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Las víctimas de la crisis


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Isabel Jarillo

Periodista. He centrado mi carrera en la prensa escrita, con una década de experiencia y casi ocho años dedicados a Diario Qué! (Vocento) en Málaga como redactora y jefa de Información. También he pasado por Sur.es, Diario Málaga, El Correo de Málaga y Diario de Cádiz.


Escrito el 17 de diciembre de 2013 a las 8:23 | Clasificado en Andalucía

La muerte de tres miembros de una familia sevillana posiblemente por la ingesta de alimentos caducados pone el foco en el mal funcionamiento de los servicios sociales y sanitarios. El cabeza de familia, fontanero, perdió su empleo y se dedicaba a recoger cartones. Vivían como ‘ocupas’ en su propia casa, que estaba embargada por el banco.

'Esperando la sopa', de Isidre Nonell i Monturiol. (Wikipedia)
'Esperando la sopa', de Isidre Nonell i Monturiol. (Wikipedia)

Mientras que políticos y economistas se dedican a vaticinar que el fin de la recesión económica está próxima y analizan con lupa las cifras del paro o la evolución del PIB, la realidad para muchas familias sigue siendo muy cruda. Y no se trata de que no puedan disfrutar de un gran banquete navideño o rendirse al consumismo en un periodo en que las ventas tienen previsiones más o menos halagüeñas –lo cual no tiene demasiado mérito si atendemos a que ya superamos el lustro de caídas-.

Es una cuestión de pasar necesidad. Penuria. De no llegar a final de mes. De tener que pedir comida y de perderle el respeto a las etiquetas que advierten del estado de los alimentos. Situaciones que a nuestros dirigentes se les atragantan y a las que suelen referirse normalmente a través de eufemismos.

La historia que ha sobrecogido estos días a Andalucía lanza al aire una pregunta muy clara: ¿pueden evitarse tragedias como ésta? Y lo más importante, ¿hay personas responsables de prevenirlas? Si analizamos todos los factores que desencadenaron la muerte de tres miembros de una misma familia en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) el pasado sábado por la posible ingesta de alimentos caducados, seguramente lleguemos a esta conclusión.

Enrique y Concepción no cesaron nunca en la tarea de sacar adelante a sus dos hijas, Tamara y Vanesa, de 14 y 13 años, respectivamente. Por desgracia, su lucha encontró el peor de los finales: la muerte del matrimonio y de la hermana mayor a causa, muy probablemente, de una intoxicación alimentaria.

El cabeza de familia, fontanero de profesión, había perdido su trabajo con el inicio de la crisis, que tampoco le daba demasiadas oportunidades para ejercer. De ahí que tanto él como su esposa dedicasen todos sus esfuerzos a la recogida de plásticos, cartones y cualquier material susceptible de ser vendido. Sus vecinos y los supermercados de la zona recuerdan su incansable tarea para ganarse la vida. Y es que los ingresos habían desaparecido en este hogar sevillano hace tiempo. Además, vivían como ‘okupas’ en su propia casa, que había sido embargada por el banco al no poder hacer frente al pago de la hipoteca.

De hecho, Enrique Caño había solicitado en octubre el denominado Salario Social, una ayuda asignada a familias que ya no disponen de otros recursos económicos y cuya concesión tiene una demora que habitualmente supera los cinco meses que reconoce la Junta de Andalucía e incluso alcanza los ocho meses. Se trata de una subvención cuya cuantía oscila entre los 400 y los 600 euros al mes, dependiendo del número de miembros de la unidad familiar, y que se prolonga durante un máximo de seis meses.

Susana Díaz se comprometió a reducir la lista de espera a tres meses

La presidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz, anunció precisamente durante su discurso de investidura su intención de agilizar el trámite y reducir el periodo de espera para la concesión de esta ayuda a un máximo de tres meses.

Fuentes de la Junta aseguran que, en este momento, la partida asignada para esta subvención, unos 70 millones de euros, ya está agotada. Y es que el número de solicitudes ha alcanzado una cifra récord este año, con más de 54.000 peticiones, de modo que la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha comprometido 28 millones más para poder hacer frente a la demanda.

El Defensor del Pueblo Andaluz interpone una queja de oficio

Jesús Maeztu ha abierto una queja de oficio sobre el trágico suceso interesándose, por una parte, por el correcto funcionamiento de los servicios públicos de atención sanitaria y, por otra, por la prestación de servicios sociales, con el fin de conocer las actuaciones que se practicaron.

Familiares se plantean denunciar la atención sanitaria recibida

En estos momentos, se investiga cuáles han sido las causas exactas de los fallecimientos y cómo es posible que tres personas hayan perdido la vida de manera tan fulminante por una intoxicación alimentaria.

Asimismo, parientes del matrimonio ponen en tela de juicio si la atención prestada por los servicios sanitarios fue la adecuada y por qué la ambulancia que acudió al domicilio de madrugada se fue y no se los llevó a un hospital. Unas horas después, un vecino volvió a dar la voz de alarma, pero ya sólo pudieron salvar la vida de Vanesa.

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