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La costa es de unos pocos


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Asier Martiarena

Soy periodista y escribo en La Vanguardia y Yahoo! después de haberme encargado de la sección de política del diario Metro y de echar a andar en La Voz de Galicia.


Escrito el 10 de abril de 2013 a las 8:46 | Clasificado en Medio Ambiente

Las últimas enmiendas y amnistías mantendrán en pie construcciones condenadas a desaparecer para no dar “mala imagen fuera de España”, ya que sus dueños son extranjeros.

El Hotel Algarrobico. (Fuente: Wikipedia)
El Hotel Algarrobico. (Fuente: Wikipedia)

Poco ha durado la protección de costas en España. Después de décadas solicitando una Ley que impidiera las construcciones de viviendas y complejos de ocio en primera línea de playa, las asociaciones ecologistas respiraron tranquilas cuando en 1989 se derogó la Ley anterior (de 1969). Sin embargo, todo podría volver a quedar en papel mojado ya que el PP quiere aplicar una enmienda que reduciría la zona de litoral protegido de 100 a 20 metros.

Esto daría al traste con 24 años de legislación que apenas han sido un pequeño respiro para los ecologistas porque, en la práctica, la Ley apenas se cumplió. Como muestra un simple dato. De 2000 a 2005 el suelo urbanizado en los dos primeros kilómetros de costa española aumentó un 21,85% según reflejan los estudios del el Instituto Geográfico Nacional.

La última prueba se vivió hace apenas dos meses cuando el Gobierno tiró de mayoría absoluta para aprobar una modificación legal que salva de la destrucción unas 10.000 viviendas de diez zonas y que da otros 75 años de moratoria a construcciones que estaban condenadas a desaparecer en 2018. Juan López de Uralde, líder de la formación ecologista Equo, califica lo sucedido de  amnistía a delincuentes medioambientales que da vía libre a la especulación y enladrillar lo que queda.

El cambio en Mallorca: 120 millones de inversión

Esta privatización del litoral, ya consentida en parte por el gobierno socialista anterior, no ha pasado desapercibida en Europa, cuya Comisión de Peticiones ha atendido centenares de quejas de particulares. Tantas que la Eurocámara ha dedicado uno de los cinco viajes que dedican anualmente a investigar este tipo de peticiones a la costa española. Durante 2005 y 2009, el hormigón devoró cada día unos 140.000 metros cuadrados de la primera línea.

La ejemplificación perfecta del embrollo legal y político derivado de los intereses de la Ley de Costas es el hotel Algarrobico. Todos los partidos con representación en el Parlamento andaluz se han puesto de acuerdo en que hay que derribar la estructura de cemento levantada en una playa del municipio almeriense de Carboneras. Sin embargo, la espera por nuevas interpretaciones de la Ley y las acusaciones han frenado en más de 10 ocasiones el derribo. Nadie se pone de acuerdo sobre quién debe pagar la factura de esta demolición.

Lo mismo ha ocurrido con núcleos urbanísticos que siguen en pie pese a haber sido una prioridad de derribo en años anteriores. El Gobierno ha explicado la amnistía por boca de su portavoz, Rafael Hernando, justificándose en que sería aún más grave la “mala imagen” de España que se crearía en el exterior si esas viviendas se derriban, ya que muchos de los “propietarios de las viviendas son extranjeros”, como es el caso de la marina de Empuriabrava (Girona), construida con canales privados artificiales para extranjeros en los años setenta. O de la Manga del Mar Menor o Benidorm.

Junto a esa mala imagen está el negocio. Con las arcas municipales y autonómicas vacías, cualquier posibilidad de ingreso es bien recibida. Como sucede en la playa virgen de Es Trenc, al sur de Mallorca. Allí el gobierno balear se ha saltado estudios de impacto e informes ecologistas para decretar el “interés autonómico” del proyecto de construcción de un complejo hotelero, gigante para el enclave, de 1.200 plazas, más un campo de golf y zonas polideportivas. Estará ubicado en un extremo de S’Arenal de Sa Ràpita-Es Trenc, una franja arenosa discontinua sin urbanizar. La razón: 120 millones de euros en inversión que hacen saltar por los aires los vetos proteccionistas que se aprobaron en la Cámara regional en tiempos de bonanza. En concreto, el tercero de los cuatro mandamientos de la Ley que “obliga a regular la utilización racional de estos bienes en términos acordes con su naturaleza, sus fines y con el respeto al paisaje, al medio ambiente y al patrimonio histórico”.

La costa española vuelve a hipotecarse para cuadrar las cuentas y, al ritmo de los últimos años, en 2071 no quedaría un metro libre en los dos primeros kilómetros de la costa mediterránea.

Los votantes dicen...
  1. […] desahucios, la Ley de Costas, el acceso a las Viviendas de Protección Oficial, las participaciones preferentes, la reforma […]

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