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Rentables delitos urbanísticos


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Alvaro López

Periodista. He trabajado en prensa, radio y televisión. Tomé mi primer contacto con la profesión en SER Málaga, he escrito en El Correo de Málaga y en Público. Durante siete años he presentado los informativos en Málaga TV.


Escrito el 2 de noviembre de 2012 a las 12:30 | Clasificado en Andalucía, Regiones

La Costa del Sol se ha visto salpicada por decenas de casos de corrupción urbanística desde hace años. Hoy, ningún cargo público cumple condena en la cárcel.

Ciudad de la Justicia (Málaga) (fuente: Wikipedia).
Ciudad de la Justicia (Málaga) (fuente: Wikipedia).

A Pedro Tirado, ex acalde del municipio costasoleño de Manilva, lo sobornaron para que recalificara las130 hectáreasde de la finca ‘La Parranda’. Ese terreno se compró por casi 10 millones de euros y se vendió sólo un año después por unos 118 millones. La policía encontró en su casa unas bolsas de basura con 762.000 euros.

Los hechos sucedieron en 2005. Eran los años dorados de la burbuja inmobiliaria. La década en la que la Costa del Sol vivía a merced del ladrillo. Ahora, la Audiencia Provincial de Málaga ha dictado sentencia por aquellos hechos. Tirado, que fue concejal con el GIL y después gobernó esta localidad al frente de un partido independiente con raíces en el ‘gilismo’, sólo tendrá que pagar 12.000 euros de multa.

La sentencia se conoció hace unas semanas y sirve para escenificar la desproporcionalidad que existe entre el perjuicio económico que sufren los ciudadanos por la decisión de determinados gobernantes, y los grandes ingresos que algunos políticos han acumulado con actuaciones como la de la finca ‘La Parranda’ y de las que se siguen dando ejemplo semana tras semana.

Pedro Tirado fue detenido en el marco de la, hasta entonces, mayor operación contra el blanqueo de capitales llevada a cabo en España: ‘Ballena Blanca’. El ex alcalde de Manilva veía como la investigación que le afectaba a él era separada del grueso del sumario en una pieza distinta. Junto a Tirado se sentaron en el banquillo de los acusados otras tres personas. Todas han sido absueltas.

Mientras tanto, los acusados de la operación ‘Ballena Blanca’ que, cuando fueron arrestados, la Fiscalía General del Estado les atribuyó la participación en una trama que blanqueó 250 millones de euros han sido condenados a penas menores. Finalmente, la sentencia sólo considera probado que se lavaron 1,6 millones y el principal imputado, el abogado Fernando del Valle tendrá que estar seis años en la cárcel y pagar una multa de 2,5 millones.

A ‘Ballena Blanca’, en la Costa del Sol, le siguió ‘Malaya’. Fue el punto y final a una historia de corrupción prolongada que todo el mundo sabía, pero contra la que apenas se hacía nada. El número de concejales, alcaldes y ex alcaldes detenidos fue tal, que la Junta de Andalucía tuvo que disolver la corporación y nombrar una comisión gestora que tomara las riendas del Ayuntamiento de Marbella hasta las siguientes municipales. Todos están en libertad.

El juicio está en su parte final. De ahí han salido piezas separadas como la del ‘caso Minutas’ y la que estos días enjuicia a Julián Muñoz, a su ex mujer, Maite Zaldívar, y a la cantante Isabel Pantoja, por presunto blanqueo de capitales.

La vista oral de este proceso no está dejando indiferente a nadie. El que fuese alcalde de Marbella explicó abiertamente que recibía “sobres de dinero de Jesús Gil”. De esta forma reconoce el delito fiscal por el que no puede ser condenado ya que ha prescrito. Por su parte, Zaldívar dijo desconocer de lo que se juzgaba. Para ello fue bastante descriptiva: “Lo único que sé es blanquear paredes”, aseguró al ser cuestionada sobre el supuesto blanqueo de capitales.

Y mientras la justicia intenta demostrar y penar este saqueo relacionado con el urbanismo, los ciudadanos se encuentran con cada vez más recortes de servicios en ayuntamientos que no hace muchos años eran ejemplos de derroche y supuesta prosperidad. Hoy, localidades manchadas en un pasado reciente por la corrupción sufren aún más los problemas económicos que otros ayuntamientos. Eso sí, los cargos electos acusados de delitos urbanísticos siguen en libertad.

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