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PSOE, AVE, BEI y ERE


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Isabel Jarillo

Periodista. He centrado mi carrera en la prensa escrita, con una década de experiencia y casi ocho años dedicados a Diario Qué! (Vocento) en Málaga como redactora y jefa de Información. También he pasado por Sur.es, Diario Málaga, El Correo de Málaga y Diario de Cádiz.


Escrito el 14 de marzo de 2014 a las 10:00 | Clasificado en Andalucía

La juez de los ERE ha impuesto una fianza civil de 29,5 millones de euros a la exministra de Fomento y exconsejera andaluza Magdalena Álvarez por considerarla como una de las artífices de un sistema ilegal de ayudas que se prolongó en el tiempo durante más de una década.

La ex ministra Magdalena Álvarez. (Flickr: Friends of Europe)
La ex ministra Magdalena Álvarez. (Flickr: Friends of Europe)

La sombra de los ERE fraudulentos de la Junta es alargada y hacia su entramado nos continúa abriendo camino la juez Mercedes Alaya. La magistrada, azote de las ayudas ilegales en Andalucía, ha impuesto una cuantiosa fianza civil a la que fuera ministra de Fomento y consejera de Hacienda, Magdalena Álvarez, quien además, paradojas de la vida, es ahora vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

El montante, que ya de por sí refleja el grado de implicación que presupone Alaya, supera los 29,5 millones de euros y responde a la acusación de prevaricación y malversación de fondos públicos. Y es que la instructora considera a la malagueña responsable y “promotora” del procedimiento que concedió las subvenciones sociolaborales, el cual dio origen al fraude en la Consejería de Empleo.

Para Álvarez, esta decisión no ha debido de pillarle de sorpresa, pues la juez ha solicitado su declaración en dos ocasiones, la segunda en octubre de 2013, pese a que ni la Fiscalía Anticorrupción, ni la Junta o el PP –personados como acusación- lo habían requerido.

El auto, que también impone sendos depósitos de 22,1 y 8,8 millones, respectivamente, al que fuera viceconsejero José Salgueiro y al secretario general técnico de la consejería, Antonio Estepa, deja claro que dichas medidas cautelares persiguen “la devolución del dinero que, de manera indiciariamente ilícita, ha salido del erario de la Junta”.

Dotación del presupuesto que financiaba ilegalmente las ayudas

De la causa se extrae que los inculpados, en virtud de sus cargos y en connivencia con otros, serían promotores del procedimiento ilegal de ayudas mediante la dotación a la Consejería de Empleo de un crédito para la elaboración de un presupuesto anual que perseguía “financiar operaciones genéricas de los entes o empresas públicas”.

De este modo, la Junta transfería al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) los fondos para el pago a terceros, con el objetivo de que  no se gestionasen como subvenciones, sino como transferencias de financiación, eludiendo así los requisitos legales de tramitación y fiscalización de las propias ayudas.

Es por ello que Alaya insiste en que Álvarez, Salgueiro y Estepa participaron en ese uso ilegal de fondos públicos “a sabiendas de que las subvenciones se concederían con absoluta discrecionalidad y de forma totalmente opaca”.

Álvarez debe responder de la gestión en tres de los once años investigados

La investigación, que abarca los años 2000 a 2011, no podía pasar por alto la gestión de Magdalena Álvarez, titular de Economía y Hacienda de la Junta de 1999 a 2004. De hecho, la juez la responsabiliza del sistema de ayudas desde 2001 hasta finales de 2003.

Tras las elecciones generales de 2004, a las que discurre como candidata al Congreso por Málaga, es nombrada ministra de Fomento, cargo que mantiene hasta 2009. Precisamente, uno de los grandes logros de su cartera fue la llegada de la conexión Málaga-Madrid a través de la Alta Velocidad, en diciembre de 2007.

Posteriormente, tras dejar en 2010 su cargo como eurodiputada para asumir la vicepresidencia del Banco Europeo de Inversiones, fue imputada por el caso de los ERE fraudulentos el pasado julio.

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