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La manta de los ERE


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Isabel Jarillo

Periodista. He centrado mi carrera en la prensa escrita, con una década de experiencia y casi ocho años dedicados a Diario Qué! (Vocento) en Málaga como redactora y jefa de Información. También he pasado por Sur.es, Diario Málaga, El Correo de Málaga y Diario de Cádiz.


Escrito el 12 de junio de 2013 a las 8:51 | Clasificado en Andalucía

La jueza Alaya ha levantado el secreto de sumario en el caso de los ERE andaluces. Entre varios datos nuevos se han colado algunas anécdotas llamativas.

Mercedes Alaya, juez del caso de los EREs (Fuente: Facebook Club de Fans de Mercedes Alaya)
Mercedes Alaya, juez del caso de los EREs (Fuente: Facebook Club de Fans de Mercedes Alaya)

El caso de los ERE andaluces sigue y seguirá dando mucho de qué hablar, a tenor de las últimas revelaciones sobre el curso de la investigación más incómoda para la historia del Gobierno andaluz.

Estos días hemos conocido la pieza secreta del sumario que, tras permanecer reservada por la juez Mercedes Alaya durante más de seis meses, arroja ahora –tras dos años y medio de pesquisas- algo de luz y algún que otro dato anecdótico. Así, la lista de 73 imputados, entre los que destacan políticos, sindicalistas, empresarios e intermediarios, pone el foco sobre los testaferros que, a la orden de unos y otros, actuaron como correos con sobres de dinero público malversado.

Y es que, dejando a un lado el perfil de dichos enlaces, entre los que se encuentran desde un indigente magrebí hasta un camello, pasando por un alcohólico y un cocainómano, según se desprende del sumario del caso, están saliendo a la luz los tejemanejes de estos presuntos correos para hacer llegar sobornos a “políticos muy importantes”. En esta línea se enmarca la declaración del testaferro Juan Francisco Algarín, que cita hasta ocho cafeterías y pubs sevillanos en los que hizo entrega de su cometido, el cual llegó a alcanzar cantidades elevadas, de hasta 200.000 euros.

Un despilfarro en forma de comisiones ilegales que explica que consultoras como Vitalia y Uniter, que se llevaban hasta el 20% por tramitar los Expedientes de Regulación de Empleo, obtuvieran 34 millones de euros de forma ilícita.

Y la principal pieza de conexión entre las consultoras, los testaferros y la Junta no era otra que la del ex sindicalista Juan Lanzas, que amasó una fortuna de 13 millones y en cuya casa localizaron hasta 82.000 euros en metálico.

Su amistad con Javier Guerrero -ex director general de Trabajo y Seguridad Social- le permitía controlar los sobornos a todos los niveles. Pero no todo era trabajar, pues recientemente se ha conocido que Lanzas pagó a Guerrero viajes de lujo a destinos como China y Egipto con el dinero de los ERE, vacaciones que también cubrían los gastos de sus respectivas esposas.

Además de estos movimientos, ahora sabemos, tras acceder a los miles de folios del sumario, que las formas de desviar el dinero que se utilizaban en esta trama eran múltiples y, cuanto menos, curiosas. A continuación destacamos las más llamativas:

  • Comprar cocaína. Esto es, al menos, lo que parece ser que hacía Juan Francisco Trujillo, antiguo chófer de Javier Guerrero –ex director general de Trabajo y Seguridad Social-. La juez Alaya señala que ambos eran adictos.
  • Proyecto Hombre. La Guardia Civil detalla que el presunto testaferro en empresas investigadas por los ERE falsos y que llevó sobres con dinero al ex sindicalista Juan Lanzas, Juan Francisco Algarín, pertenece a esta asociación.
  • Indigente de origen magrebí. Se trata de Moutaz Al Mokhtar Kasem, quien supuestamente fue enrolado como administrador y testaferro en seis sociedades que el grupo Vitalia –mediador de los ERE fraudulentos-, usó como tapadera para blanquear, presuntamente, parte de las comisiones pagadas por la Junta por tramitar pólizas de prejubilación.
Las cifras del despilfarro

La investigación del caso, que eleva a 73 los imputados –de los que siete son ex altos cargos del Ejecutivo andaluz-, considera que los fondos públicos defraudados entre 2001 y 2010 superan los 136 millones. Esta cifra engloba los 50 millones que la Guardia Civil estima que fueron desviados en sobrecomisiones, más las ayudas a 121 empresas que concedió la Junta por valor de 73 millones y los 12,3 millones que percibieron 126 intrusos –prejubilados ajenos a las compañías beneficiadas-.

La Cámara de Cuentas analizó el fondo de los ERE, dotado de 721 millones, y precisó estas cantidades. Por su parte, la Administración andaluza exige la devolución de dichas subvenciones y las pólizas abonadas a los intrusos. Pero esta es otra batalla legal que se prevé aún más larga.

Los votantes dicen...
  1. […] hay algo más complicado que lidiar con una trama de corrupción del calibre del caso de los ERE es intentar hermanar a las aficiones del Real Betis Balompié y del Sevilla F.C. Seguramente para […]

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