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(De)pendientes del campo


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Pablo Vega

Periodista por la Universidad de Navarra. Master en Comunicación Politica y Corporativa por la misma universidad. He realizado practicas en medios como Diario de Noticias y Expansión. También formé parte del departamento de comunicación de la Fundación La Caixa. Centrado y apasionado en temas politicos, económicos y culturales


Escrito el 29 de septiembre de 2013 a las 10:49 | Clasificado en Castilla y León

La importancia de la agricultura, ganadería y pesca en Castilla y León siempre ha sido palpable, por volumen y extensión. El sector primario aporta el 6,9% del PIB regional, una cifra que casi triplica la media nacional. Solo Andalucía tiene más peso que Castilla y León como comunidad agraria. Ahora, la Junta toma la iniciativa presentando un amplio proyecto de ley que regula y clarifica el “status quo” de este sector

Silvia Clemente, consejera de Agricultura y Ganadería en la Junta de Castilla y León
Silvia Clemente, consejera de Agricultura y Ganadería en la Junta de Castilla y León

La Junta de Castilla y León ha dado esta semana un impulso más a una de las normas legislativas más ambiciosas para esta legislatura. La primera Ley Agraria de Castilla y León, que pasará a las Cortes para su tramitación, tiene como objetivo prioritario el de regular un sector estratégico para la región, según ha informado la Junta.

Lo que tiene de particular este proyecto, cuyas líneas maestras ya fueron presentadas este pasado febrero y del que viene hablándose desde hace dos años, es su falta de precedentes. La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, ha destacado que esta ley pretende “dar respuesta a los nuevos retos que se plantean” para el sector como consecuencia de la reforma de la Política Agrícola Común, gestionar de manera sostenible los recursos, corregir los desequilibrios de la cadena de valor y reconocer y potenciar el valor estratégico del campo de la Comunidad.

Entre las principales novedades de esta Ley Agraria se halla la creación de un registro único y obligatorio de explotaciones que permitirá clarificar la situación de los beneficiarios para la obtención de ayudas. También servirá para unificar los 35 existentes (que eran de carácter voluntario) hasta la fecha.

Este registro, de inscripción gratuita, supondrá también ventajas en los procesos de concentración parcelaria que, según estaban regulados hasta la fecha, duraban una media de 5 ó 6 años para una tramitación que la ley prevé reducir a la mitad de tiempo.

Por otro lado, la futura norma establecerá  la creación del Fondo de Tierras Disponibles —sustituye al banco de tierras— como un instrumento que facilite la puesta en contacto entre la oferta y la demanda de parcelas rústicas, cultivadas o cultivables. Con especial incidencia en aquellos perfiles actualmente minoritarios entre agricultores y ganaderos. “Este fondo permitirá poner en valor tierras abandonadas, asegurar la continuidad de las explotaciones agrarias y promover la incorporación de los jóvenes y las mujeres al sector agrario”, ha asegurado Silvia Clemente.

Interlocución y órganos consultivos

Otra de las novedades del texto aprobado este jueves en el Consejo de Gobierno deja la interlocución con la Junta en manos de las organizaciones profesionales agrarias que “salen reforzadas”. Dichas organizaciones podrán participar además en los nuevos consejos agrarios provinciales, que se crean como cumplimiento de un compromiso de Legislatura, junto con un Comité Asesor Agroalimentario que tampoco existía.

Clemente ha considerado importante el papel que desempeñará el Defensor de la cadena alimentaria, una figura que actuará como garante de que la compraventa de productos agrarios no es “abusiva” para los agricultores y ganaderos. “Es un nivel más alto de protección, no absoluto porque no se puede intervenir el mercado, en la garantía de que se van a cubrir los costes de producción”, ha resumido la consejera. Además, la futura ley prevé la creación de la Junta de Arbitraje para resolver, de forma previa a los tribunales, los litigios que puedan surgir entre ambas partes.

El proyecto de ley se remitirá a las Cortes de Castilla y León para su tramitación ordinaria, aunque el Ejecutivo ha pedido al Parlamento que habilite como periodo hábil el mes de enero para que pueda entrar en vigor “lo antes posible”, en palabras de la consejera, quien ha reconocido que las modificaciones incluidas respecto al anteproyecto de ley son mayoritariamente “técnicas y jurídicas”.

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