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El 25S con la ley en la mano


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Ignacio Risueño

Valenciano, licenciado en Derecho, tras aprobar las oposiciones ahora mismo soy juez en prácticas a la espera de destino.


Escrito el 3 de noviembre de 2012 a las 12:24 | Clasificado en Justicia

El auto de Pedraz fue muy criticado por la clase política por hacer referencias, en él, a “la convenida decadencia” de los políticos. Las personas han de poder manifestar su posición ante la realidad social que le rodea.

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El auto de 4 de octubre de 2012 del Juzgado Central de Instrucción número 1 ha traído cola. Es el auto por el que el juez Santiago Pedraz archivó las actuaciones iniciadas ya el 14 de agosto alrededor del movimiento ocupa el Congreso. Para Pedraz, los hechos investigados “no son constitutivos de delito” no sólo porque los comportamientos llevados a cabo no se encuentran tipificados en nuestro Código Penal, sino porque de estarlo, atentarían al derecho fundamental de libertad de expresión.

Esta decisión generó una amplia polémica entre la clase política, ya que Pedraz argumentó que no cabe en nuestro orden constitucional “prohibir la expresión de opiniones subjetivas sobre acontecimientos históricos o de actualidad, máxime ante la convenida decadencia de la denominada clase política”.

Nuestro Código Penal protege la Constitución en su título XXI a través de diferentes figuras delictivas, interesando en este caso los regulados en los artículos 492 y siguientes, esto es, los delitos contra las instituciones del Estado y la división de poderes.

Interesa para comprender los hechos del 25 de septiembre de 2012 tres concretas figuras:

  • El artículo 493, exigiendo este tipo la invasión de las sedes legislativas sin alzamiento público -diferenciándose por lo tanto del delito de rebelión- estando estas reunidas.
  • El artículo 494, castiga a los que promuevan, presidan o dirijan, manifestaciones u otra clase de reuniones si las sedes están reunidas y se perturba su normal funcionamiento.
  • El artículo 495, castiga a los que portando armas intenten penetrar en las sedes legislativas para presentar peticiones en las mismas. Imponiéndose una pena superior para los promotores de esta actividad.

En el mencionado auto, Pedraz realiza un análisis de estas tres figuras delictivas estudiando si en los hechos investigados concurrieron los requisitos exigidos en nuestra legislación penal. En resumen, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 entiende que el Congreso de los Diputados no fue efectivamente invadido, su normal funcionamiento no se vio alterado -así lo prueba el diario de sesiones-, y en última instancia, aunque es cierto que se ocuparon objetos peligrosos, no es menos cierto que no se intentó penetrar en la Cámara Baja -esa no era la finalidad de la convocatoria, y por lo tanto no se puede responsabilizar a los convocantes por las acciones individuales de otros-. Por todo ello se decretó el archivo de las actuaciones.

Más que una decisión jurídica

Sin embargo, el calado de este auto -y de las actuaciones que en el se analizan- dista mucho de ser únicamente una cuestión jurídica. En primer término, es necesario dejar meridianamente claro que no se puede hablar de inconstitucionalidad de estos preceptos penales por cuanto pudieran coartar el derecho de reunión y de libertad de expresión, y ello porque no vale cualquier forma para interferir en el proceso de formación de la voluntad común, concretamente, no son aceptables en el marco del Estado democrático las formas que pretendan violentar el normal funcionamiento de los órganos que representan la soberanía popular. En definitiva, ningún derecho fundamental puede servir para interferir en la formación de la voluntad del pueblo soberano.

La importancia de este auto no es principalmente jurídico. Es importante para recordar y no perder de vista que los derechos fundamentales sirven para proteger bienes y valores que la propia Constitución considera esenciales para el proyecto de Estado que en ella se define. La relevancia de la libertad de expresión y del derecho de reunión no se encuentra en sí mismos sino en su finalidad, que no es otra que la sociedad manifieste publica y libremente su posición ante determinados hechos de la realidad.

No se trata de discutir ahora sobre las bondades de los sistemas de participación directa frente a los de representación, aunque se encuentre íntimamente ligado con el asunto que se trata. Se trata de recordar y de tener presente que si bien se debe respetar el normal funcionamiento del órgano legislativo, no es menos cierto que forma parte de la dignidad de la persona manifestar su posición ante la realidad social que se le presenta y exigir a sus representantes la actuación en determinado sentido y es precisamente ese comportamiento -ejercido de forma civica- lo que contribuye a generar orden político y paz social.

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