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Diez preguntas sobre la enigmática Comisión Sinde


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David G. Ortiz

Periodista 'geek'. Cofundador de HojaDeRouter.com. Escribo sobre tecnología en TecnoXplora (Antena3.com). Antes pasé por lainformacion.com y los micrófonos de la Cadena SER. Firme defensor de que dormir está sobrevalorado.


Escrito el 2 de diciembre de 2012 a las 13:11 | Clasificado en Tecnología

Lleva funcionando desde marzo, pero ha vuelto a acaparar ‘trending topics’ a cuenta del borrador supuestamente filtrado de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual y, este mismo viernes, del conocimiento de sus misteriosos miembros por parte del abogado David Bravo.

Teresa Lizaranzu, presidenta de la Comisión de la Propiedad Intelectual (Fuente: Ministerio de Cultura)
Teresa Lizaranzu, presidenta de la Comisión de la Propiedad Intelectual (Fuente: Ministerio de Cultura)

¿Cómo funciona la Comisión?

La Comisión de la Propiedad Intelectual, bautizada Comisión Sinde o Sinde-Wert por la retranca de las tres uves dobles, nació al calor de la llamada Ley Sinde. Su funcionamiento está recogido en el Real Decreto 1889/2011 y se articula en dos secciones, que son algo así como el ‘poli bueno’ y el ‘poli malo’ de la peli. La sección primera se ocupa de la mediación y el arbitraje – de negociar, como los ‘polis buenos’- mientras que la segunda se encarga de perseguir con mano dura las violaciones de la propiedad intelectual.

La Comisión no tiene potestad para actuar de oficio, así que todo proceso arranca con una denuncia, generalmente de las entidades gestoras de los derechos de autor (SGAE, EGEDA, CEDRO…). Si se admite a trámite, el órgano avisa a los propietarios de la web que supuestamente ha cometido la infracción (puede solicitar la autorización del juez para que la empresa proveedora de internet ayude a identificarlos) y comienza una cuenta atrás de 48 horas durante las cuales puede retirar voluntariamente el contenido o presentar alegaciones.

Si lo retira, se acabó (o casi). Se archiva el procedimiento y la web puede seguir en funcionamiento, asegurándose, eso sí, de que el material con copyright que ha sido objeto de denuncia no vuelva a asomar la patita, algo impracticable para la gran mayoría por el gran volumen de archivos que manejan. Si, por el contrario, los dueños de la página se decantan por presentar alegaciones, se abre una fase de deliberación. La Comisión recaba las pruebas que estime necesarias y presenta al juez una resolución. Si éste lo autoriza, el infractor tendrá 72 horas para cerrar el chiringuito.

¿Tiene el acusado opción de defenderse?

Poca… por no decir ninguna. “Se trata de un proceso totalmente inquisitivo, propio de regímenes dictatoriales”, afirma la abogada Aurora García Pérez. La Comisión actúa a modo de “juez absoluto”: instruye, juzga y sanciona. Ellos se lo guisan y ellos se lo comen. El denunciado no participa en la investigación ni tiene derecho a impugnar las pruebas o presentar las suyas. Aún en el caso de requerirse su autorización, el Juzgado solo tiene en cuenta lo que diga la Comisión. No es un procedimiento imparcial y, como explica García Pérez, “el derecho de defensa queda totalmente cercenado”.

¿Puede ser inconstitucional?

Es posible, ya que se vulnera el principio de inocencia y el derecho del acusado a una defensa justa, que debe respetarse en todo proceso sancionador. Además, el procedimiento de la sección segunda carece de las garantías necesarias para aplicar medidas cautelares como el cierre de una página web.

Además, algunas actuaciones de la ‘Comisión Sinde’ podrían vulnerar la libertad de expresión, protegida constitucionalmente, pero esto se ha determinar caso por caso ponderando el prejuicio causado a dicho derecho fundamental con el que sufre la propiedad intelectual del denunciante.

¿Hay prevaricación?

Algunos de los abogados más conocidos del ámbito de las TIC, como David Bravo, consideran que la ‘Comisión Sinde’ puede incurrir con algunas de sus resoluciones en un delito de prevaricación, recogido en el artículo 404 del Código Penal. Esto se produce cuando, a sabiendas, una autoridad o funcionario público toma una decisión que es contraria a las leyes. ¿Y esto se está produciendo? No se puede afirmar de forma categórica. Es cierto que hay sentencias firmes de diversos tribunales que dan la razón a los propietarios de páginas de enlaces frente a las demandas de la industria cultural. Y también es cierto que en el procedimiento de la sección segunda hay un fuerte componente de arbitrariedad. Pero puede no ser suficiente.

Si la Comisión resolviera en sentido contrario a la jurisprudencia, aquel que decidiera interponer la demanda por prevaricación tendría que probar sin atisbo de duda que existe una identidad total entre su caso y los que se juzgaron con resultado favorable a las webs de descargas.

¿Quiénes son sus miembros?

Esa es la pregunta del millón. Se conoce a su presidenta, María Teresa Lizaranzu, directora general de Política e Industrias Culturales y del Libro. También se sabe, porque así lo dice el reglamento, que hay vocales de cinco ministerios: Educación, Cultura, Industria, Presidencia y Economía. Pero, después de meses actuando, sus nombres siguen siendo una gran incógnita.

Y no debería ser así, porque todo nombramiento de personal adscrito a una administración pública debe aparecer en el Boletín Oficial correspondiente. “Si no lo hacen están actuando de forma opaca e ilegal”, afirma García Pérez.

¿Y cuál es el problema?

Hay varios, pero el más importante es que, sin conocer los nombres, es imposible presentar una recusación contra un miembro de la Sección Segunda en caso de que albergue intereses particulares o se demuestre su relación con la industria editorial, discográfica o cinematográfica.

¿Se pueden revelar sus nombres?

El abogado David Bravo afirma tener en su poder la lista de nombres que componen la misteriosa sección segunda de la ‘Comisión Sinde’. Lo anunció el pasado viernes a través de Twitter

Según sus palabras podrían tomarse contra él acciones civiles y penales por vulnerar la ley de Protección de Datos. Esta norma impide publicar la identidad de personas cuyos datos no figuren en registros de acceso público, como por ejemplo un Boletín Oficial.

Sin embargo, ahora que dice conocerlos, Bravo sí podría recusar a cualquiera de los miembros de la Sección Segunda si tiene indicios de que están vinculados con el ‘lobby’ del copyright.

¿Quién es Teresa Lizaranzu?

Es la presidenta de la sección segunda y la encargada de firmar todas las propuestas de resolución que salen de la ‘Comisión Sinde’, al menos hasta el momento. Es, por tanto, el único rostro visible de este órgano administrativo. Su carrera se ha desarrollado fundamentalmente en el terreno diplomático. De acuerdo con su biografía en la web del Ministerio de Cultura, ha ocupado puestos de responsabilidad en los consulados y embajadas de Jerusalén, Helsinki y Berlín y ha sido subdirectora general para Oriente Próximo y para el Magreb.

¿Y cómo ha acabado siendo la responsable de Política e Industrias Culturales? Los críticos dicen que por ser del ‘clan de los sorayos’, políticos del Partido Popular que rondan los cuarenta años y son cercanos a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaria. Su jefe, el Secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle, también está considerado uno de ellos. Y otro exponente importante es su marido, Álvaro Nadal, responsable de la Oficina Económica de La Moncloa. Curiosamente él aparece en los cables de Wikileaks como uno de los encargados de informar a Estados Unidos de los progresos de España contra la ‘piratería’.

¿Está funcionando la Ley Sinde?

La propia Lizaranzu ha reconocido en varias ocasiones que las cosas de la Comisión, como las de Palacio, van despacio. Y en la industria cultural no parecen estar muy contentos, así que se puede concluir sin grandes recelos que la Ley Sinde no está teniendo los efectos esperados o al menos no tan rápido como a sus principales promotores hubieran querido.

Miguel Ángel Benzal, director general de EGEDA, afirmó recientemente que con la normativa antidescargas “seguimos igual o peor”. Pedro de Andrés Romero, presidente de CEDRO, se ha expresado de forma similar, atribuyendo los escasos resultados cosechados por la ‘Comisión Sinde’ a su falta de medios humanos y materiales.

¿Qué casos ha tratado ya la Comisión?

La primera web denunciada fue ‘bajui.com’, por enlazar a un recopilatorio de canciones de Luz Casal alojado en ‘uploaded.to’. Después vinieron otros, como los de ‘vooxi.com’, ‘foroxd.com’, ‘gratisjuegos.org’, ‘seriespepito.com’, ‘pordescargadirecta.com’, ‘eliteteamdd.com’, ‘tucinecom.com’ y algunos más sonados como el de ‘cinetube.es’, que desactivó sus secciones de descarga directa, o la popular ‘vagos.es’, que echó el cierre de forma voluntaria y volvió a nacer como ‘zasca.com’.

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