Los políticos españoles no se sienten cómodos cuando salen de sus sedes, parlamentos y ayuntamientos. La interminable lista de corruptelas, los retrasos a la hora de pagar proveedores, las facilidades para el despido que incluye la reforma laboral y la subida de impuestos son, entre otros muchos, los resortes que han soliviantado a gran parte de la población.

Así se lo reconocieron varios miembros del PP a Carmen del Riego, cronista política de La Vanguardia: “Donde antes te paraban para que te hicieras una foto con ellos, ahora no sólo no te paran sino que te insultan“.

Para evitar ese malestar, muchos dirigentes optaron por no pisar la calle y trasladarse desde hasta sus lugares de trabajo en coche oficial y entrando directamente por los garajes. Nada de contacto con la gente.

Pero la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha decidido ampliar esa presión a los políticos hasta sus propios domicilios. Lo llaman escrache y se trata de una iniciativa originaria de Argentina con la que se busca poner el foco informativo en una serie de reclamaciones, en este caso Iniciativa Legislativa Popular contra los desahucios.

Sin embargo, en algunas ocasiones, a los promotores se les ha ido la mano cayendo en la intimidación y el acoso público. Es el caso de Buenos Aires donde hubo de construirse un “corralito” alrededor del anexo del Congreso para evitar los ataques contra legisladores.

La línea roja es tan delgada que el escrache lleva varios días enciendo las redes sociales en España, especialmente Twitter.

Ante un Gobierno con mayoría absoluta, recluido en su propio búnker y con más de un mes legislando sin dar explicación alguna, partidarios del escrache como E.C.-simpatizante de la PAH en Madrid- consideran que éste está legitimado. “¿De qué otra manera podemos intentar hacer entender la necesidad de frenar las políticas hipotecarias que ya ha reprobado la UE? “, asegura. Desde la PAH no creen que estén incurriendo en ningún delito y mantienen activo su calendario de protestas.

Al otro lado están los protagonistas pasivos del escrache. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ya ha denunciado los hechos señalando que esta “presión” para conseguir un voto determinado “no es, en absoluto, lo que marca el ideal democrático de nuestro país“. A su juicio, los premios o castigos que quieran dar los ciudadanos, han de producirse en las urnas.

A falta de punto intermedio, la experiencia acumulada en Argentina ha servido para determinar unos límites. El abogado constitucionalista, Gregorio Badeni, distingue dos vías en el escrache: la oral y la de los hechos. Así mientras se limite a corear consignas, no hay delito alguno dado que prevalece la libertad de expresión. Sin embargo si, por ejemplo, la multitud impide entrar y/o salir a un político de su vivienda, se incurre en un delito de privación ilegítima de la libertad.

Pero la delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, pretende ampliar los supuestos delictivos habiendo acusado directamente a la portavoz de la PAH, Ada Colau, de haber apoyado a Bildu, a Sortu y a otros grupos “filoetarras” y de emprender una “estrategia política radical” a partir del movimiento antidesahucios.

Al parecer el escrache, en ‘Spain’, también ‘is different’.

Publicado por Asier Martiarena

Soy periodista y escribo en La Vanguardia y Yahoo! después de haberme encargado de la sección de política del diario Metro y de echar a andar en La Voz de Galicia.

Únete a la conversación

4 comentarios

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.