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Joaquín Ortega

Periodista. Participé en el arranque de varios medios digitales informativos y estuve en el mundo de la comunicación y la política, pasando por dos ministerios. También colaboro en la revista GQ.


Escrito el 12 de septiembre de 2013 a las 8:33 | Clasificado en Economía

Los ciudadanos están un poco más indefensos “gracias” a un nuevo macro-supervisor empresarial con un lazo en el Gobierno y otro en las empresas.

Consejo de Ministros de la vuelta de vacaciones.
Consejo de Ministros de la vuelta de vacaciones.

El Gobierno, con la coartada de ahorrar dinero, ha creado un nuevo organismo regulador para las empresas, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Y ha situado en su estructura fundamental, presidente y vicepresidenta, a personas afines al ejecutivo, por un lado, y cercanas a las propias empresas a regular, por otro. Un “ganamos todos” político-empresarial en el que pierden los ciudadanos, quienes conforme avanza la crisis, y se recortan servicios públicos, van quedando cada vez más desprotegidos.

Una de las asignaturas pendientes de España, que no se resolvió en la transición, es la desvinculación del mundo empresarial y el político. O al menos caminar en esa dirección, puesto que conseguir esa armonía en sus términos absolutos es, quizá, un imposible naíf. Se ha escrito mucho sobre cómo Madrid, como sede de la Corte Real antaño y ahora de las instituciones democráticas, ha sido el escenario en el que la gran empresa española resolvía sus problemas con el poder político sin transparencia, bajo cuerda y sin pensar precisamente en el consumidor.

Clases extractivas

Tan es así que hasta los columnistas críticos que, ocasionalmente, se quejan en la prensa económica sobre este estado de cosas, también forman parte de ese mismo entramado de cosas. Una estructura que, como ha sido profusamente citada, se ha denominado “de clases extractivas”, cuya principal característica es absorber o exprimir la riqueza de otros ámbitos (ciudadanos, empresas competidoras, etc.)  sin generar riqueza, inversión o prosperidad como contrapartida a esa extracción.

Para permitir que esta separación ocurra es necesario crear los instrumentos, y uno de ellos, fundamental, es la proliferación de organismos de competencia económica y de supervisión de la actividad empresarial. Organismos que deben ser independientes de la actividad que supervisan e independientes del poder político que, ocasionalmente, querrá caer en la tentación de intervenir.

Los granjeros impulsan la regulación

Que el capitalismo necesita de instrumentos que lo regule es una obviedad, y los primeros ejemplos de organismos reguladores dan fe de ello. Uno de ellos lo encontramos en EEUU, en 1870. Los inmigrantes europeos estaban colonizando el nuevo mundo y, en los territorios del oeste, donde apenas había civilización occidental, los instrumentos del Estado eran escasos y los granjeros que conseguían establecerse, lo hacían no sin ciertos tintes de heroísmo, valentía o temeridad.

En esos años, el ferrocarril era un instrumento de transporte esencial, por no decir el único relevante en el caso de mercancías, y como las empresas de transporte ejercían un monopolio de precios, la subida de éstos cabreó a los colonos granjeros. Esta abusiva subida de tarifas perjudicaba en exceso su forma de vida, por lo que se organizaron en uno de los primeros “sindicatos” del país. Hasta tal punto que sus protestas llevaron a las autoridades de distintos estados (Illinois, Wisconsin, Iowa y Minnesota) a crear legislación al respecto, lo que desembocó en la creación de un organismo regulador que limitara estos abusos por parte de las empresas de ferrocarril. Quizá uno de los primeros reguladores empresariales de la historia económica.

Leyes anti-monopolio y de defensa del consumidor

Por fortuna para el progreso futuro del país, esta tendencia hacia la regulación en defensa de la competencia prosperó, creando en 1890 la primera ley anti-monopolio, de EEUU, que sirvió para desmontar conglomerados empresariales y a la que siguió legislación igualmente comprometida con los derechos de los consumidores. En cualquier otro país hubiera sido difícil pensar que el enorme poder financiero de un gigante como la petrolera Standard Oil, propiedad de John D. Rockefeller, no pudiera aflojar “lo que fuera necesario” para poder salir airoso de cualquier intento de mangoneo político. Pero en EEUU ocurrió. Un juez, gracias a la legislación que existía al respecto, ordenó fragmentar la empresa en otras 34 independientes. Un teórico de la conspiración hubiera pronosticado que eso era imposible.

Al margen de lo mucho que se ha publicado sobre si la última reforma y restructuración de nuestro supervisor regulatorio es correcto o no, al final, lo esencial es quién decide las actuaciones, las personas, en definitiva, sus directivos. Qué independencia disfrutan, tanto del poder económico como del poder político, a la hora de tomar decisiones. Vistos los nombramientos, el panorama pinta mal.

Un ex de CEPSA

El presidente del nuevo macro-regulador, que deberá velar por la competencia y el buen funcionamiento de todos los sectores económicos, es José María Marín Quemada. Su currículum, desde la óptica de la independencia, es desalentador. Durante años fue director de relaciones institucionales de la petrolera CEPSA, un cargo que lejos de ser técnico, se reserva para los profesionales que hacen lobby a favor de los intereses de la empresa ante legisladores y autoridades de competencia. El sector petrolífero ha sido blanco de numerosos expedientes por violación de leyes de competencia. Surge la duda de qué impulso tendrán esas actuaciones en el futuro por parte del nuevo presidente.

Pero, si su pasado en CEPSA no es suficiente para el desaliento, Marín Quemada pasó en 2005 a ser consejero del Banco de España, nombrado por Jaime Caruana, Gobernador de entonces. Caruana, hombre de Rato, fue repescado por éste tras ser elegido director del Fondo Monetario Internacional. Tal y como señalaron las crónicas en su momento, Marín Quemada sonó como posible Gobernador del Banco a propuesta del PP.  

Una ex directora “técnica”

Seamos bienpensados y, tal y como ha publicado la prensa económica, asumamos que el presidente de la nueva CNMC tiene un perfil independiente, aunque no haya datos que justifiquen semejante afirmación. Miremos al escalón inmediatamente inferior, a la vicepresidencia. Según explicó Soraya Sáenz de Santamaría en rueda de prensa, el Gobierno ha nombrado a María Fernández Pérez, quien hasta la fecha era Directora Técnica de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.

La palabra “directora técnica” nos da pie a pensar que su perfil es, efectivamente técnico, pero nada más lejos de la realidad. Tal y como se puede comprobar en el organigrama de la Presidencia del Gobierno, la directora técnica de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos es una directora general, cargo de confianza, que depende del Director de la Oficina Económica del Presidente, Álvaro Nadal, también secretario de Economía del Partido Popular.

La Comisión Delegada de Asuntos Económicos es uno de los órganos políticos más poderosos del gobierno, una suerte de “mini-consejo de Ministros” de índole económica, que se celebra los jueves, donde los titulares de las carteras económicas deciden el grueso de la normativa con impacto económico antes del Consejo de Ministros del día siguiente. En pocas ocasiones el segundo frena o revisa el viernes lo decidido por el primero el jueves.

Tanto por la presidencia como por la vicepresidencia, parece que el Gobierno ha conseguido definir un escenario regulador en el que todos ganan, empresas y Gobierno. Todos, menos los ciudadanos.

Los votantes dicen...
  1. […] Marín Quemada, ahora nuevo presidente del super-regulador CNMC y que ya tuvo su protagonismo en estas mismas páginas, Jaime Requijo González, recientemente nombrado consejero de NCG por el FROB, ex consejero del […]

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