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La norma de Fabra


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Víctor Rey

Periodista en televisión. Trabajé como redactor de informativos en Canal 9. Antes presenté un magazine en tele 7 Gandia. Redactor para elecciones 2011 en Safor Guia y corresponsal para ValenciaHui.


Escrito el 11 de noviembre de 2012 a las 9:22 | Clasificado en Comunidad Valenciana, Regiones

Alberto Fabra no quiere imputados. Desde su llegada a la presidencia del PP valenciano y a la de la Generalitat los ha apartado de la primera fila política a costa de levantar ampollas en el partido.

Corts Valencianes (Fuente: Generalitat Valenciana)
Corts Valencianes (Fuente: Generalitat Valenciana)

La vara de mando del palacio de Fuentehermosa cambió de manos en julio de 2011. El hasta entonces presidente Francisco Camps renunciaba a su cargo. El escenario era el siguiente: una imputación, que no le había impedido revalidar su mayoría absoluta apenas dos meses antes, y unas elecciones generales en noviembre en las que su partido se jugaba mucho. Camps dejó su cargo y meses más tarde salió absuelto de un proceso que, sin embargo, sonrojó a propios y extraños por las grabaciones que allí se pudieron escuchar.

Así ‘nació’ el presidente Alberto Fabra, el diputado que cambió la alcaldía de Castellón por la presidencia de la Generalitat. Fue tras la renuncia de un alto cargo imputado, una decisión tomada para no dañar más la imagen del partido. Y en su recorrido sigue presente la misma directriz: ningún imputado con responsabilidad política, tal y como afirmaba recientemente el propio Alberto Fabra. Aún a la espera de unos juicios de los que podrían ser absueltos algunos implicados, en estos 15 meses se ha cesado a varios cargos de segunda y primera línea política.

En la bancada popular hay varios diputados imputados, sin embargo ninguno ha dejado el cargo en la Cámara autonómica. El escaño es nominalista, la renuncia no depende más que de ellos mismos y, como diputados, gozan de la condición de aforados. Es lo que ocurre con Rafael Blasco. Imputado en el caso Cooperación, dejó de ser portavoz del grupo popular en les Corts. Incluso el vicepresidente José Císcar llegó a insinuar que debía dejar voluntariamente su acta de diputado. Aprovechando su salida, también se privó de los cargos en la dirección del grupo popular a otros diputados, como Ricardo Costa, portavoz de economía, Vicente Rambla, responsable de asuntos económicos o Angélica Such.

En la segundo escalafón, varias han sido las víctimas de esta ‘norma’. Josep María Felip fue director general de integración y cooperación, y Alexandre Català subsecretario en la Conselleria de Solidaridad, aunque en el momento de su cese desarrollaba el cargo en la Conselleria de Sanidad. Ambos están imputados en el caso que investiga la trama de desvío de fondos de ayuda al tercer mundo. Ignacio Benàrcer era el jefe de explotaciones de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR). Fue destituido en marzo. Dora Ibars ha sido la última en ser cesada. El pleno del Consell decidió cesarla como directora general de Promoción Institucional el pasado 26 de octubre. Ibars está imputada en la causa abierta por supuesta financiación irregular del PPCV.

Diez diputados

En total, son diez los diputados del grupo popular que están imputados por alguna causa. Además de los ya citados (Blasco, Costa, Rambla y Such), están pendientes de la causa por la supuesta financiación irregular del partido David Serra yYolanda García. Pedro Ángel Hernández Mateo , exalcalde de Torrevieja, está imputado por supuestas irregularidades en la adjudicación de un contrato de recogida de residuos sólidos y Luís Díaz-Alperi, exalcalde de Alicante, lo está por supuestas irregularidades en el Plan Urbanístico de la Ciudad.

En la ‘cara B’ de esta doctrina se sitúan los diputados pendientes de un proceso judicial, que siguen tanto con su escaño como con otros cargos representativos, que no dependen del Consell o Presidència. Es el caso de la alcaldesa de Alicante y diputada, Sonia Castedo, imputada por la misma causa que su antecesor, o Milagrosa Martínez. La actual alcaldesa de Novelda está imputada y se investiga su responsabilidad en los contratos adjudicados a Orange Market cuando era Consellera de turismo. Por otro lado la diputada Mayte Parra. Alcaldesa de Ibi, está siendo investigada por contrataciones hechas en su ayuntamiento, entre ellas varias adjudicaciones con sobrecostes.

La decisión de abandonar a los imputados no gusta dentro de ciertos sectores del PP valenciano. Un imputado no es un culpable. Es inocente hasta que hubiera una sentencia incriminatoria. La ley no les impide ejercer cargo público. Una de las afectadas, la exconsellera y expresidenta de la Cámara valenciana Milagrosa Martínez, ha alzado la voz. Mediante un artículo remitido a los medios de comunicación, considera que la imputación no debería suponer “la condena al ostracismo” y recuerda que muchos imputados son finalmente absueltos. Incluso va más allá e insinúa que se aprovechan “situaciones provisionales para desplazar al adversario, sea o no del mismo partido”.

De una u otra forma, en este último año el PP valenciano ha cambiado gran parte de las caras que conforman su primera línea política.

Los votantes dicen...
  1. Información Bitacoras.com…

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