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Unidos contra Almunia


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Alfredo Berini

Licenciado en Periodismo, máster en Investigación Aplicada a la Comunicación y Técnico Superior en Producción. He producido cientos de directos para Telemadrid y Castilla-La Mancha televisión, una película y presentado informativos para Radio Voz Ferrol. Actualmente ejerzo la investigación y preparo mi tesis doctoral.


Escrito el 6 de julio de 2013 a las 11:49 | Clasificado en Galicia

El naval español ha vuelto a recibir otro empujón hacia el abismo. Joaquín Almunia, Comisario Europeo de Competencia, ha anunciado la necesidad de devolver las bonificaciones recibidas entre los años 2005 y 2011. En total, 3000 millones de euros, que pueden suponer el hundimiento total de este sector.

Joaquín Almunia en la Comisión Europea (Fuente: europa.eu)
Joaquín Almunia en la Comisión Europea (Fuente: europa.eu)

Si algo puede salir mal, saldrá mal. Esta premisa, de la mundialmente conocida Ley de Murphy, se puede aplicar perfectamente a la situación que está viviendo el sector naval en España. Al abandono de las Administraciones y a la complicada competencia de países emergentes, se une la última decisión de la Comisión Europea de forzar el retorno de las ayudas recibidas entre los años 2005 y 2011.

La denuncia proviene de los astilleros de socios comunitarios como Holanda, Portugal, Noruega o Finlandia. Consideraban, en su reclamación ante la Comisión, que el sistema de bonificaciones español chocaba con la libre competencia. Para entender de qué se está hablando, hay que aclarar que el ‘tax lease’ que se aplica consistía en un sistema de financiación para la adquisición de naves, en empresas armadoras, mediante leasing, con bonificaciones fiscales que podían llegar a suponer un ahorro del treinta por ciento en el coste de un buque.

Ante esta práctica en 2011, la Comisión, tras estudiar el caso, acordó la suspensión de la considerada ayuda encubierta. Tras varios años de disputa jurídica entre las diferentes administraciones implicadas, es ahora Joaquín Almunia el que reclama la devolución de las cantidades percibidas amparándose en que la medida únicamente afectará a armadores e inversores y no a los propios astilleros.

España, junto con el resto de regiones afectadas, no ha tardado en reaccionar ante las palabras del que fuera candidato socialista a presidir el Gobierno. En el caso gallego, una de las zonas a las que más afecta la medida, las diferentes fuerzas políticas han mostrado su rechazo a la noticia y han criticado duramente la decisión tomada por Joaquín Almunia. El Presidente Núñez Feijóo, que en breve viajará con sus homólogos vasco y asturiano a encontrarse con el Comisario de Competencia, pide una rectificación inmediata y unidad ante una decisión que tilda de “incoherente”. Por su parte, el socialista Pachi Vázquez ha llegado a solicitar la dimisión de Almunia en caso de que se confirme esta imposición. Alternativa Galega de Esquerda ha ido aún más allá, anunciando una “guerra política” a la Unión Europea e incluso movilizaciones y acampadas en la sede de la Institución Comunitaria en Bruselas, mientras que el BNG ha mostrado su preocupación ante lo que considera una decisión injusta y llama a la “insumisión”.

El Congreso de los Diputados también se ha unido a la lucha. Los diferentes grupos parlamentarios han suscrito una Proposición no de Ley para fortalecer el frente común ante lo que se puede avecinar. Sindicatos y patronales apoyan cualquier iniciativa en este sentido y han proclamado su intención de luchar e incluso movilizarse frente a las imposiciones del Comisario. El Gobierno, representado por el Ministro de Industria José Manuel Soria, también prepara una táctica común con el único fin de solucionar el problema.

Esta unión general frente a la devolución del tax lease, parece que ha conseguido hacer recapacitar parte de las palabras de Joaquín Almunia. Ahora, tras ver cómo ha detonado la bomba informativa, el discurso del vicepresidente de la Comisión ha girado hacia abrir la posibilidad de que se estudien “nuevos argumentos jurídicos” en la reunión que realizarán el colegio de comisarios el día 17 de Julio.

Esta unión, con independencia de ideologías, refleja las fuertes consecuencias que podrían derivarse de esta decisión comunitaria. Hasta 87.000 empleos pueden depender de la capacidad que muestren las instituciones nacionales para convencer a Bruselas sobre  la legalidad de las ayudas. El futuro cada vez más negro de los astilleros está en manos de un español que representa a una Europa puesta en entredicho desde el comienzo de la crisis. De nuevo la desafección puede aparecer en escena -e incluso aumentar- a la vuelta de la esquina de unas elecciones europeas en las que se medirá el sentir ciudadano sobre las medidas que se han venido tomado en los últimos años.

España, potencia histórica en la construcción de barcos, puede perder esta capacidad si no se pone algún remedio al asunto. Hace pocos días parecía que el resultado había sido de completa derrota, una vez finalizados los noventa minutos de encuentro. Sin embargo, anunciada la prórroga, da la sensación de que queda partido y se puede llegar hasta los penaltis. Seguir empatados pasa por convencer a Europa de que no se devuelvan las bonificaciones, ganar sólo depende de conseguir más carga de trabajo y nuevos contratos que hagan resurgir este sector.

Habrá que ver si en próximos años no vuelven a surgir este tipo de inseguridades jurídicas, una vez que, por fin, desde principios de año se encuentra en vigor un nuevo tax lease. Esta vez será una medida general, aplicable a cualquier bien adquirido mediante arrendamiento financiero en determinadas condiciones de fabricación y con independencia de si que se haya fabricado dentro o fuera de España. Habrá que ver si es suficiente para colocar a nuestros armadores en igualdad de condiciones para la contratación que el resto de astilleros europeos.

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