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Desahucios non stop


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Joaquín Ortega

Periodista. Participé en el arranque de varios medios digitales informativos y estuve en el mundo de la comunicación y la política, pasando por dos ministerios. También colaboro en la revista GQ.


Escrito el 6 de diciembre de 2012 a las 16:58 | Clasificado en Economía

Las exigencias europeas del rescate bancario español hacen virtualmente imposible flexibilizar la normativa hipotecaria.

Mariano Rajoy, Álvaro Nadal y Luis de Guindos (fuente: la Moncloa).
Mariano Rajoy, Álvaro Nadal y Luis de Guindos (fuente: la Moncloa).

El Gobierno es incapaz de aprobar una ley que sea flexible con los desahucios puesto que el sistema bancario español está “de facto” bajo control de los mecanismos de rescate de la Unión Europea, que el próximo 12 de diciembre comenzará a transferir los primeros fondos a España. En la operación de rescate no sólo se trata de meter dinero en los bancos, sino de recobrar la confianza, que es el germen de la solvencia. Es el pago religioso y riguroso de las hipotecas de la inmensa mayoría de españoles el cemento que da firmeza a una de las “patas” financieras de los bancos: la emisión de cédulas hipotecarias. Una mínima sospecha sobre la solvencia de estas cédulas sería devastador para los bancos. Y un portazo a la ayuda europea.

El BBVA conseguía 2.000 millones de euros el pasado 26 de noviembre en una emisión de cédulas hipotecarias a 5 años. Estas, simplificando, suponen una operación muy parecida a las emisiones de deuda de los estados. El banco, que necesita dinero como el comer, emite unos papelitos que prometen al comprador un interés fijo. Y para que el comprador esté tranquilo, avalan esos papelitos “enseñando” como aval la enorme cartera de clientes, en este caso del BBVA, que está pagando su hipoteca todos los meses sin falta. El comprador se fía y compra la cédula. El BBVA saca pecho porque no sólo consigue dinero, sino que da muestras de solvencia, algo que le facilitará conseguir más pasta en la siguiente operación. El componente psicológico “acientífico” en todo este proceso es mayor de lo que parece.

A diferencia de la crisis subprime, o crisis ninja que tan graciosamente contemplamos cuando el tema no iba con nosotros, en España el problema financiero es resultado de la explosión de una burbuja inmobiliaria (promociones a medias, casas sin vender, dinero que no se devuelve al tipo que lo puso, etc.) y no de una burbuja hipotecaria. La gran mayoría de las familias sigue pagando. El tecnicismo que mide esto se llama “morosidad hipotecaria”, y supone un 3,2%, un nivel relativamente bajo, de un mercado total de 700.000 millones de euros. La morosidad de los promotores, por ejemplo, está en torno al 23%, y es el epicentro del agujero negro que está arrastrando al país entero.

Colocar las cédulas

Este índice de morosidad hipotecaria, aunque es otra cosa, tiene efectos parecidos a los que provoca la prima de riesgo de la deuda que emite el Estado español. Si la morosidad hipotecaria sube, las cédulas de los bancos pierden atractivo para los inversores, generalmente extranjeros. Para “colocarla” el chute debe ser fuerte, con mejores intereses. Pero si los inversores han estado hablando en el café de la mañana sobre que a los españoles se les va a permitir no pagar, o dar el piso a cambio (algo que no vale nada en términos de liquidez o ‘cash’), al volver a sus despachos desconfiarán de la solvencia de esas cédulas, les entrará la incertidumbre, y pasarán de comprar al BBVA, o al Santander, o a quien sea ‘made in Spain’. Según la estadística de la Asociación Hipotecaria Española AHE, los bancos tienen 426.000 millones de euros circulando gracias a estas cédulas. De enero a septiembre se emitieron cédulas por un importe total de 90.650 millones de euros, más del doble que en 2011. ¿Esto es mucho o poco? El rescate europeo tiene un primer tramo de 40.000 millones.

Para los bancos una ley anti-desahucios efectiva, y no cosmética como la que se ha hecho, tendría un triple efecto negativo: un primer efecto es el citado de sospecha de insolvencia ante los inversores extranjeros, al margen de cuál fuera posteriormente el índice de impago, un segundo efecto, más real en sus ingresos, es verse ante una explosión impredecible de gente que, amparándose en la nueva ley, decide aliviar su situación, ahora al límite, y no hacer tantos esfuerzos para pagar al banco. Y un tercer problema, aún mayor y consecuencia de los anteriores, es tener problemas de acceso de financiación principal con el Banco Central Europeo, el gran balón de oxígeno.

¿Y qué si cierra un Banco?

En un sistema capitalista de mercado sería perfectamente asumible que cualquier negocio con problemas de gestión acabase en la ruina y, si es atractivo, que lo compre otro, por lo que debería ser así con los bancos. Eso le ha pasado a miles de empresas españolas que han cerrado durante estos años de crisis. La administración pública, que como elemento corrector ahí está, puede intervenir para sostener un negocio si se considera que el problema es coyuntural, que no afecta a su viabilidad futura. Tan es así que Estados Unidos ha visto como el Poder Ejecutivo intervenía, a lo socialista, para salvar de la quiebra precisamente de uno de los baluartes mundiales del capitalismo, la empresa General Motors.

El Ministerio de Economía y Competitividad de Luis de Guindos y la Oficina Económica de Presidencia de Álvaro Nadal tienen como prioridad número 1 el salvamento del sistema financiero español, cueste lo que cueste. Tanto es así que han superado todas las líneas rojas que se habían asumido como tradicionales dentro del sector, han ignorado al Banco de España contratando carísimas auditoras externas y han forzado dimisiones de “vacas sagradas”, léase Rodrigo Rato. Esta prioridad número 1 se basa sobre la premisa de que un rescate bancario sin limitaciones ni paños calientes, con el apoyo de la Comisión Europea, podría evitar que España entre en el escenario apocalíptico de un rescate total de su economía, al ser expulsado del mercado internacional de financiación.

Evitar este escenario, cuyas consecuencias no sólo serían negativas para el Gobierno de Mariano Rajoy o el PP, sino también impredecibles para el conjunto de la Unión Europea y la moneda común, han sepultado a la política española como elemento transformador. Todo el proceso legislativo que llevó al PP y UPyD a votar en el Congreso una normativa inocua fue parte de una escenografía política que pretendía responder a la indignación social resultante de los casos de personas que se suicidaban poco antes de perder su casa. Ninguna de esas personas cumpliría los estrictos requisitos que prevé la norma para impedir la ejecución de la sentencia judicial de abandono forzoso de la vivienda.

Lo mismo ha ocurrido con la no revalorización de las pensiones, cuya adecuación con el IPC de noviembre formaba parte de la normativa a expensas de su cifra concreta. La marcha atrás en esta medida, que hubiera supuesto un coste extraordinario para la administración central en un momento en el que se recorta donde sea, no suponía incumplir una promesa electoral  esculpida en la portada ocasional de un periódico, sino algo más allá: revertir una decisión ya tomada por el Consejo de Ministros y refrendada en el Parlamento con el voto del PP. Pero se hizo. Palabras mayores, que pasaron a papel mojado.

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