, “han sido pagados con dinero público”. Dichas entidades, entre las que se encuentran BBVA, Santander, Banco Popular y Sabadell, sí dieron cuenta a la Junta de dichos inmuebles, pero no a los registros municipales de los municipios en los que se encuentran, por lo que difícilmente podrían ser asignados en la práctica

Este mismo procedimiento ha iniciado la administración andaluza contra la propia Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) por no informar de las VPO que poseen, cifra que ascendía al menos a 911 casas. Dicho expediente, iniciado en febrero, puede traducirse en multas de hasta 109,4 millones de euros.

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