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Mucha, mucha Policía


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Alberto Sotillos

Padre. Sociólogo. CEO Social Media en Mr.President Consulting Group. Asesor de Comunicación en Redes Sociales y Estrategia de Presencia en Red para organizaciones, particulares y empresas. Columnista.


Escrito el 31 de marzo de 2014 a las 9:07 | Clasificado en Nacional, Sociedad

Lo de Sabina era por un pacto de caballeros pero la referencia nos viene al caso para analizar bien la actualidad de estas semanas en España.

Agentes de la Policía Nacional evitan el acceso al Congreso de manifestantes (fuente: A. Sotillos).
Agentes de la Policía Nacional evitan el acceso al Congreso de manifestantes (fuente: A. Sotillos).

Desde las cargas policiales realizadas el 22 de marzo, pasando por la actuación en las fronteras en Ceuta y Melilla (donde todavía quedan flecos de la intervención con balas de goma ante quienes se ahogaban) hasta llegar a las imágenes de los antidisturbios golpeando con dureza a periodistas que cubrían una concentración el 29 de marzo: las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están en el punto de mira social y mediático.

Dejando a un lado el problema fronterizo por tratarse de un tema con entidad propia  -a pesar de que siguen sin resolverse acusaciones tan significativas como las de haber disparado a personas que se estaban ahogando, lo que constituiría un tipo de homicidio-, resulta socialmente preocupante la creciente disconformidad con las actuaciones policiales en las últimas concentraciones y manifestaciones.

Pocos niegan que los antidisturbios tengan infitrados en las manifestaciones -las imágenes prueban que es un hecho- pero crece la sospecha de que participan activamente en las provocaciones que conllevan las cargas policiales contra los manifestantes. En algunos casos no se habla de sospecha, incluso se presentan pruebas de que sería así.

La confirmación de algo así debería poner en jaque a los responsables de los cuerpos policiales, más cuando las últimas cargas se han producido cuando las manifestaciones ni siquiera habían concluído, tal y como ocurrió el 22 de marzo. En ese momento los medios hablaron de la cantidad de policías heridos y de las armas que supuestamente llevaban los manifestantes. Mostraron incluso una supuesta muleta que se transformaba en “espada”.

Lo de la muleta era mentira. Tardamos una semana en conocer las heridas que la actuación de la Policía había producido en los manifestantes (pérdida de un ojo o incluso de un testículo) y los propios policías denunciaron el procedimiento de actuación que se siguió, que provocó que no pocos agentes se quedaran solos, algo que puso en serio riesgo a más de uno, especialmente quien recibió un golpe con un adoquín.

Se trataría por tanto de una mala actuación que provocó excesos policiales en forma de violencia contra manifestantes y que, además, puso en peligro a numerosos agentes, a pesar de que para el 22 de marzo se envió un refuerzo de 1.700 agentes ¿Cómo es posible que con un refuerzo así, más los normalmente desplegados, más los infiltrados no sea posible contener la violencia de los grupos que la propia policía dice “conocer y tener controlados”? Es evidente que hay responsabilidades policiales y políticas por tomas que todavía no han llegado.

Aquel 22 de marzo, en todo caso, se saldó mediáticamente con una sensación de culpa referida única y exclusivamente a los manifestantes violentos, haciendo una vez más que una manifestación pacífica acabase siendo portada de unos informativos por una violencia desproporcionada.

Lo contrario, en cambio, ha ocurrido con la concentración producida el 29 de marzo. Básicamente porque en esta ocasión -que también terminó de forma violenta- la policía agredió a numerosos periodistas mientras otros compañeros grababan lo sucedido. Las imagenes no dan lugar a dudas pero, a pesar de tal evidencia no ha habido una respuesta política por tales actuaciones, ni el anuncio de una investigación por lo sucedido.

Todas estas acciones tienen un grave trasfondo para un clima democrático ya de por sí en tensión. Toda convivencia necesita de un uso especialmente medido de la fuerza “estatal” y su actuación debe ser meticulosamente analizada, puesto que un abuso pone en riesgo el pacto social necesario para el desarrollo político normal.

En España no se está actuando con contundencia en esta dirección, provocando una preocupante sensación de desamparo e injusticia entre la ciudadanía que pone en peligro tanto a los agentos como a los ciudadanos aunque, evidentemente, no en igualdad de condiciones.

Este problema, que no es menor, necesita de una respuesta política urgente e integral, más cuando se presume que las protestas en las calles seguirán aumentando y la tensión social irá en aumento por el empeoramiento de la situación socioeconómica de la población española, demasiado pegada últimamente a cifras de pobreza que hacen estremecer.

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