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La hemeroteca que no absuelve


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Jurdan Arretxe

Periodista. Trabajo en Noticias de Gipuzkoa. También soy profesor universitario en algunos ratos sueltos.


Escrito el 20 de febrero de 2013 a las 10:47 | Clasificado en Euskadi

Este miércoles se cumplen diez años desde que la Audiencia Nacional ordenara clausurar ‘Euskaldunon Egunkaria’, cuyos cinco imputados por vinculación con ETA quedaron absueltos siete años después.

Concentración en apoyo de Egunkaria (Fuente: Wikipedia)
Concentración en apoyo de Egunkaria (Fuente: Wikipedia)

Diez años después, la causa sigue abierta. Los ocho imputados por el sumario económico del caso Egunkaria, diario únicamente en euskera clausurado cautelarmente tal día como hoy hace diez años, siguen a la espera de qué va a ocurrir con la pieza por presuntos delitos económicos y societarios que en mayo de 2010 fue trasladada a la Audiencia Provincial de Gipuzkoa.

El magistrado de la Audiencia Nacional José María Vázquez Honrubia lo decidió después de que la sentencia que emitió un mes atrás la sala segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional fuera firme. No había vinculación entre el diario fundado en 1990 y ETA. Los cinco imputados quedaban, por lo tanto, absueltos.

La sentencia absolutoria del tribunal presidido por Javier Gómez Bermúdez resolvía por unanimidad que la operación policial tuvo lugar “en un marco sin transparencia, muy constrictivo para quien es objeto de ella y presunto inocente, con frecuencia, privado de libertad”. Sostenía que “no hubo un control judicial suficiente y eficiente de las condiciones de la incomunicación”.

Recogía además que “los miembros de la Guardia Civil reconocieron que no se había investigado si la línea del periódico era o no de apoyo a ETA”. Restaba puntos a la teoría extendida del todo es ETA al señalar que “la estrecha y errónea visión según la cual todo lo que tenga que ver con el euskera y la cultura en esa lengua tiene que estar fomentado y/o controlado por ETA conduce, en el proceso penal, a una errónea valoración de datos y hechos, y a la inconsistencia de la imputación”.

Aseguraba también que las acusaciones populares (AVT y Dignidad y Justicia, la Fiscalía había pedido archivar el caso) habían invertido “el proceso inductivo” porque “primero se decidió cuál era la conclusión, de la que se predicaba, sin base, que era indiscutible, luego se buscaron las señales, vestigios o indicios y, por último, se rechazaron cualquier sentido o explicación de estos que no apoyara la conclusión”.

Así, porque “el cierre del diario no tenía habilitación constitucional directa y carecía de una norma legal especial y expresa que la autorizara”, porque quedó sin acreditar “ni directa ni indirectamente que el periódico haya defendido los postulados de la banda terrorista, haya publicado un solo artículo a favor del terrorismo o de los terroristas ni que su línea editorial tuviese siquiera un sesgo político determinado” y porque “las acusaciones no han probado que los procesados tengan la más mínima relación con ETA”, los cinco imputados de la causa principal quedaron absueltos siete años después.

Objetivo conseguido

Pero el diario, clausurado por orden Juan del Olmo de manera cautelar, sustituido al día siguiente por Egunero y cuatro meses más tarde por el actual Berria, ya había pasado a la historia.

Por el camino, muchos representantes públicos quedaron atrapados en la tela de araña que se tejieron en la medida en que se pronunciaron respecto a un hecho insólito. Algo propio de repúblicas lejanas. Al presidente del Gobierno no le pierde la hemeroteca solo con casos de actualidad: ya le pasó con el caso Egunkaria, cuando alguno de los detenidos (su director, Martxelo Otamendi) denunció haber sido torturado durante el periodo de incomunicación.

Algo lógico, despachó Mariano Rajoy, que lo haga alguien de la izquierda abertzale, pero “que lo haga, aunque sea por vía de la insinuación, un Gobierno [el Vasco, en alusión a la solidaridad que mostró el Ejecutivo ante las denuncias], demuestra la locura a la que ha llegado ese Gobierno”.

En 2012, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos —ese al que La Moncloa mira a la espera de la sentencia sobre la doctrina Parot— condenó al Reino de España a pagar 24.000 euros por no investigar mínimamente la denuncia de malos tratos que presentó Otamendi.

Pero Rajoy, nueve años antes, proseguía contra el Ejecutivo vasco: “Que vaya a protestar por una resolución de la Justicia revela que hay gente que está dando pasos que son muy poco razonables, que se salen de la lógica democrática y que demuestran nulo respeto al Estado de Derecho y a los tribunales, uno de los pilares básicos de la democracia”.

Además de todo lo que se coció en las tertulias periodísticas madrileñas y del taco que le armaron a Fermin Muguruza en la gala de la VII edición de los Premios de la Música, el ministro del Interior de aquel Gobierno de mayoría absoluta, Ángel Acebes, calificó la operación policial como una “defensa y protección de los derechos y las libertades de los vascos, de su cultura, de su pensamiento y de la expresión de su idioma en libertad”. Decenas de miles de estos vascos salieron a los dos días a la calle en la manifestación más multitudinaria que había habido hasta entonces.

Acebes despachó esa misma denuncia de torturas como “las afirmaciones de alguien que es presuntamente terrorista y, por lo tanto, lo que ataca y vulnera permanentemente son los derechos, las libertades y la democracia”. En presunciones también entró aquellos días el que años después sería lehendakari, Patxi López, que se quejó de que “muchos” defendieran en Euskadi “la presunción de inocencia de Egunkaria, pero no la del juez, al que se le está condenando sin conocer los datos y las pruebas”. Según López, “parece que (Del Olmo) tiene datos que indican que (el diario) participa del entramado de ETA”.

Siete años después, la posición de los tribunales que impulsaron una operación policial varió, la de algunos representantes políticos se matizó, la de otros, ruidosa en su día, se calló. Llegaron cinco absoluciones y la causa económica —de la que ha sido expulsada la acusación popular— fue trasladada a la capital guipuzcoana. La hemeroteca continúa tomando apuntes de un caso que tras diez años sigue abierto.

Los votantes dicen...
  1. […] Diez años del cierre de Egunkaria, el periódico que no era de ETA (SesiónDeControl.com) […]

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