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Al servicio de… ¿sus señorías?


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Asier Martiarena

Soy periodista y escribo en La Vanguardia y Yahoo! después de haberme encargado de la sección de política del diario Metro y de echar a andar en La Voz de Galicia.


Escrito el 31 de julio de 2013 a las 9:34 | Clasificado en Justicia, Nacional

Parece como si los dos grandes partidos hubieran pactado la forma de actuar del Tribunal para evitar que la desafección de la sociedad con los políticos sea irreparable.

Fachada del Tribunal Supremo. (Fuente: Poderjudicial.es)
Fachada del Tribunal Supremo. (Fuente: Poderjudicial.es)

Los últimos acontecimientos han fomentado la pérdida de la esperanza en tener una Justicia imparcial porque la ve más politizada que nunca. La culpa la tiene, en parte, el Tribunal Supremo que, en una semana, ha encadenado varias decisiones polémicas. Matas, Barcina y Blanco son los únicos beneficiarios de lo que algunos ven como la pérdida de independencia de una institución que últimamente emite fallos difíciles de comprender. Especialmente en temas de corrupción.

La independencia del Poder Judicial, que se presupone a todos y cada uno de los jueces y tribunales en cuanto ejercen la función jurisdiccional, se configura en el artículo 117.1 de la CE. Implica que, en el ejercicio de esta función, están sujetos única y exclusivamente al imperio de la ley y al Derecho, sin que quepan injerencias de ningún otro poder público. Esa independencia debe ser respetada por “todos” (art. 13 de la LOPJ). Casi parece como si los dos grandes partidos hubieran pactado esta forma de actuar del Tribunal para evitar que la desafección de la sociedad con los políticos sea irreparable. En concreto, fuentes cercanas al PSOE insinúan que el propio Gallardón ha tradado con Rubalcaba la revisión de algunos de estos casos de políticos.

Así esta semana el Tribunal Supremo ha rebajado la pena de prisión para el expresidente balear Jaume Matas. Había sido condenado a seis años de cárcel, pero se ha visto reducida a nueve meses de prisión. El Supremo confirma su delito de corrupción en el caso Palma Arena y mantiene el delito de tráfico de influencias, pero se eliminan los delitos de malversación y prevaricación.

Otro caso polémico es el de Yolanda Barcina. La Sala Penal del Supremo ha archivado , por inexistencia de delito, la exposición razonada elevada por la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona, María Paz Benito, que apreció indicios de un supuesto cohecho impropio debido a la percepción de dietas de Caja Navarra por parte de la presidenta del Gobierno de Navarra. Pero cabe pensar que si Barcina devolvió los 68.000 euros de las dietas es porque no se sentía muy conforme con su actuación.

Algo similar ha ocurrido con José Blanco. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de la defensa del exministro de Fomento y ha acordado archivar las actuaciones que se tramitaban contra él por un delito de tráfico de influencias en el ‘caso Campeón’. El fiscal acusaba a Blanco de haber influido en el alcalde del Ayuntamiento de Sant Boi, gobernado por el PSC, para que agilizase la licencia de construcción de una nave de la empresa de transportes Azkar, de la que es vicepresidente José Antonio Orozco, íntimo de Blanco. Para evitar el banquillo, a Blanco sólo le quedaba una salida: presentar un recurso. Y la jugada le ha salido bien.

Los más críticos con estas decisiones han sido Izquierda Unida y UPyD. Gaspar Llamazares y Rosa Díez consideran que nada de lo que está ocurriendo es casual. “El Supremo se ha convertido en un poder en sí mismo, nunca en democracia había habido tal ocupación del Poder Judicial por parte de un partido y ya ni siquiera se mantiene la estética”, ha señalado el riojano.

El abogado de UPyD Diego Paños ha ido un paso más allá asegurando que el auto del Tribunal Supremo que ha archivado la causa de las dietas de Caja Navarra es “jurídicamente absurdo” y, en lo que respecta al cohecho de los cargos públicos, “pone a la sociedad a los pies de los caballos”.

Algo parecido opina Rodrigo Tena Arregui, Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. “Ni que decir tiene que el problema es todavía mayor cuando, en el caso de España, el sistema judicial está ampliamente contaminado por el sistema político. Los partidos -en régimen de oligopolio- son quienes nombran a todos y cada uno de los 20 miembros del poder judicial; y éstos son, precisamente, quienes promueven a sus candidatos para que formen parte de las salas del Tribunal Supremo que, curiosamente, son quienes van a juzgar las actuaciones de los propios partidos políticos que están en el origen del sistema de elección”. En resumen, acaban siendo juez y parte.

Entre el desprestigio de la clase política y el desprestigio judicial van de la mano en la visión de muchos ciudadanos. Y de seguir así, ninguno de los ámbitos se va a salvar.

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