Son varios los medios que se hacen eco de esta situación, pero también colectivos como Kriptópolis o Ethic, incluso referentes en la red como Enrique Dans. Ninguno le da un visto bueno a la reforma que quiere acometer el Gobierno. Evidentemente es algo que afecta directamente al sector privado. Pero puede afectar también a iniciativas políticas que se están llevando a cabo mediante esta técnica.

El crowdfunding en España se ha utilizado para casi todo: desde el lanzamiento de un nuevo partido como el Partido Socialista Tecnológico, proyecto presentado en Lánzanos, a conseguir fondos para poder alcanzar los objetivos de una plataforma en los tribunales, como ocurrió con 15Mparato. O uno de los ejemplos más recientes, la financiación del vídeo de promoción de las primarias del PSC en Barcelona.

Incluso han surgido plataformas especializadas como Nambelee en temas sociales y políticos.

Ejemplos fuera de España también encontramos, como la campaña llevada a cabo en Ulule por Patrick Menucci, líder de los socialistas de Marsella, para poder alquilar el palacio de congresos para un gran acto de campaña, la ayuda que Sarkozy pidió a sus militantes después que el tribunal de cuentas francés invalidara sus cuentas de las elecciones del 2012 y les privara de una subvención de 10 millones de euros o los 600 millones de dólares que consiguió Obama en su campaña del 2008.

Desde esta perspectiva ya hay voces que reclaman poder aplicar esta técnica de financiación a los partidos políticos, abogando por una total transparencia que eliminaría toda susceptibilidad sobre la opacidad financiera de las formaciones políticas. A pesar de que parece que los usos del micromecenazgo en temas políticos pueden orientarse a conseguir más transparencia en la financiación política, la legislación avanza orientada a la recaudación impositiva y no tiene en cuenta los beneficios que el crowdfunding podría aportar.

Aunque hay algunos que ya consideran que determinados partidos políticos ya realizan un constante crowdfunding en su financiación

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Publicado por Carlos Guadián

Diplomado en gestión y administración pública y licenciado en Ciencias Políticas. Editor desde 2003 de K-Government. Coordino oGov, plataforma dedicada al Open Government. Actualmente parte del equipo de Autoritas Consulting.

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