Igor Portu y Mattin Sarasola dinamitaron la T4 de Barajas en 2006, en un ataque con dos muertos en nombre de ETA. Dos años después ya estaban entre rejas pero una sombra mancha estos arrestos: cuatro de los guardias civiles que los detuvieron torturaron a los detenidos, según dictaminó el pasado 30 de diciembre la Audiencia de Guipúzcoa. Otros once agentes fueron absueltos.

“La sentencia relata que (…) insultaron gravemente, amenazaron de muerte y golpearon a ambos etarras desde instantes después de producirse su detención (…) y continuaron durante los cinco días de incomunicación”.

La condena era la primera de este tipo que recibía el Instituto Armado en casi una década. Regresaba así el fantasma de la tortura, un espectro que nunca se había marchado del todo. Aunque los terroristas manejan instrucciones para denunciar malos tratos, varias organizaciones internacionales han criticado que en España se tortura de forma “más que esporádica”Amnistía Internacional, también Human Rights Watch e incluso los relatores de Naciones Unidas dieron la voz de alarma.

El Ararteko reclama medidas para evitar estos casos. La grabación de los vehículos policiales en los traslados, la presencia continua de un abogado de oficio y protocolos forenses son algunas de las peticiones de Íñigo Lamarca. Una democracia como España debe atajar este problema. No valen más evasivas.

Publicado por Íñigo Urquía

Urquía, como el país pero sin 'te'. Periodista, adicto a la política e interesado en el terrorismo. En ese orden.

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