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¿Terrorismo en Galicia?


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Alfredo Berini

Licenciado en Periodismo, máster en Investigación Aplicada a la Comunicación y Técnico Superior en Producción. He producido cientos de directos para Telemadrid y Castilla-La Mancha televisión, una película y presentado informativos para Radio Voz Ferrol. Actualmente ejerzo la investigación y preparo mi tesis doctoral.


Escrito el 22 de junio de 2013 a las 9:05 | Clasificado en Galicia

La Audiencia Nacional comenzará la semana próxima un juicio contra cuatro presuntos activistas de Resistência Galega. La acusación de terrorismo, solicitada por la fiscalía, se enfrenta al apoyo mostrado por algunas agrupaciones políticas del Parlamento Gallego, que han solicitado la liberación de los detenidos.

Pintada a favor de Resistencia Galega en Vigo. (Fuente: Wikipedia)
Pintada a favor de Resistencia Galega en Vigo. (Fuente: Wikipedia)

¿Existe terrorismo activo en Galicia? Esa es la primera pregunta que hay que hacerse para entender mejor la situación a la que se enfrentan los acusados. Según el último informe anual de Europol, Resistência Galega es la única organización terrorista que está activa en la actualidad en el Estado español. A este dato hay que unir el tratamiento mediático y judicial que se está dando a los detenidos en los últimos años. Tanto desde los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, como desde el Ministerio Fiscal, se está actuando en los procesos abiertos bajo este prisma, y se están tomando las medidas precisas para hacer constar la amenaza que representan los supuestos miembros procesados.

Por todo esto, a partir del próximo lunes, Eduardo Vigo, Roberto Rodríguez, María Ossório, y Antón Santos se sentarán en el banquillo para enfrentarse a una causa que podría suponerles penas de prisión que sumarían hasta 64 años de cárcel. Los cargos van desde la pertenencia a grupo terrorista y falsificación documental hasta la tenencia de explosivos.

Frente a esta realidad, existe también otra tesis completamente opuesta sobre el juicio que se va a celebrar. Diferentes plataformas sociales, sindicatos y algunos partidos políticos, entre los que destaca Alternativa Galega de Esqueda, han suscrito un Manifiesto –Manifesto Cidadám de Solidareidade com os independentistas julgados en Madrid- que pretende defender la inocencia de los inculpados.

Los puntos principales que destacan de este texto se centran en la denuncia de la situación procesal –prisión preventiva- a la que se han visto expuestos los sujetos hasta la fecha, en la solidaridad con sus familias ante la dispersión carcelaria y en mostrar su preocupación ante la posibilidad de una “formalización jurídica de la existencia de una supuesta organización” que, según sus propias palabras, se encuadraría dentro de “una estrategia del Estado para abrir las puertas a la criminalización del ‘soberanismo’, facilitando detenciones o ilegalizaciones”.

Para ubicarnos en este complejo conflicto debemos viajar en el tiempo hasta los años ochenta. En la segunda parte de esta década nace el Exército Gerrilheiro do Povo Galego Ceive, una organización terrorista –no sería la primera de Galicia- que dura hasta el 1993. La principal premisa de este grupo era la independencia de Galicia y su conformación como Estado Socialista. Comenzaron sus acciones centrándose en objetivos financieros,  pero las campañas de terror fueron creciendo en intensidad y en repercusión.

Destaca el atentado contra la casa de veraneo de Manuel Fraga, el asesinato de un guardia civil en la localidad de Irixoa, o la campaña contra narcotraficantes y sus empresas, que acabó con una detonación en una discoteca de Santiago de Compostela con numerosos heridos y tres fallecidos –dos de ellos terroristas-.

Resistência Galega, según diversos estudios, ha cogido el testigo de esta banda criminal. La primera vez que se tiene conocimiento de su actividad es en julio de 2005, con la publicación en una página web brasileña de un Manifiesto ideológico y de acción. De sus páginas podemos recoger que no se considera el comienzo de nada, sino que sigue una continuidad en la forma de actuar de otros actores previos, autodefiniéndose como “nova resistencia galega”. Los planteamientos vuelven a ser similares a los de sus supuestos antecesores: la autodeterminación de Galicia, la instauración de un Estado Gallego Comunista,  y la lucha contra intereses estatales, financieros y en “defensa de la tierra”.

Desde su aparición, han sido muchas las acciones que se les imputan, como la fabricación de bombas caseras, ataques contra promotores urbanísticos, ataques a maquinaria utilizada en la construcción del AVE a Galicia, o a sedes de partidos políticos como el PP o el PSdeG.  También se les ha vinculado a organizaciones gallegas como AMI (Assembleia da mocidade independentista) y a algunas de otros territorios, como la ilegalizada SEGI. Además, la policía ha practicado numerosas detenciones de personas supuestamente implicadas en estas actividades delictivas a lo largo de todos estos años.

Sin embargo, hasta la fecha, todavía no se ha confirmado judicialmente, a través de una sentencia de la Audiencia Nacional, que RG sea una organización terrorista. El Tribunal Supremo sí que ha endurecido penas marcadas con anterioridad por la Audiencia y llegó a reconocer la existencia de una “organización que lleva a cabo una campaña de actividad violenta en Galicia”.

El juicio de la próxima semana puede confirmar, desmentir e incluso posponer esta opción. Mientras tanto, la sociedad vive sumida en la duda, los políticos enfrentan sus opiniones en debates e instituciones, y los medios publican toda clase de informaciones según su corriente ideológica. ¿Existirá realmente un grupo terrorista operativo o serán casos aislados? La Audiencia Nacional tendrá la última palabra y la obligación de aclarar la realidad de los hechos.

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