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Garzón, el juez arbitrario


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Ignacio Risueño

Valenciano, licenciado en Derecho, tras aprobar las oposiciones ahora mismo soy juez en prácticas a la espera de destino.


Escrito el 27 de octubre de 2012 a las 13:05 | Clasificado en Justicia, Sociedad

Baltasar Garzón ha vuelto a la palestra como defensor de Julian Assange. Hace medio año fue condenado por el Supremo. ¿Había motivos judiciales como para inhabilitarle?

Baltasar Garzón
Baltasar Garzón
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Baltasar Garzón fue condenado por el Tribunal Supremo el 9 de febrero de 2012 como autor de un delito de prevaricación, recogido en el artículo 446.3 del Código Penal, en lo que judicialmente se conoce como concurso aparente de normas, recogido por el artículo 8.3, por un delito contra las garantías constitucionales, recogido en el artículo 536. La condena respondió al auto del 19 de febrero de 2009 y sus posteriores prórrogas en los que se “ordenaba la observación de las comunicaciones personales que mantengan los internos con los letrados que se encuentren personados en la causa u otros que mantengan entrevistas con ellos… previniendo el derecho de defensa” y que fueron dictados en el marco de las diligencias previas 275/08 como parte de la instrucción del ‘caso Gürtel’.

El por aquel entonces magistrado juez del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional entendió que los acusados Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez (en aquel momento todos ellos en prisión provisional) se estaban valiendo de sus letrados como enlace con la supuesta organización criminal a la que ellos pertenecían para continuar con su actividad delictiva. El instructor tomó como base legal para ordenar dichas escuchas el artículo 51.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria.

¿Hizo bien Garzón? ¿Se le inhabilitó de forma correcta? Para entender la condena a Baltasar Garzón es necesario una aproximación a la normativa legal aplicada y que se puede dividir en tres bloques: la constitucional, la penintenciaria y la penal.

Punto de vista constitucional

En materia constitucional, la cuestión recala en realizar un juicio de ponderación entre el derecho fundamental a la defensa con el interés legítimo del Estado en la persecución de los delitos. El artículo 24.2 de la Constitución española establece al respecto lo siguiente:

Todos tienen derecho (…) a la defensa y a la asistencia de letrado, (…) a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia”

No debe perderse de vista el hecho de que los procesados se hallaban en situación de prisión provisional, sin que en ningún caso ello pueda suponer un elemento delimitador de este derecho de defensa ya que, entre otras cosas, el artículo 14 establece la igualdad de todos los españoles con independencia de, entre otros motivos, “cualquier otra circunstancia personal o social”. Es decir, estar en la cárcel no merma la validez de estos derechos.

Como determina el propio artículo 24, el derecho a no declarar o a guardar silencio se configura como un principio fundamental del proceso penal junto con el de no declarar en su contra o no confesarse culpable. Puede interpretarse por tanto que no existe una forma de violación más directa de este derecho que la escucha de las conversaciones que mantenga un procesado con el letrado encargado de su defensa. Esta violación de derechos es la forma sutil e ilegal de obtener información, algo que otros regímenes u otras épocas ya dejadas atrás. Y es que, tal y como estableció el Alto Tribunal en su sentencia al respecto, “la justicia obtenida a cualquier precio termina no siendo justicia”.

En estos casos, la prohibición de valorar o de tener en cuenta la información ilícitamente obtenida no deja de ser un brindis al sol, ya que desde el punto de vista del derecho, la lesión ya ha sido cometida y el derecho ya ha sido violado. Precisamente a ello se refería la cláusula de los autos “previniendo el derecho de defensa”, lo que demuestra que para el propio instructor esta posibilidad no le era ajena.  Desde un punto de vista práctico, nada impide a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Ministerio Fiscal y, si se apura, al propio juez instructor, continuar con los hilos o líneas de investigación que hayan podido obtenerse a través de este medio.

La mera posibilidad de que la sospecha del juez instructor de que la relación letrado-defendido está siendo utilizada para continuar delinquiendo pueda bastar para intervenir las comunicaciones entre estos desnaturalizaría el derecho de defensa. Y ello precisamente porque el elemento esencial de la defensa es la confianza entre el abogado y su defendido. Ningún acusado proporcionará a su letrado datos relativos a los hechos enjuiciados si sospecha que esta siendo escuchado por la propia policía.

Y es llegado este punto donde no se puede perder de vista que en los autos dictados por Garzón no se ordenaba la escucha de los provisionalmente presos con sus letrados, sino con cualquiera que mantuviera entrevistas con ellos. Es precisamente esta cláusula la que impide de manera directa y absoluta dejar a salvo el derecho fundamental a la defensa y a un proceso con todas las garantías. A este respecto debe recordarse que al momento de dictar las prórrogas del auto de febrero los provisionalmente presos ya habían cambiado sus letrados por otros nuevos sobre los que no recaía sospecha alguna.

Punto de vista penitenciario

De todo lo hasta ahora expuesto no puede concluirse que en caso alguno pueda procederse a la escucha de las conversaciones de los internos con sus letrados. De hecho el artículo 25.2 de la Constitución dispone que el condenado a penas de prisión gozará de los derechos fundamentales de este capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el fallo, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. El antes citado artículo 51.2 de la LOGP establece que “las comunicaciones de los internos con el abogado defensor o con el abogado expresamente llamado en relación con asuntos penales y con los procuradores que lo representen se celebrarán en departamentos apropiados y no podrán ser suspendidas o intervenidas salvo por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo”.

La cuestión fundamental gira en torno a si los requisitos de la autorización judicial y que se trate de supuestos de terrorismo es acumulativa o alternativa, es decir, que sea una u otra, o ambas. Esta cuestión ha sido ampliamente tratada en la jurisprudencia del Supremo. Unicamente una sentencia, la 73/1983 del Alto Tribunal, entendió que los requisitos eran alternativos y lo hizo en un ‘obiter dictum’ (a mayor abundamiento), lo que no constituye jurisprudencia.

En oposición, las sentencias  183/1994, 200/1997 y 58/1998 del Constitucional y las sentencias 245/1995 y 538/1997 del Supremo han entendido que las dos condiciones que contiene el artículo 51.2 no pueden interpretarse como exigencias alternativas, sino que son acumulativas, y ello en primer término porque al tratarse de una facultad restrictiva de un derecho fundamental su interpretación nunca puede ser amplia sino que tiene que limitar ese derecho fundamental en la menor medida posible.

En segundo término, si cualquier intromisión en las comunicaciones requiere autorización judicial, no hay motivo para que en este caso sea algo excepcional. Más aún, dada la especial situación de los privados de libertad aunque sea de forma provisional, la intimidad en las comunicaciones cobra una especial importancia que refuerza estos requisitos. Especialmente cuando tratan sobre estrategias de defensa.

En último lugar habría que tener en cuenta un criterio de interpretación gramatical, esto es, según el sentido propio de las palabras, que apuntan claramente a que las condiciones establecidas por la ley para posibilitar las escuchas son acumulativas. Así pues, la regla general sería el secreto de las comunicaciones, salvo excepcionalmente en casos de terrorismo, y siempre con autorización judicial, donde podrían intervenirse las comunicaciones de los presos son sus abogados. Todo ello sin perjuicio de que deban existir los correspondientes indicios de actividad delictiva y demás juicios de proporcionalidad y necesidad.

Punto de vista penal

En lo que hace referencia a la legislación penal aplicable, debe estudiarse de un lado la imputación de dos delitos y cómo resolver este problema, además de que se den los hechos necesarios para que se aplique la ley. A Garzón se le imputaba la comisión de dos delitos. Por un lado un delito de prevaricación por haber dictado a sabiendas una sentencia o resolución injusta, y por otro lado un delito cometido por funcionario público contra las garantías constitucionales porque, mediando causa por delito, interceptó las comunicaciones violando las garantías constitucionales.

Por lo tanto, se plantea un concurso de normas que se resuelve a través de la norma del artículo 8.3 del Código Penal, es decir, el precepto penal más amplio absorbe los que castigan infracciones consumidas en él. O lo que es lo mismo, el delito de prevaricación, que es un delito de resultado de lesión del bien jurídico material y no de resultado material, se consuma a través de la resolución dictada, con independencia que la ejecución de ésta pueda consumar otros delitos. De hecho, el propio artículo 446 prevé pena mayor para el caso de ejecución de la resolución. En este caso concreto, la ejecución de la resolución no añade nuevas causas, y por ello únicamente se castiga la prevaricación.

Para que se aprecie el delito de prevaricación sería necesario que concurrieran dos requisitos. El primero, de carácter objetivo, es decir, que la resolución dictada por el juez Garzón fuera injusta, no meramente un apartamiento en la interpretación de la ley. Dado que la ley en ocasiones acepta interpretaciones distintas debe haberse observado que la actuación careciera de toda posible explicación razonable admitida en derecho.

El segundo requisito, de carácter subjetivo, es decir, “a sabiendas”, según lo que dice el Códgio Penal. Esto implicaría que el juez que dicta la sentencia o resolución debe tener conciencia de que la misma es injusta. Este requisito por tanto no se comprendería si no se pone en relación con la cualidad del juez como técnico especializado en derecho al que se le presupone el conocimiento íntegro del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia a través de la que debe ser interpretado, concretamente el artículo 5.1 de la Ley Orgánica Poder Judicial, que determina que los jueces y tribunales aplicarán las leyes según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Constitucional.

La actuación de Garzón fue más allá de la ilicitud en la forma de obtener unas pruebas, ya que supone la anulación más absoluta del derecho de defensa del proceso penal español y los principios en los que se sustenta. No basta la alegación del acusado de que no había otro medio para impedir que se siguiera delinquiendo. Sí había otras opciones, como haber iniciado una línea de investigación respecto a aquellos letrados sobre los que recaían las sospechas. La verdad no puede alcanzarse a cualquier precio.

Por todo ello, la actuación de Baltasar Garzón fue arbitraria. Y lo fue no porque optara por una interpretación de la ley distinta a la seguida por la mayoría según la jurisprudencia, sino porque fue a todas luces injusta. Supuso que se diluyera la propia esencia del Estado de derecho al eliminar el derecho fundamental a la defensa provocando que los relojes del sistema penal español se atrasaran no menos de un siglo a momentos en los que para conseguir la verdad todo valía.

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