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El problema de no pagar


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Joaquín Ortega

Periodista. Participé en el arranque de varios medios digitales informativos y estuve en el mundo de la comunicación y la política, pasando por dos ministerios. También colaboro en la revista GQ.


Escrito el 6 de agosto de 2014 a las 0:31 | Clasificado en Economía

La formación Podemos propone no pagar la deuda que considera “ilegítima” tras auditar su origen, punto polémico objetivo de crítica también por el PSOE

Pablo Iglesias, durante un mitin en 2014 (Wikipedia)
Pablo Iglesias, durante un mitin en 2014 (Wikipedia)

El nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, afirma, sin citarla, que la formación de Pablo Iglesias vende una falsa esperanza a los ciudadanos con relación al impago de la deuda pública y, con ese dinero, evitar recortes y recuperar servicios públicos. Esa medida perjudicaría, según Sánchez, a la gente que gana 600 euros al mes. Poco o nada a los que más tienen.

Cuantificar en 600 euros al damnificado standard de un default (“tecnicality british” de impago) español no deja de ser una estimación arbitraria, fundamentada en trasladar el mensaje de que si España no paga las deudas, los prestamistas dejarían de prestar dinero, lo que supondría su expulsión del mercado y nuestra incapacidad de financiar servicios públicos y prestaciones básicas. 

Esta situación crítica, efectivamente, sería muy perjudicial para los ciudadanos que menos tienen, y más dependientes de lo público. Y poco afectaría a los más ricos, que pueden recurrir a lo privado. De ahí el origen del afectado que gana 600 euros citado por Sanchez. Aunque podrían ser 800, o incluso 1.000 euros. La cifra está cogida un poco a ojo.

Propuesta de la izquierda

La propuesta de Podemos no es original suya. Es común desde hace años en partidos de izquierda. No obstante, ante el fulgurante ascenso del proyecto político encabezado por Pablo Iglesias, la “medida estrella”, por ser una de las que más repiten en su discurso, ha comenzado a ser objeto de debate real sobre si es viable o no, y qué consecuencias podría tener para la economía de un país. 

El ejemplo de los impagos de Ecuador e Islandia, esgrimidos para defender que la propuesta es viable, son muy particulares. En el caso sudamericano el país pudo seguir financiándose a través del BID, la CAF y China, además del aumento del precio del petróleo. 

En el caso Islandés, una economía poco comparable a la española, se trató del hundimiento a gran escala de los principales bancos del país, cuyo tamaño era de tal calibre que el Estado fue incapaz de rescatarlos. En varias fases, reconstituyó el sistema financiero y la estabilidad política pero antes de salir del túnel el país tuvo que pasar por un programa de ayuda del FMI y una quiebra institucional de grandes proporciones, cuyas consecuencias serían imprevisibles en caso de establecer similitudes en un escenario español.

Tarea política y técnica

Tal y como explicaba en octubre del año pasado una de las economistas hoy de referencia de Podemos, Bibiana Medialdea, la propuesta de Auditoria de la Deuda y posterior impago de la considerada como “ilegítima” no es fácil de detallar. Y de sus declaraciones de entonces se desprende que cada caso es diferente y que para llevarla a cabo básicamente hay que estar en el Gobierno y ver qué se puede hacer. “Identificar deuda ilegítima entraña primero una tarea política, de decidir democráticamente qué deuda es ilegítima, y posteriormente una tarea técnica, que permita cuantificarla con el máximo rigor posible”, explicaba Medialdea entonces.

Los defensores del impago de la “deuda ilegítima”, o “deuda odiosa”, consideran ésta la emitida por gobernantes de manera unilateral y con consecuencias perjudiciales para los ciudadanos, y contraída con instituciones conscientes de esta situación de indefensión ciudadana. 

Los ejemplos más claros de este tipo de deuda son los relativos a monarquías absolutas, dictaduras o gobiernos autoritarios que, de forma irresponsable, y para lucro personal de los tiranos en algunos casos, dejan miles de millones pendientes de pagar. O situaciones dramáticas, como el caso de Alemania tras la Guerra Mundial, o incluso Irak. 

En esta línea, y ya en el caso español, es el rescate bancario destinado a sostener las extintas cajas de ahorros, y también parte de deuda privada hipotecaria, la que formaría parte de esta clasificación defendida por las fuerzas de izquierda. Sin embargo, tal y como sugería la propia Medialdea, desde el punto de vista técnico la tarea es difícil. Y más, por no decir prácticamente imposible, identificar qué parte de la deuda corresponde a qué. 

Deuda sin identificación

Las emisiones del Tesoro Público, que pueden comprar desde los Bancos españoles a los ciudadanos a través de fondos, bancos de inversión o directamente en su web, no son nominativas. Es decir, no se emiten para tal persona o institución tantos miles de millones de deuda pública para financiar la sanidad. Ni otros tantos para la educación. Ni otros tantos para pagar intereses pasados. Se emiten, se recaudan, y a partir de ahí el Gobierno decide cómo distribuir su gasto.

De este modo, el criterio de a quién se le pagarían con normalidad los compromisos contraídos y a quién se le “reestructurarían” (eufemismo de impago) son en cierto modo parciales, y responderían fundamentalmente a criterios políticos y no “técnicos”, lo cual, por otra parte, no es un buen inicio de cara a llevar a cabo este proceso con normalidad y sin provocar el pánico e inseguridad jurídica. Y tiene cierto sentido pensar que los principales destinatarios de este impago serían los grandes bancos, léase BBVA o Santander.

El pánico

Precisamente eso, el pánico y sus consecuencias posteriores a la simple mención de esta medida por un gobierno europeo en la unión monetaria, es lo que más se critica por parte de multitud de sectores y expertos en economía

Es más, algunos estudios apuntan que, en contra de lo que se piensa, el problema no es tan negativo para el sector público, que suele plantear una reestructuración y acuerdos con los acreedores, sino más letal para el sector privado y el comercio, que se ve arrastrado por el ‘default’ estatal. 

Esa palabra maldita, ‘default’, es precisamente la que todos tratan de evitar, aunque, a la postre, se haga lo que se haga tenga las mismas consecuencias. Hoy, Argentina, en su pleito con los acreedores que no aceptaron la reestructuración de su crisis de impago, trata por todos los medios que nadie declare al país en esa situación, aunque desde algunas firmas de análisis de Nueva York ya lo definen así

Que paguen los bancos

Sin duda, la propuesta de auditar la deuda pública española y dejar de pagar la que se considere no legítima es una de las propuestas más polémicas de Podemos. Aunque hay ejemplos de países que lo han hecho, las consecuencias, en términos generales, plantean escenarios de alto riesgo que, en numerosos casos, terminan mal. 

En el ámbito de las matizaciones, algunas voces consideran que esta medida está planteada básicamente para recuperar, aunque sea parte, el dinero invertido en el sistema financiero español quebrado, y ahora en manos de las grandes entidades que no necesitaron financiación pero que, como en el caso de la compra de Catalunya Caixa por parte del BBVA, se estarían beneficiando de ella. O como en caso de Bankia, que será vendida a precio de “saldo” una vez nacionalizada y saneada. Sea como sea, debería de explicarse bien, para evitar el pánico de una España en impago. 

Los votantes dicen...
  1. […] El problema de no pagar […]

  2. Estupor dice:

    Ni Ecuador ni Islandia dejaron de pagar su deuda pública, ¿de dónde sacan esa desinformación?

  3. […] En Europa, la austeridad se ha convertido en la única religión monoteísta. ¿De dónde sacar el dinero? ¿Veremos esa polémica auditoría de la deuda para no pagar la que se califique como “ilegítima”? […]

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