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Reguladores reguleros


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Joaquín Ortega

Periodista. Participé en el arranque de varios medios digitales informativos y estuve en el mundo de la comunicación y la política, pasando por dos ministerios. También colaboro en la revista GQ.


Escrito el 14 de febrero de 2013 a las 12:50 | Clasificado en Economía

Liberar la política de la pesada carga de las cuotas reforzaría los controles que pueden impedir los excesos de nuestro sistema económico.

Logos de los organismos reguladores.
Logos de los organismos reguladores.

El término desregulación suele ir vinculado a la eliminación de un exceso de normas o de leyes que dificultan la libertad de empresa, algo que por tanto dificulta la actividad económica y por tanto pone freno a la prosperidad. Sin embargo, las leyes son la única barrera que puede impedir los excesos de un sistema económico como el nuestro, al igual que sólo las leyes pueden rectificar, o tratar de rectificar, las imperfecciones de los sistemas democráticos. Es clave aceptar el hecho evidente de que no existe nada perfecto, y que la previsión de fallos y la respuesta ante los mismos es un ejercicio necesario. El liberalismo, por tanto, es sólo un concepto que en la práctica no es aplicable, y quienes lo defienden políticamente seguramente lo hagan como excusa para enarbolar una bandera frente a otra. Como símbolo de un dualismo de los buenos  frente a los malos. Como un juego político de trincheras que se enfrentan, parte de un relato pero sin mayor profundidad política.

El país que representa en el mundo la quintaesencia del liberalismo, los EEUU, han vivido en los últimos años una experiencia de intervención estatal, nacionalización, y caución pública que ríase cualquier país socialista de los ochenta. Y esa forma de actuar ha sido revalidada en las urnas por los ciudadanos hace muy poco. Porque la clave de ese país no ha sido tanto el éxito de una política imposible de libertad absoluta de un determinado ámbito del mercado, como el financiero. La clave está en sus instituciones que, con sus defectos, funcionan a la hora de detectar esos fallos y tratar de resolverlos, y en última instancia, poner remedios para que no se vuelvan a repetir. Y la transparencia, lejos de ser una palabra hueca que justifique una paralela opacidad, es un valor real y exigible. Evidentemente, el país no es perfecto, pero al menos creen en las instituciones y una vez creadas, funcionan de manera razonable.

La reforma difusa

En España, ahora un país en crisis, es muy habitual el latiguillo de exigir reformas. Es una frase habitual en las tertulias. Lleva implícito algo que todo el mundo cree necesario, el hacer cambios, pero no explica qué cambios. Si la frase la dice Joan Rosell, presidente de la CEOE, se presupone que lo que pide es un mercado laboral aún más desregularizado y una intervención del Estado cada vez menor en la economía. Si la frase la dice Cándido Méndez, se sobreentiende que se refiere a dar mayor cobertura al trabajador y mayor vigilancia para los bancos. Aunque todo esto es una presunción. Salvo en casos puntuales, la frase de que este país necesita reformas no suele llevar aparejado el definir concretamente de qué tipo y para qué, porque ya hemos llegado a un punto en el que el interlocutor es una presunción de lo anterior. Sin duda una derivación trasversal de aquello de “el medio es el mensaje” de Marshall Mcluhan.

Un amplio sector de la población podría pensar que el fin último es no cambiar nada y marear la perdiz. Es probable, ya que el armazón institucional que se edificó en torno a la nueva democracia que sustituyó al franquismo ha creado una nueva casta, o élite extractiva en palabras de Eric Wolf, que jamás hará nada que provoque su desaparición. El suicidio institucional es algo que nunca se ha visto. La ruptura, sí. Ese gran plano secuencia que se repite una y otra vez en los medios, por el que pasan actores de todo tipo de ámbitos pidiendo reformas pero sin aclarar dónde ni para qué, deja a la ciudadanía huérfana de cualquier debate, ajena al sistema político y susceptible, muy susceptible, a cualquier cosa nueva, imprevista y temeraria.

Cuotas en organismos vitales

A finales del año pasado conocimos cambios en el Consejo de Seguridad Nuclear, un organismo regulador de un sector energético clave. Entraban en la institución el ex secretario de Estado de Energía, Fernando Martí, y la diputada del PSOE, Cristina Narbona. El primero fue destituido de su cargo porque en el sector y en el propio Ministerio era patente su absoluto y total desinterés por trabajar. La segunda fue ‘premiada’ por Alfredo Pérez Rubalcaba pese al conocido desprecio de Narbona por ese tipo de generación de energía. Ambos perfiles eran, a priori, poco apropiados para formar parte de un organismo regulador clave para la seguridad de las instalaciones nucleares.  Salvo que el objetivo fuera dinamitar al sector desde dentro, que no parece.

Estos nombramientos no fueron parte del debate de la opinión pública, que ya suficiente tiene con conseguir un empleo. Sí lo fueron de algunas tribunas que, como siempre, atribuyen a la política ese mal endémico de intervención en las instituciones que deben ser independientes, y que deberían estar en manos de los afamados técnicos. Es un error. La política, y la elección de representantes que trabajen por y para el ciudadano, no es el problema. Y que la política esté presente en las instituciones que deben actuar como reguladores de la actividad empresarial es absolutamente imprescindible. Su ausencia dejaría el campo libre a un ejército de lobistas corporativos para los que influir en los técnicos, de un modo u otro, a la larga, sería pan comido.

El nombramiento de Narbona y el de Martí fueron producto de las cuotas, no de la política en sí. En el primer caso, Rubalcaba daba finiquito a una turbulenta relación que hizo que la ex ministra pasara de ser la redactora de su Ponencia Marco como candidato del PSOE en 2011 a apoyar a Carme Chacón en el congreso de Sevilla meses después. En el segundo, para dar una salida honorable a alguien que había ejercido un cargo muy sensible y relevante dentro de la administración pública, tras haber estado antes en otro regulador, la CNE. Es esa necesidad de mantener las respectivas cuotas que mantienen el equilibrio de un poder político lo que debe ser reformado, y eliminado, de aquellos ámbitos institucionales donde no son bienvenidos, que hoy por hoy son casi todos los que ejercen un pulso de poder.

Los organismos reguladores son un ejemplo de este exceso. Los partidos políticos minoritarios, como PNV o CiU, han obtenido tradicionalmente nombramientos en dichos organismos a cambio de su apoyo parlamentario. Ellos también eran gestores de cuotas internas para las que un puesto en estas instituciones, de salarios altos, coche oficial, etc. son una bicoca muy resolutiva. De estos polvos estos lodos, porque la ausencia de una regulación efectiva y ajena a los intereses corporativos, a veces paralelos a los políticos, son los que facilitan los abusos.

Fallos devastadores

Los fallos del regulador pueden ser imperceptibles, anónimos o devastadores. Entre los primeros se encuentran esas normas que sale más rentable infringir y pagar la multa, que respetar. A nadie le importa. Entre los segundos se encuentra el caso de las gasolinas, la ausencia  efectiva de competencia y las inexplicables fluctuaciones al alza de los precios pese a la brutal caída del consumo por la falta de actividad económica. Nadie parece responsable. Entre los terceros está la gran estafa que se ha generado en el sector bancario, con la ausencia del Banco de España como ente supervisor. Una estafa gigante de tales proporciones que pocos podrían enumerar la cantidad de ex presidentes de cajas o miembros de consejo de administración implicados. Implicados y debidamente indemnizados. Una estafa que es la principal causa de la crisis actual.

Pero, ¿cómo se reforman estos organismos reguladores? En realidad cualquier intento será baldío porque la aproximación, de cara a la galería, es la de reforzar su independencia de la política. Incluso en el caso de que sea realmente así, no es esa la solución, puesto que su dependencia política es lo que les protege, o debería, de la intervención empresarial, que se ejerce a todos los niveles y sin tapujos. Es más, cuando se descubre en acción, como en el caso de los presuntos pagos al ex tesorero Luis Bárcenas, el sector empresarial presuntamente corruptor sale de rositas, como si una simple negación ‘off the record’ fuera suficiente para ponerse de perfil en el asunto mientras son los políticos los que protagonizan el pim-pam-pum de todas las televisiones.

Una reforma efectiva de los organismos supervisores, al igual que de todos aquellos que son fruto de la representación parlamentaria, sólo será efectiva si se elimina de los partidos políticos la necesidad de mantener cuotas de poder interno. Es decir que la reforma efectiva viene desde el inicio, con una simple modificación de la Ley de Partidos Políticos. La exigencia de que sus estructuras sean democráticas, renovadas cada, por ejemplo, dos años, y con la participación censal de todo aquel que se identifique como simpatizante. Las cúpulas que surjan de este nombramiento directo y democrático estarán libres de pactos internos o de la necesidad de establecer compromisos con diversas ramas o cuotas de votos cautivos. Podrán desarrollar sus proyectos de transformación sin más ataduras que la vinculación otorgada por mayorías anónimas, a las que no se podrá prometer un puestazo en una comisión o en una empresa pública.

Un pequeño paso para una ley

Esta simple reforma, de apenas varias líneas en una ley, daría la vuelta al país entero. Conforme pasaran los años, el antiguo método de selección se iría sustituyendo por uno más libre, sin garantías de mayor eficiencia, cierto, pero al menos no formará parte de una política cautiva de devolución de favores. Volviendo a EEUU, los cinco comisarios de la SEC (Securities Exchange commission), los nombra el presidente. Es un nombramiento político. La SEC es una todopoderosa agencia que vigila el correcto funcionamiento de los mercados bursátiles, de que nadie haga trampas o juegue con información privilegiada y se forre. Nadie duda de su independencia.

Las dos o tres líneas que desarrollen el funcionamiento democrático de los partidos, tal y como manda la constitución, serían, parafraseando al astronauta Neil Amstrong, un pequeño paso para una ley, pero un gran paso para la política.

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