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Telefónica llama desde Moncloa


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Joaquín Ortega

Periodista. Participé en el arranque de varios medios digitales informativos y estuve en el mundo de la comunicación y la política, pasando por dos ministerios. También colaboro en la revista GQ.


Escrito el 13 de marzo de 2014 a las 9:53 | Clasificado en Economía

La compañía, que cuenta en sus filas con el marido de la vicepresidenta, opta al ‘megacontrato’ estatal de telecomunicaciones impulsado en Presidencia.

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. (Moncloa)
La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. (Moncloa)

Que los políticos no sólo deben tener un comportamiento ejemplar sino parecer que lo tienen es una expresión manida y recurrente, pero, pese al desgaste por el uso, no deja de ser menos cierta. Si el comportamiento ejemplar brilla por su ausencia, se corre el riesgo de ser procesado por un juez. Pero si el comportamiento tampoco tiene la apariencia de ejemplar, se corre el riesgo de ser víctima de rumores. Quizá muchos de ellos injustos, pero previsibles, ante la lógica que se deriva de la permanente sospecha. Y si a eso le sumamos la falta de transparencia en las decisiones, pues aún peor.

Al hablar de puertas giratorias y de cómo algunos políticos acaban en empresas privadas, suelen pagar justos por pecadores. La exigencia de la ley de incompatibilidad de altos cargos hace que muchos ex miembros del Gobierno, de bajo nivel jerárquico y de nula proyección pública, tengan que guardar una cuarentena de 2 años quizá excesiva. Pero, paradójicamente, los políticos de mayor proyección política se saltan la cuarentena gracias a puertas traseras o interpretaciones laxas de la ley.

Por recordar dos ejemplos relativamente cercanos en el tiempo: la ex vicepresidenta del Gobierno, Elena Salgado, al no poder fichar por Endesa en España directamente, ficha por su filial chilena. En el PP, el reciente caso en Enagás ya comentado aquí, permitió la incorporación de cinco políticos populares y un ex alto cargo reciente de Rajoy.

Marido en Telefónica

El marido de la vicepresidenta del Gobierno trabaja en Telefónica. Y no tiene un puesto menor. Trabaja en el departamento legal de la compañía y al parecer tiene trato cordial con la cúpula, algo que visto sus lazos, tiene su lógica. Nada que objetar. Cualquiera diría que el posible conflicto de intereses entre la vicepresidenta y su marido sería tal si en su negociado tuviera competencias en materia de telefonía o telecomunicaciones. Pero el caso es que las tiene, y muy directamente. O tiene previsto tenerlas.

Una de las medidas estrella que lleva directamente su ministerio es la reforma de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA).  El objetivo es “simplificación, racionalización, y análisis de qué administración lo puede hacer mejor, de manera más simple”. Entre las medidas están, según la propia vicepresidencia, centralizar la gestión de los servicios de limpieza o las telecomunicaciones, por poner ejemplos cuya equivalencia no parecen comparables.

Por tanto, tenemos encima de la mesa que un solo organismo centralice la adjudicación de un mega-contrato para que una sola empresa ofrezca los servicios de telecomunicaciones de toda la administración central con un solo operador o prestador de servicio. A día de hoy, una sola empresa ya acumula el 83%  (unos 310 millones de euros) de estos servicios,  tal y como se puede comprobar en el informe REINA 2013. Y esa empresa es Telefónica.

El gigante, con todas las papeletas

Vista la inmensa cartera de servicios que se le va a exigir al contratista, los requisitos y condiciones, pocos dudan en el sector de que la gran operadora nacional será la única capaz de competir a ese nivel  y cumplir el contrato, pasando, de la noche a la mañana, al 100% de todo el lote. En este contexto, se suma el desarme de regulación al que se le está sometiendo a la antigua CMT (ahora fusionado todo el regulador en el CNMC) encargada de vigilar la libre competencia en el sector. Dicho “desarme” está siendo motivo de conflicto entre la Comisión Europea y el Gobierno. 

La Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado señala, como objeto de la ley, “que  hay conflicto de intereses cuando los altos cargos intervienen en las decisiones relacionadas con asuntos en los que confluyen a la vez intereses de su puesto público e intereses privados propios, de familiares directos, o intereses compartidos con terceras personas”. ¿Son familiar directo la persona que va a decidir todo esto, la vicepresidenta, y un miembro del servicio jurídico que, supuestamente, tendrá que pelear sus opciones para este megacontrato, es decir, su marido?  Las apariencias… ¿engañan?

Los votantes dicen...
  1. Información Bitacoras.com

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