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La voladura del Concierto


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Jurdan Arretxe

Periodista. Trabajo en Noticias de Gipuzkoa. También soy profesor universitario en algunos ratos sueltos.


Escrito el 2 de julio de 2013 a las 8:23 | Clasificado en Euskadi

Pere Navarro hizo saltar la liebre con sus declaraciones contrarias a los conciertos económicos vasco y navarro.

Pere Navarro en la jornada electoral del 25 de noviembre de 2012. (Flickr: PSC)
Pere Navarro en la jornada electoral del 25 de noviembre de 2012. (Flickr: PSC)

Hasta entonces habían sido voces sueltas. Un consejero autonómico del PP por aquí, un alto cargo del PSOE por allá… pero el runrún sobre el Concierto Económico lo elevó a los titulares el secretario general del PSC, Pere Navarro. “A todos aquellos, de dentro y de fuera del socialismo, que hablan de la falsa insolidaridad catalana les pido que me acompañen en la propuesta de eliminar el privilegio que suponen los sistemas de concierto vasco y navarro”, lanzó Navarro hace tres semanas.

Su idea, lo adelantó él mismo, podía “generar polémica”. La provocó, sobre todo en Euskadi y Navarra. El Ejecutivo de Iñigo Urkullu, que ya miraba con cierta inquietud los rumores previos, y el de Yolanda Barcina rechazaron esa calificación de “privilegio”.

Más allá de los cruces de reproches políticos –en torno a la insolidaridad la mayoría de ellos-, las opiniones más sosegadas, pero que más desaparecibidas suelen pasar sobre un tema complejo como el del Concierto o el Convenio, se han podido leer en periódicos y blogs. Es el caso de la del exalto cargo del primer Gobierno Vasco Ignacio Marco Gardoqui, que el pasado día 23 negó en El Correo que estemos ante una “situación de marcado privilegio y acusada injusticia comparativa”.

“Ni por asomo, no es verdad”, prosiguió, antes de ofrecer tres razones: “Primero, porque implica una gran corresponsabilidad fiscal que nadie más asume. Es decir, aquí entre nosotros, si no se recauda, no se ingresa y no podemos apelar a la intervención del Estado como hacen frecuentemente otros, por ejemplo, los catalanes. Luego, el Cupo se determina por renta y no por población y, como tenemos un porcentaje muy superior en el primero (6,24%) que en el segundo (4,65%), eso implica un elemento destacado de progresividad y de solidaridad. Y, tercero, porque contribuimos, sin capacidad de discutir su fijación, en el Fondo de Compensación Territorial, también en base a la renta y no a la población”.

Los opositores, en cambio, y como expresa Marco Gardoqui –que invita a extender este sistema a otras comunidades autónomas (CCAA)-, blanden argumentos como el de la “insolidaridad” y tratan de centrar la polémica en que “las CCAA de régimen común recibieron 2.012 euros por habitante en el sistema de financiación. En cambio, el País Vasco recibió 4.538 euros, y Navarra, 4.815”.

Frente a esto, los defensores del Concierto vasco (y el Convenio navarro) y el Cupo que se abona al Estado recuerdan en un debate de muchas aristas cómo la CAV paga por su renta respecto al PIB español (cifra fijada en el 6,24% en 1981), mientras que recibe desde Madrid ingresos en proporción de su población, el 4,65%.

No solo eso, sino que antes de que saltara toda esta polémica por los aires, La Moncloa y Ajuria Enea ya trataban de resolver la reclamación de estos últimos del orden de 500 millones al Estado por la liquidación de este quinquenio, unos millones fundamentados sobre todo en la Ley de Dependencia y que pueden avivar el debate aún más.

Ruptura

A partir de ahí queda la lectura política, quizá la más importante. Más allá del contratiempo que ha podido suponer la explosión de este debate para las aspiraciones de Patxi López y Eduardo Madina en Ferraz, una hipotética modificación unilateral (o supresión, pese a que podría ser contraria a la ley) de estos sistemas de financiación traería consecuencias poco predecibles.

La aceleración del crecimiento del sentimiento soberanista en Catalunya tras lo ocurrido con la reforma del Estatut o la posterior reclamación del pacto fiscal –la consecución de una suerte de concierto económico que en 1978 rechazó- puede ser un indicativo de lo que podría suceder en una Euskadi en la que, según el último Euskobarómetro, un 39% diría sí a la independencia frente al 31% del no.

En una legislatura en la que el PNV propondrá un “nuevo estatus político” para Euskadi, el presidente de la formación, Andoni Ortuzar, poco dado a este tipo de aspavientos, avisó tajante: el Concierto Económico es el “único punto de soldadura” entre Euskadi y España y que “si eso se rompe, estamos libres todos”.

Al PSE, que se mostró “disgustado” con Navarro pero al mismo tiempo aceptaría algún tipo de retoque en el Concierto, y –sobre todo- al PP este debate les genera roces internos. Ocurrió en 2010, cuando llegó el denominado blindaje del Concierto a las instituciones madrileñas. Se aprobó, pero los representantes populares vascos se ausentaron de las votaciones: evitaban así tanto romper la disciplina de voto contrario como posicionarse en contra de un sistema que en Euskadi defienden.

Desde EH Bildu, emplazaron a Urkullu a “no perder el tiempo mirando hacia el árbol del Concierto Económico” y trabajar por la soberanía plena, al tiempo que, en palabras del diputado Rafa Larreina, censuró las acusaciones de insolidaridad respecto a la CAV y Navarra, y denunció “cómo el marco jurídico político es intocable cuando se pide la soberanía, pero para fortalecer el centralismo parece que no hay obstáculos”.

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