Rebelión funcionarial

No se sabe si la decisión se produce por obligación o por compromiso, pero esta semana Pilar del Olmo, la consejera de Hacienda de Castilla y León, ha apostado por un nuevo desmarque de la línea política del Gobierno central. La consejera anunció la posición favorable de la Junta a pactar con los sindicatos del cuerpo de funcionarios regional (siendo CSI-F el que representa a un mayor número, pero también con presencia de otras centrales como UGT, CCOO y FSES) una devolución “dividida en partes” de lo que estos no percibieron como paga extra en 2012.

A continuación, CSI-F comunicó este pasado martes que, efectivamente, ambas partes parecían muy cerca de un acuerdo. Resaltó, además, que este hecho representa para ellos un reconocimiento de que “la retirada de la paga extra de las pasadas Navidades fue una decisión contraria a derecho, puesto que cuando entró en vigor el decreto de recortes, los empleados públicos ya habían cotizado por ella”.

Según CSI-F, la devolución de los 44 días de la paga extra afectará a unos 86.000 empleados de la Junta y supondría un coste estimado para las arcas públicas regionales de unos 20 millones de euros. El Gobierno regional no ha estimado sus cálculos al respecto.

Los representantes de la Plataforma Sindical en Defensa de los Empleados Públicos de Castilla y León, que engloba a 17 centrales sindicales, esperan ahora el siguiente (y lógico) paso: la convocatoria “de forma urgente” por parte del Gobierno regional de la Mesa General de Negociación de la función pública para tratar dicha devolución, de la parte devengada y no liquidada.

En 2010, un estudio de la patronal catalana (Pimec) calculaba que Castilla y León era la segunda comunidad con más funcionarios por cada 1.000 habitantes, solo superada por Extremadura. Por cierto, el Gobierno de José Antonio Monago también aplicó a principios de este año su propio método para compensar a sus empleados públicos por lo que no percibieron en 2012.

Finalmente, el sindicato mayoritario de funcionarios instó al resto de administraciones públicas y al Gobierno central que siguieran el ejemplo de Castilla y León. Los tribunales, cuyas resoluciones han apoyado mayoritariamente las reclamaciones individuales de los funcionarios de distintas administraciones, han sido hasta ahora el actor más determinante de este proceso.

[do action=”video-a-todo-el-ancho-2″ tipo=”http://www.youtube.com/embed/” id=”oW2299-6sJE” tipo2=”600″/]

Pablo Vega

Periodista por la Universidad de Navarra. Master en Comunicación Politica y Corporativa por la misma universidad. He realizado practicas en medios como Diario de Noticias y Expansión. También formé parte del departamento de comunicación de la Fundación La Caixa. Centrado y apasionado en temas politicos, económicos y culturales

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.