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Cese en diferido


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Joaquín Ortega

Periodista. Participé en el arranque de varios medios digitales informativos y estuve en el mundo de la comunicación y la política, pasando por dos ministerios. También colaboro en la revista GQ.


Escrito el 27 de marzo de 2014 a las 9:01 | Clasificado en Economía

El Gobierno ha cambiado de forma indirecta y urgente los requisitos para dirigir un organismo público de Industria que el actual presidente no cumple.

CORES vigila las reservas petrolíferas de las refinerías. (Pixabay)
CORES vigila las reservas petrolíferas de las refinerías. (Pixabay)

Desde que María Dolores de Cospedal inaugurara el despido e indemnización en diferido, en el caso de Luis Bárcenas, pocos sospechaban que el mercado laboral pudiera inaugurar alguna novedad en el sector político. Pero nos equivocábamos. El PP, ahora el Gobierno, ha vuelto a innovar, aunque el afectado no debe tomárselo con humor. Es el caso del presidente de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES), organismo público dependiente del Ministerio de Industria. Su presidente, de facto pero en diferido, ha sido cesado. Pero, como en “Los Otros”, no lo sabe. O prefiere no saberlo. O prefiere no darse por aludido. O, visto que fuera un error de alguien, le han dicho que se quede.

El pasado 14 de diciembre de 2013, el BOE publicaba un Real Decreto Ley para reestructurar ADIF. El texto llevaba sorpresa, que se anticipaba en el título de la norma: “y otras medidas urgentes en el orden económico”. Lo bueno para el Gobierno de un Real Decreto Ley es que sirve para meter modificaciones de leyes de rango elevado sin llevarlo al Parlamento, trámite democrático, ergo más largo y exigente, que demora su entrada en vigor.

Decretazo ley con sorpresa

Teóricamente hay que justificar su uso por extraordinaria o urgente necesidad. Desconocemos lo urgente que debe ser la reestructuración de ADIF. Pero aún hay más. En un Real Decreto Ley cabe la modalidad escoba, es decir, introducir cambios en otras leyes sin levantar la bicha del sector afectado, por la puerta de atrás y sin que nadie se entere hasta que el cuerpo está presente y sale de la imprenta del Boletín Oficial.

Esto último ha pasado en el caso del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. De este departamento depende la legislación que afecta a la Corporación de Reservas Estratégicas de Petróleo. La sorpresa en este Real Decreto Ley, inspirado por el ministro de Fomento, pero firmado por Rajoy por afectar a varios departamentos, golpea directamente en la presidencia de este organismo. Tanto que implica, en rigor del texto aprobado, su inhabilitación fulminante.

Vigilar a las petroleras

CORES se encarga de vigilar que las petroleras que operan en España cumplan los requisitos mínimos de reservas que la ley les marca para poder operar en nuestro territorio. En unos depósitos al efecto, Repsol, CEPSA y BP (el 80% del mercado) deben guardar petróleo en caso de que una guerra mundial o catástrofe apocalíptica nos impida abastecernos con normalidad. CORES determina para cuantos días deben tener reservas y sus inspectores revisan que se cumplen y que no hay problemas de ningún tipo. Y si los hay, aplican sanciones. Y pueden ser millonarias.

La normativa de este organismo es tranquila y ajena a los vaivenes políticos al uso. Es una normativa de inspiración internacional y su desarrollo suele aplicarse de acuerdo a criterios de seguridad pactados a alto nivel. Su funcionamiento no suele generar polémicas; es más, dentro de la propia Junta de la Corporación están las empresas petroleras afectadas por las inspecciones de la propia CORES. Sí, curioso.

Cambios en la presidencia

En el Real Decreto Ley sobre ADIF y “otras medidas” reza lo que sigue, sobre la nueva regulación de CORES: “El Presidente de la Corporación y la parte de vocales de su órgano de administración (…) serán designados entre empleados públicos con experiencia acreditada en el sector energético”. El actual presidente, Pedro Miras, ha desarrollado toda su carrera en Repsol. Abandonó la compañía para incorporarse a la Comisión Nacional de la Energía, pero una reestructuración en 2011 le forzó a volver al sector privado, a su compañía de origen, la petrolera de bandera española.

Posteriormente, se incorporó a la presidencia de CORES de la mano del anterior secretario de Estado de Energía, Martí Scharfhausen, quien fue cesado antes de cumplir un año en el puesto y sustituido por el hermanísimo Alberto Nadal, gemelo de Álvaro Nadal, asesor del presidente Rajoy. El mismo que firma el Real Decreto Ley.

Por tanto, el actual presidente cumple el requisito de saber de energía, pero no cumple el requisito de ser empleado público. De facto, todo aquel expediente tramitado por él llevaría la firma de quien no cumple uno de los dos requisitos que establece el nuevo Real Decreto Ley, de obligado cumplimiento el día de su publicación en el BOE “por urgente necesidad”.

Afecta a su sustituto

Desde el Ministerio de Industria, Energía y Turismo aseguran que esta nueva normativa no afecta al actual presidente de la Corporación, sino al nombramiento de su sustituto. Lo cual dispararía los rumores de que lo que se trata es de “un aviso a navegantes” de que próximamente habrá cambios. Una interesante manera de avisar al aludido de que algo se mueve bajo sus pies…

Sin embargo, a tenor del texto legislativo que justifica la publicación “de urgente y extraordinaria necesidad” de la norma, la argumentación de que estos cambios se hacen para su implantación futura se considera, en fuentes del sector, como algo discutible. Se teme que si el actual presidente no cesa, todas sus resoluciones puedan ser invalidadas y su nombramiento impugnado con éxito por algún sindicato de funcionarios. Y todo por haber introducido los cambios en esta modalidad de normativa “urgente y extraordinaria”.

Por otro lado, y como explicación al fondo que sustancia la nueva regulación publicada, se considera un frontal conflicto de intereses que el presidente que debe proponer al Ministerio las sanciones pertinentes a las empresas, por incumplir los requisitos de reservas, provenga de una de las tres empresas a vigilar, ya que entre las tres copan casi la totalidad del mercado. Como es el caso.

Es decir, un ex directivo de Repsol que abandona la compañía temporalmente para dirigir un organismo público que debe vigilar a Repsol ¿es imparcial a la hora de decidir y firmar las posibles sanciones a Repsol? Esto es opinable y discutible, aunque los cambios que hemos sabido por el BOE… ya no tanto.

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