Paso firme contra los desahucios
La Junta mueve ficha frente al Gobierno central y el PP, y ha ejecutado esta semana la primera expropiación temporal de una vivienda para evitar así que el banco se quede con ella y que una familia sea desalojada. La región ha sufrido más de 80.000 lanzamientos hipotecarios desde 2007.
La comunidad andaluza ha dado un nuevo y definitivo paso para convertirse en un territorio libre de desahucios, tal y como venía prometiendo incluso frente al toque de atención del Gobierno central, que presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional frente a la medida que hace prevalecer la función social de la vivienda. Así lo recoge la Junta en su decreto de ley cuyo fin último es la expropiación temporal de inmuebles bajo la ejecución hipotecaria de bancos, siempre que los afectados estén en riesgo de exclusión social.
De este modo, el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó ayer el primer expediente de expropiación del uso de una casa andaluza, en aplicación de la norma aprobada el pasado 25 de septiembre. Una modificación legislativa que, más allá de su plasmación en negro sobre blanco, ha venido a dar un respiro de tres años a la familia de María del Carmen Andújar, su marido y sus dos hijos, residentes en un piso de Huelva que ya fue embargado por una sociedad de gestión de activos como paso previo al desalojo.
Así lo explicó la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, quien señaló que la culminación del expediente de expropiación asegura un techo bajo el que vivir en alquiler social durante tres años, en los que la familia afectada pagará el 25% de sus ingresos y nunca más de 130 euros al mes. En este caso concreto, María del Carmen obtiene un sueldo de 420 euros mensuales y su marido recibe la ayuda de 400 euros hasta enero.
La Junta ha informado de que, actualmente, existen otras 130 expropiaciones listas en fase más o menos avanzada, en sólo tres meses de vigencia de la norma, fundamentalmente durante el tiempo que estuvo vivo el decreto anterior a la Ley y que fue recurrido ante el Constitucional.
De estos expedientes, a 17 sólo les resta el paso de su culminación en Consejo de gobierno, de los que seis pertenecen a Málaga, cuatro a Sevilla, tres a Almería, dos en Granada, uno en Huelva y otro en Cádiz.
Un total de 507 personas han acudido a las oficinas del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda para pedir protección y son potenciales beneficiarios de esta medida.
En cuanto al perfil del demandante, la consejera destacó que los desahucios son “de género y clase, ya que son mayoritariamente las mujeres las que reivindican su casa y afectan a la clase de trabajadores”. Además, apuntó que desde 2007, la comunidad ha sufrido más de 80.000 desahucios.
